A pesar de que el Gobierno les autorizó a las empresas un incremento del 9% luego de más de dos años con tarifas congeladas; con ingresos que no alcanzan para cubrir los gastos, requieren de ayuda estatal.

No se pudo avanzar en un proyecto de ley que es estratégico, como el de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas para incentivar la producción de gas y petróleo, pese a que semanas se informó que habían finalizado el diseño de la norma y que solo falta la presentación oficial del Presidente.

Será fundamental saber el monto que el ministro le asignará al gasto en subsidios. Para este año, Guzmán proyectó mantener constantes los subsidios en 1,7% del PBI respecto de 2020, pero los analistas en energía consideran que finalizarán más cerca al 2%.

Edenor y Edesur son las únicas distribuidoras que son reguladas por el Estado Nacional ya que el resto de las compañías están a cargo de cada una de las provincias. Esto significa que el ENRE es quien decide los aumentos de precios. En el AMBA  (área metropolitana de Buenos Aires), donde operan las empresas, los aumentos fueron solo del 9%, mientras que en el interior hubo aumentos de hasta 35%.

El año pasado, el Ministerio de Economía había incorporado en el Presupuesto la posibilidad de que las distribuidoras de electricidad regularicen su deuda con Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica.Cammesa le envía a las distribuidoras el costo de generación eléctrica con un subsidio de alrededor del 65%. Cada empresa debería trasladar ese precio a los usuarios y enviarle a Cammesa lo que recauda. No obstante, la mayoría de las distribuidoras retienen parte de ese pago y lo utilizan para financiarse, por lo cual el subsidio que debe cubrir el Tesoro es aún más grande.

Edenor y Edesur, al tener menos aumentos de tarifas que el resto de las distribuidoras, son las que más se financian con Cammesa. En los últimos meses Edenor pagó un 80% de la factura de Cammesa, mientras que Edesur, un 60%. Así se acumularon deudas con la compañía por alrededor de $31.000 millones y $33.000 millones, respectivamente.

Las empresas deben comprometerse no solo a pagar sus deudas, sino a no retrasarse más con los compromisos con Cammesa. Para eso es necesario también que las provincias garantizarán que darán los aumentos necesarios de tarifas.

Una alternativa que surgió es que se establezca una cuenta en propiedad de estas distribuidoras para pagarle a Cammesa, y que se nutra con lo que se recauda de tarifas más los aportes del Tesoro. De esta forma, Cammesa tendría su cobrabilidad al 100% y se normalizaría un poco la situación, pero no cambiaría la situación de fondo: el Ministerio de Economía seguiría aportando un subsidio mayor para los usuarios del AMBA.

Hablando en claro el caso de Edenor y Edesur, es aparte. Las empresas muchas veces son utilizadas casi como herramientas políticas dado a que el AMBA arrastra una gran cantidad de votos y es manejado a las anchas del gobierno nacional la ecuación se resuelve sola y más en un año electoral. Que en el área metropolitana haya menos de un tercio de aumento en la tarifa de luz de las personas no es casualidad.

Pensando en el  año próximo, el Ministerio de Economía avanza con la idea de ir a una segmentación de tarifas. La propuesta más certera al momento es dividir a los usuarios en tres grupos Para realizar esta segmentación, el Gobierno pidió los datos de la Anses, AFIP y de los bancos.

En uno estaría el 15% de usuarios con mayor poder adquisitivo donde los aumentos de tarifas serían por arriba de la inflación, en otro el 35% con ingresos medios que tendrían actualizaciones en línea con el índice de precios y finalmente se concentraría el segmento con el 50% de los usuarios con ingresos más bajos donde los incrementos serían muy por debajo y subirán los subsidios.