La próxima suba de tarifas para algunos usuarios industriales de todo el país que determina la Resolución de la Secretaría de Energía 40/22 publicada el 31 de enero de 2022 es exclusivamente para pagar parte del costo de producir y transportar la energía. Esta normativa no influye en la distribución de energía ya que la parte de la tarifa que corresponde al distribuidor, denominado Valor Agregado de Distribución -VAD, se mantiene sin ninguna modificación.

Por su parte, el Precio Mayorista de la Energía que se aplica a usuarios residenciales y generales y que actualmente se encuentra congelado, será tratado en la próxima Audiencia Pública que convocó el ENRE para el 17 de febrero donde se abordaría la posibilidad de bajar los subsidios. Un ajuste en el VAD requiere una Revisión Tarifaria Integral (RTI), tal como está expresado en la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico N° 24.065.

Contexto de la distribución de energía

Mientras que la demanda de energía eléctrica mantiene un crecimiento sostenido en todas las categorías de usuarios, las distribuidoras afrontan los costos del servicio con ajustes menores a la inflación en todas las provincias. Entre estos costos, el de mayor impacto es el correspondiente a salarios, que tiene una incidencia del 60% sobre el total.

Las distribuidoras – de origen privado o público-, como así también las cooperativas de energía eléctrica son generadoras de empleo directo en cada una de sus jurisdicciones y a la vez, impulsan la actividad de economías regionales.

Por su parte, según datos de nuestras asociadas el 50% de la población paga facturas por el servicio eléctrico por debajo de los $1500,- mensuales, lo que equivale al 4,5% del salario mínimo vital y móvil. En familias cuyos ingresos son mayores, la injerencia de la factura de energía eléctrica es mucho menor.

Otro dato significativo respecto a la situación actual de las empresas de distribución de energía eléctrica, está dado por la incidencia de las tarifas eléctricas sobre las actividades comerciales e industriales. El impacto del valor de la energía sobre sus costos es cada vez menor (menos del 3% en la mayoría de los casos, con excepción de las actividades electrointensivas), producto del efecto inflacionario por un lado, y del retraso tarifario por otro. Por ejemplo, en las jurisdicciones de mayor consumo -CABA y Provincia de Buenos Aires- el ajuste de tarifas fue de un dígito en los últimos dos años.

En relación con estos temas, sugerimos consultar los informes publicados en la web de Adeera: “Informe anual de demanda”, “Tarifas e inflación” y “Competitividad y costo de la energía”.