El sector de energías renovables abrió una nueva etapa de debate en torno a la Ley de Transición Energética, una iniciativa que busca establecer incentivos para captar inversión internacional, ampliar la generación limpia y acelerar la expansión de la red de transmisión eléctrica. La propuesta, elaborada por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) junto con empresas y entidades técnicas, apunta a reducir costos del sistema y avanzar en la descarbonización de la economía.
Durante el Renewables & Electricity Day, representantes de CADER, Aluar y Tecnolatina analizaron los principales desafíos del sector. Entre los temas centrales se destacaron el proyecto de ley, la licitación de la línea de transporte AMBA I y las inversiones necesarias para ampliar la capacidad de transmisión en corredores estratégicos del país.
El proyecto de ley elaborado por CADER propone crear un marco regulatorio previsible que permita canalizar hacia Argentina capital internacional destinado a proyectos de transición energética. La iniciativa comenzó a articularse en 2023 con la participación de empresas privadas, universidades, entidades agropecuarias, la Unión Industrial Argentina y organismos técnicos, con el objetivo de construir una hoja de ruta que dé estabilidad a largo plazo.
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Marcelo Álvarez, presidente de CADER, sostuvo que las energías renovables pueden aportar beneficios ambientales y económicos. “Las renovables no solamente son más limpias, sino que son más baratas y generan más empleo”, afirmó durante el encuentro. Según un análisis de la entidad basado en un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una estrategia con mayor participación renovable podría generar hacia 2050 un ahorro sistémico de US$31.000 millones y una reducción de emisiones del 59% respecto de un escenario tendencial.
En contraste, un esquema basado de manera intensiva en gas natural generaría un ahorro de US$14.000 millones y una disminución de emisiones del 6%, según los mismos cálculos. Para Álvarez, la ley permitiría “bajar el precio local de la energía eléctrica, evitar impuestos de carbono en frontera, generar más empleo y atraer inversión neta con tasas más bajas y períodos de repago más largos”.
El desarrollo de nueva generación renovable depende de ampliar la red de transporte eléctrico. En ese escenario, la licitación de AMBA I aparece como un primer paso para evaluar el modelo que podría replicarse en otros corredores prioritarios. Rogelio Baratchart, presidente de Tecnolatina, estimó que la primera fase de AMBA I podría demandar entre 2,5 y 3 años, mientras que el programa completo de obras se extendería durante 60 meses.
Entre los próximos corredores identificados se encuentran el Corredor Sur, que conectaría Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca, y el Corredor Este‑Oeste, entre Diamante, Charlone y O’Higgins. La expansión de estas redes permitiría incorporar nuevos proyectos renovables y transportar energía desde regiones con elevado potencial hacia los principales centros de consumo.
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En paralelo, Aluar avanza con una ampliación significativa de su capacidad renovable. La compañía elevará de 246 MW a 582 MW la potencia instalada de su parque eólico cercano a Puerto Madryn, cuya expansión será inaugurada en octubre. También prevé poner en marcha durante los primeros meses de 2027 un parque solar de 30 MW en Buenos Aires, cuya energía aún debe definir si se comercializará en el mercado spot o mediante contratos.
Gabriel Vendrell, gerente de Recursos Energéticos de Aluar, explicó que la empresa está modificando su posición dentro del mercado. “Cambiamos el paradigma: de gran usuario de energía eléctrica estamos migrando a un player importante en el sector energético”, señaló. La ampliación del parque eólico permitirá liberar potencia de su central térmica de 676 MW, abriendo nuevas posibilidades de comercialización.
La combinación de nuevas inversiones privadas, generación renovable y expansión de las líneas de alta tensión aparece como uno de los ejes centrales de la agenda eléctrica argentina. El objetivo del sector es disponer de mayor capacidad para incorporar proyectos, atraer financiamiento y aprovechar los recursos renovables disponibles en distintas regiones del país.