Un operario camina por las instalaciones de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en la central provincia de Cienfuegos. La mayoría de las termoeléctricas cubanas, casi todas construidas con tecnología del extinto campo socialista de Europa del Este y la Unión Soviética, sobrepasan los 30 a 35 años de vida útil, y la reparación capital de cada bloque implica un gasto de 40 a 80 millones de dólares, según directivos del sector.

Con una infraestructura envejecida y tensiones en la disponibilidad de combustibles, Cuba ve agudizada la crisis de su sistema de generación eléctrica, lo cual pudiera acelerar los planes para incrementar el aporte de las energías renovables.

En las últimas semanas se han generalizado los cortes del servicio en las 15 provincias de este país insular caribeño, con impacto y malestar adicionales para las familias.

La rotura de varias de las ocho termoeléctricas y la postergación de los mantenimientos en 18 de sus 20 bloques generadores causan los déficits de generación, indican autoridades.

A ello se suman averías en los sistemas de distribución -líneas, subestaciones, transformadores-, debido a la falta de piezas de repuesto.

Cuba produce la mitad del combustible que se quema en varias de sus termoeléctricas, pero otro porcentaje significativo depende de las compras en el extranjero.

Como parte de convenios bilaterales, la isla debería recibir alrededor de 53.000 barriles diarios de petróleo y derivados de Venezuela, pero el hundimiento en su propia crisis del país sudamericano hace que los envíos sean irregulares, reportan medios informativos, mientras el gobierno local no aporta cifras al respecto.

Se reporta asimismo un descenso en los volúmenes de gas acompañante del petróleo, utilizado para la generación de instalaciones en la costa norte occidental, un déficit que solo podrá superarse mediante la explotación de nuevos pozos del hidrocarburo, reconocen directivos del sector.

“Las reservas de operación del sistema eléctrico son bajas y en ocasiones han estado por debajo de lo que se requiere para cubrir la demanda de energía de los consumidores, por lo que se hace necesario e inevitable la afectación del servicio eléctrico”, señaló el 14 de septiembre durante una comparecencia televisiva el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte.

Para las familias cubanas la actual crisis trae reminiscencias sobre los prolongados cortes de electricidad de principios de la década de los 90, cuando tras el colapso de la entonces Unión Soviética, la isla perdió su principal suministrador de combustibles.

En septiembre de 2019 ocurrió otro trance energético cuando el gobierno del expresidente Donald Trump (2017-ene 2021) dispuso acciones especiales para impedir la llegada de tanqueros a la isla, como parte de medidas para reforzar el embargo económico y financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde 1962.

“El gobierno estadounidense se ha dedicado a amenazar y chantajear a las empresas que suministran combustibles a Cuba, y constituyen un salto cualitativo en el recrudecimiento y aplicación de medidas no convencionales en las que se dedican a su transporte internacional, sin contar para ello con autoridad jurídica o moral alguna», criticó el informe anual de 2020 sobre el bloqueo, como se llama internamente al embargo.

Las autoridades insisten en que las sanciones complican el acceso a créditos para adquirir piezas y otros insumos, lo cual dilata los necesarios ciclos de mantenimiento de las plantas térmicas.

“Las reservas de operación del sistema eléctrico son bajas y en ocasiones han estado por debajo de lo que se requiere para cubrir la demanda de energía de los consumidores, por lo que se hace necesario e inevitable la afectación del servicio eléctrico”: Liván Arronte.

Las menguadas arcas cubanas tampoco están en condiciones de asumir sobrecostos, dado el arrastre de tres décadas de crisis económica y el impacto de la pandemia de covid-19 que obligó a priorizar la compra de suministros médicos y alimentos.

La infraestructura electroenergética es considerada crítica y la todavía elevada dependencia del combustible externo constituye una vulnerabilidad y conspira contra la proyectada soberanía e independencia energética de la nación, advierten analistas.

Parque eólico ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en la oriental provincia de Holguín. Cuba se ha propuesto para 2030 reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles y elevar hasta 24 por ciento el uso de fuentes renovables en la generación de electricidad.

Cuba dispone de un potencial de más de 6500 MW/h instalado, pero la capacidad real de generación es de apenas la mitad, y cuando varias unidades se desconectan del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) resulta imposible satisfacer la máxima demanda de 3300 a 3500 MW/h.

El país posee ocho plantas térmicas con 20 bloques de generación y una capacidad total de unos 2600 MW/h, equivalentes a 40 por ciento de la electricidad que puede generarse en este país de 11,2 millones de habitantes.

Varias de ellas asimilan el muy pesado crudo cubano (de entre siete y 18 grados API), cuyo contenido de azufre de siete a ocho por ciento, aumenta la corrosión en las calderas y obliga a reducir los ciclos entre mantenimientos, de 50 a 70 días en el año.

Cuba tiene una producción de petróleo y gas acompañante equivalente a 3,5 millones de toneladas anuales (22 millones de barriles), de los cuales se obtienen 2,6 millones de toneladas (16,3 millones de barriles) de petróleo crudo y aproximadamente mil millones de metros cúbicos de gas natural, de acuerdo a datos de 2020 difundidos por medios oficiales.

Esa red de plantas constituye la columna vertebral de un sistema que se complementa en las 15 provincias con motores fuel y grupos electrógenos diesel, también golpeados por la falta de piezas y donde se emplean parte de los 150 a 200 millones de dólares mensuales que se compran en combustibles, según información oficial.

El resto de la generación eléctrica se completa con casi ocho por ciento a partir del gas acompañante del petróleo local, cinco por ciento de fuentes renovables y tres por ciento en unidades flotantes (patanas) que también requieren combustibles fósiles, en la bahía del Mariel, a 45 kilómetros al oeste de La Habana.

Con excepción de una, las termoeléctricas construidas en su mayoría con tecnología del extinto campo socialista de Europa del Este y la Unión Soviética, sobrepasan los 30 a 35 años de vida útil, y la reparación capital de cada bloque necesita de 40 a 80 millones de dólares, precisan directivos del sector.

Para paliar la actual crisis, el gobierno anunció, entre otras acciones, un programa inversionista dirigido a reactivar el potencial de generación que hoy no se utiliza y priorizar el programa de mantenimiento escalonado.

“Dentro de los proyectos de esta estrategia se destacan cuatro bloques de generación térmica de 200 MW/h cada uno, que utilizarán crudo nacional y … hoy hay 3500 MW/h gestionándose en diferentes etapas para implementar proyectos con fuentes renovables que se han visto afectados por la circunstancia actual”, sostuvo Arronte.

La empresa belga Servicios logísticos y transporte BDC-Log optimiza su funcionamiento mediante el empleo de paneles solares instalados en las cubiertas de sus naves en el sector A de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en la occidental provincia de Artemisa. La política para el desarrollo de las fuentes renovables en Cuba, aprobada en 2014, pretende incentivar la inversión extranjera, para grandes y pequeños proyectos, a fin de mejorar la eficiencia energética y el autoabastecimiento.

Desde 2014, el gobierno cubano aprobó la “Política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables de energía (FRE) y el uso eficiente de la energía hasta 2030”,  que tiene como objetivo reducir progresivamente el uso de los combustibles fósiles  y facilitar que 24 por ciento de la energía provenga de fuentes limpias en ese año.

Esa política aspira, además, a incentivar la inversión extranjera, tanto en grandes como en pequeños proyectos locales, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y el autoabastecimiento, con instalaciones conectadas en su mayoría al SEN.

Algunos estimados señalan que disponer de más de 2000 MW/h mediante nuevas capacidades de  las FRE dentro de nueve años requerirá un financiamiento de más de 3000 millones de dólares.

El decreto-ley No. 345 de 2019 sobre el desarrollo de las FRE contiene estímulos para promover el autoabastecimiento a partir de energías limpias, la venta de excedentes al SEN, así como beneficios arancelarios y fiscales para personas naturales y jurídicas que las utilicen.

La norma también propone instalar las más eficientes luminarias LED en el alumbrado público, la venta de calentadores solares de agua y equipos eficientes, mientras campañas de bien público insisten en el ahorro energético como una fuente de recursos en sí misma.

Cuba finalizó 2020 con una capacidad instalada de casi 300 MW/h provenientes de las FRE, algunas de cuyas instalaciones contaron con el respaldo de proyectos y entidades internacionales.

El aumento de las FRE pudieran significar para la isla la sustitución anual de 2,3 millones de  toneladas de combustible fósil en la generación eléctrica y una reducción de ocho millones de toneladas en las emisiones de dióxido de carbono, valoran algunos estudios.

No obstante, dichas perspectivas chocan con el elevado costo de las tecnologías para procesar la luz proveniente del sol, el viento, el agua y la biomasa.

En el caso cubano, que contempla la explotación de todas estas fuentes, el programa solar fotovoltaico aparece como el más adelantado, en un país con una radiación solar promedio de más de cinco kilovatios por metro cuadrado al día, considerada alta.

A fines de julio, se publicaron resoluciones para que las personas naturales importen libres de impuestos aduaneros y sin fines comerciales, sistemas fotovoltaicos, así como equipos, partes y piezas que generen o funcionen como fuentes renovables de energía.

También algunas cadenas de tiendas venden paneles solares con precios que superan los 1500 dólares por unidad, frente a un salario mensual que oscila de un mínimo de 87 dólares a un máximo cercano a los 400 dólares.

Si bien existe la posibilidad de que el estado compre energía excedente de consumidores privados, ciudadanos consultados por IPS consideran que el monto para adquirir y montar un sistema fotovoltaico y los varios años para recuperar la inversión todavía no la hacen suficientemente estimulante.

Queda como otro asunto pendiente la disponibilidad de capacidades para acumular esta energía y utilizarla en horas nocturnas.

Fuente: IPS