Caducó la Ley Guinle y se frena impulso renovable

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La Ley 27.191, conocida como Ley Guinle, dejó de estar vigente el 20 de agosto de 2026 y con ello se desarmó el marco de fomento para energías renovables en Argentina. Durante una década, la norma había movilizado más de USD 11.500 millones en inversiones y habilitado 193 proyectos operativos junto a cuarenta en construcción.

De acuerdo con el sector, la eliminación de beneficios fiscales y avales complica el acceso a crédito internacional y eleva los costos de instalación por megavatio. El nuevo escenario se da justo cuando el mercado global exige mayor volumen de energía limpia.

El Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), fideicomiso estatal que respaldaba los contratos del programa RenovAr, quedó sin funcionamiento. Esto implica la pérdida de garantías que aseguraban la llegada de capitales externos y la continuidad de proyectos en marcha.

Más allá de los incentivos, la generación limpia se multiplicó por diez durante la vigencia de la ley: pasó de cubrir el 1,9% de la demanda en 2015 a rozar el 18,9% en 2025, acercándose a la meta trazada originalmente. Sin embargo, la falta de capacidad en las líneas de transporte eléctrico se consolidó como una traba severa para expandir el sistema.

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El nuevo escenario deja a los emprendimientos de mediana y pequeña escala en situación vulnerable. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como alternativa para canalizar capitales de envergadura, pero exige montos mínimos inalcanzables para desarrollos locales, dejando fuera a las pymes.

La caducidad también implica la cancelación automática de franquicias tributarias decisivas para la etapa de construcción de los parques. Los desarrolladores ya no cuentan con amortización acelerada en Ganancias, exenciones aduaneras, devolución anticipada de IVA ni certificados fiscales transferibles.

En este contexto, el sector renovable enfrenta un doble desafío: sostener el crecimiento alcanzado en la última década y encontrar nuevas herramientas de financiamiento que permitan ampliar la capacidad instalada y modernizar las redes de transporte eléctrico.

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