Con los cuadros tarifarios vigentes, las distribuidoras tienen que pagar aproximadamente el 65% de la cuenta y el 35% restante le corresponde al Estado porque se tomó la decisión de seguir subsidiando el precio mayorista de la energía que pagan los hogares Nivel 2 (bajos ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios).

El costo de esa factura que debe afrontar el Estado son aproximadamente 230.000 millones de pesos mensuales sin IVA, pero en el invierno el costo monómico, lo que cuesta generar la electricidad que consumen los usuarios, va a trepar a unos 80.000 por MWh.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió este miércoles a regularizar los pagos con las generadoras eléctricas para sostener los subsidios a los hogares de ingresos medios y bajos, según revelaron a EconoJournal fuentes privadas al tanto de la negociación. Desde la óptica de los privados es un tema de vital importancia porque el virtual default del Estado en el pago de los costos de generación y transporte del sistema eléctrico provocó que se acumulara una deuda en favor de los generadores y productores de gas natural superior a los 2.200 millones de dólares, tal como publicó este medio el martes de esta semana.

Por eso, tanto el miércoles como ayer, desde el Palacio de Hacienda buscaron descomprimir la tensión con los principales jugadores del sector energético. Colaboradores del ministro Caputo incluso afirmaron que pagarán un saldo remanente del mes de diciembre de la transacción de Cammesa correspondiente a contratos PPA’s al dólar oficial y no a un dólar diferencial (más bajo) como dejaban entrever hasta hace algunas semanas. “El mensaje que enviaron desde el gobierno llevó tranquilidad a las empresas, se percibió mucha madurez por parte de Economía”, señaló un encumbrado directivo del sector que participó el miércoles de una reunión en Economía con funcionarios del área.

En el primer trimestre, el Ejecutivo prácticamente había interrumpido el pago de la transacción de Cammesa, lo que le permitió mostrar superávit primario, pero al mismo tiempo derivó en el quiebre de la cadena de pagos en el sector eléctrico.

Con los cuadros tarifarios vigentes, las distribuidoras tienen que pagar aproximadamente el 65% de la cuenta y el 35% restante le corresponde al Estado porque se tomó la decisión de seguir subsidiando el precio mayorista de la energía que pagan los hogares Nivel 2 (bajos ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios). Últimamente el Estado no paga su parte y muchas distribuidoras tampoco están pagando la suya.

La Secretaría de Energía publicó el lunes 5 de febrero la resolución 7/2024 con el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) vigente para el período febrero-abril. Para los hogares sin subsidio (Nivel 1) el PEST trepó a $44.401 por megawatt por hora (MWh), mientras que para los usuarios N2 lo mantuvo congelado en $2.981 por MWh y para el N3 en $ 3.756. La diferencia entre lo que pagan estos usuarios y los que no tienen subsidio es lo que sí o sí debe abonar el Estado.

Lo que tiene que desembolsar

El costo de esa factura son aproximadamente 230.000 millones de pesos mensuales sin IVA. Esa es la cifra que deberá desembolsar el Estado el próximo lunes 15 para cancelar la transacción económica de Cammesa que cubre los costos de generación y transporte de energía registrados en febrero.

No obstante, en el trimestre más crudo del invierno (junio, julio y agosto) el costo monómico, lo que cuesta generar la electricidad que consumen los usuarios, va a trepar a unos $ 80.000 por MWh. Por lo tanto, lo que tendrá que pagar el Estado en esos meses trepa a 350.000 millones de pesos mensuales sin IVA. Se espera que el Estado actualicé los precios de la energía que pagan los usuarios N2 y N3 mediante la implementación de la canasta energética anunciada por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para de ese modo reducir esa cifra.

Lo que queda pendiente de resolución es la deuda que acumuló el Estado durante estos meses, que suma unos 2200 millones de dólares. EconoJournal reveló el martes que el gobierno evalúa otorgarles un bono a las empresas, pero el tema todavía no está definido.

Fuente: EconoJournal