Un estudio reveló que Argentina requiere inversiones anuales adicionales por U$S 1.600 millones para lograr una transición energética efectiva, y de U$S 800 millones anuales para una transición parcial, de forma sostenida hasta el año 2040.

La Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (ADELAT), la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) y la Usina para el Desarrollo Energético Argentino (UDEA), presentaron un estudio sobre el rol de la distribución eléctrica en la transición energética.

El trabajo recientemente publicado tiene como objetivo principal ofrecer una visión detallada de las necesidades de inversión en el segmento de distribución eléctrica de siete países clave de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú.

Este análisis se centra en la implementación de once vectores clave asociados a la transición energética, los cuales incluyen desde la electrificación de nuevos usos hasta la universalización del servicio eléctrico.

La estimación de las necesidades de inversión en el segmento de distribución eléctrica se ha realizado a través de un modelo que contempla dos escenarios teóricos de transición energética para el año 2040.

En el modelo de transición efectiva para los siete países considerados, el estudio estima un total de U$S 431.000 millones en inversiones acumuladas necesarias hasta el año 2040 por parte de los operadores de sistemas de distribución eléctrica, excluyendo aquellas en activos de conexión a generación distribuida que serían realizadas por otros agentes. Este valor es 201% superior a las inversiones que se realizarían en el escenario de crecimiento tendencial (U$S 143.000 millones).

Según el informe las inversiones anualizadas representan entre 0,19% y 0,50% del PIB de los países evaluados, y entre US$ 75,4 y US$ 97,4 por cliente. Finalmente, las inversiones proyectadas por energía distribuida son entre 6,0 y 16,1 US$/MWh.

Entretanto, en el escenario de transición parcial, las inversiones necesarias son menores en comparación con el escenario de transición efectiva, reflejando una adopción más lenta de tecnologías avanzadas y una menor integración de energías renovables y electrificación de nuevos usos.

El modelo estima un total de U$S 307.000 millones en inversiones acumuladas necesarias hasta el año 2040, para los siete países considerados, inversiones que corresponden a los distribuidores y excluyen aquellas en activos de conexión a generación distribuida.

Para el caso argentino, el estudio reveló que se requieren inversiones anuales adicionales por U$S 1.600 millones para lograr una transición efectiva y de U$S 800 millones anuales para una transición parcial, de forma sostenida hasta el año 2040.

En este marco, en la sede de ADEERA referentes de los distintos sectores realizaron la jornada de lanzamiento del Policy Paper «Sin inversión no hay transición: el futuro de la distribución eléctrica en América Latina».

El evento contó con la presencia destacada del subsecretario de Energía Eléctrica de Argentina, Damián Sanfilippo, quien valoró estos espacios de discusión sobre el futuro de la distribución energética, y afirmó que «Argentina está en un momento de transición, con reformas clave en el sector energético para lograr la autosustentabilidad del sistema. Trabajamos junto al sector privado para garantizar que las nuevas normas sean efectivas».

Qué significa invertir para la transición

Las inversiones en la transición energética en América Latina no solo son necesarias para cumplir con los objetivos de descarbonización y modernización del sector eléctrico, sino que también generan una serie de beneficios operativos, económicos, sociales y ambientales.

A nivel operativo, las inversiones en la transición energética tienen un impacto en la mejora de la eficiencia de la infraestructura, que mejora la sostenibilidad financiera de los operadores de sistemas de distribución.

Estos beneficios incluyen menores gastos por tareas de inspección, por menor necesidad de intervenciones por interrupciones, por optimización y flexibilización de la operación, por reducción de riesgos laborales, por menor necesidad de tareas de gestión comercial, y por incremento del relacionamiento digital.

También generan beneficios económicos significativos, tanto para los operadores de sistemas de distribución como para los consumidores y la industria en general. Estos beneficios incluyen el desarrollo de nuevos negocios, la mejora de la competitividad en la industria, la reducción en la factura del consumidor, menores necesidades de inversión en medidas de contingencia, y reducción en la importación de energéticos.

Por su parte, los beneficios sociales se manifiestan en diversos aspectos que van desde la mejora de las condiciones de vida y promoción de economía regional y circular, la reducción de la brecha de género y el desarrollo de actividades productivas, la generación de empleo calificado, la mejora en la seguridad en la vía pública, y la mejor identificación y focalización de usuarios vulnerables.