Por Redacción Runrún Energético
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en coordinación con los gobiernos de Salta, Jujuy y Tucumán, ha iniciado una auditoría técnica integral sobre la transportista Transnoa S.A. tras los reiterados cortes de energía que afectaron a la región durante el último trimestre.
La investigación busca determinar si la recurrencia de las fallas responde a la falta de inversión en el mantenimiento preventivo de las líneas de 132 kV y estaciones transformadoras, o si el sistema ha superado su límite de carga operativa ante el crecimiento de la demanda estival.
En un escenario de alta fragilidad del Sistema Interconectado Nacional (SADI), la lupa regulatoria se posa sobre el cumplimiento de los planes de inversión obligatorios y la capacidad de respuesta de la compañía frente a contingencias climáticas.
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Desde una perspectiva de arquitectura sistémica, el problema del NOA expone el “cuello de botella” que representa el transporte regional en la periferia del sistema centralizado. La auditoría no solo evaluará el estado físico de los activos de Transnoa, sino que pondrá bajo análisis la gestión operativa de los despachos de carga y la coordinación con las distribuidoras provinciales (EDESA, EJESA y EDET).
Con penalidades potenciales que podrían afectar el flujo de caja de la concesionaria, el resultado de este peritaje técnico será determinante para definir el esquema de tarifas y subsidios en 2026, forzando a las transportistas a priorizar la estabilidad del servicio como condición sine qua non para la rentabilidad del negocio.
Visión de Runrún Energético
Desde Runrún observamos que la auditoría a Transnoa marca el fin de la etapa de “excusas climáticas” para las transportadoras. El sistema eléctrico argentino ya no resiste una gestión basada únicamente en la operación de activos obsoletos; requiere una visión pro-inversión que acompañe el desarrollo del Norte Grande. La presión política de tres gobernadores sobre el ENRE es una señal clara de que la calidad del servicio se ha vuelto un activo político no negociable.
Este caso será el testigo para el resto de las transportistas del país: el cumplimiento de los contratos de concesión y la transparencia técnica son la única garantía de supervivencia en un mercado que exige eficiencia y rendición de cuentas.