Lo solicitó el titular del ENRE, Walter Martello, en la denuncia penal que había presentado contra la empresa eléctrica.

A través de Walter Martello, titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Gobierno le pidió a la Justicia que impida la salida del país de nueve directivos que conforman la cúpula de la empresa Edesur.

La presentación la hizo el funcionario este miércoles, en la causa que tramita en Comodoro Py, en el juzgado a cargo de Julián Ercolini.

Según la ampliación de la denuncia que presentó Martello, el Gobierno considera que Edesur «ha perdido su capacidad operativa en forma intencional» y por ello, acusa a sus máximos responsables de «frustrar dolosamente» el servicio eléctrico, afectado durante la última ola de calor que se produjo en marzo y que dejara miles de usuarios a oscuras.

Se trata de otra escalada de tensión del Gobierno con la concesionaria eléctrica, que fuera denunciada penalmente por las consecuencias de los cortes de luz y también intervenida administrativamente, según anunciaran el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón.

Martello mismo había anunciado primero y formalizado el pasado viernes 17 de marzo la denuncia penal que cayó tras el correspondiente sorteo en un juzgado que subroga Ercolini. Allí el interventor del organismo de controlar del servicio de electricidad acusó a la empresa por las figuras de «defraudación, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos».

En el nuevo embate judicial, los argumentos del funcionario massista para el pedido contra la gerencia operativa de la empresa -propiedad del grupo italiano Enel- se basan en «un hecho de gravedad institucional inusitada», por lo que sugirió que la Justicia debería “flexibilizar ciertos recaudos procesales para el dictado de la medida de prohibición de salida del país” de las directores señalados.

“Se dirá que todavía no han sido imputados o indagados”, se anticipó Martello, según el texto de su presentación judicial a la que accedió Clarín. Y fue más allá: advirtió que algunos de los denunciados “son personas de alto poder adquisitivo que tienen todos los elementos y posibilidades a su alcance para poder irse del país y sustraerse del alcance de la Justicia”.

De acuerdo al argumento oficial, la medida cautelar busca “obstaculizar cualquier intento de un individuo para lograr la impunidad” y “evitar el riesgo de que, en este caso, los denunciados puedan frustrar el accionar de la Justicia ausentándose del país”. La ampliación de la denuncia detalló y puntualizó con nombres propios a la cúpula de la empresa, de cuyos integrantes pretende cercenar su posibilidad de viajar.

“Recordemos que el hecho que motiva la presente denuncia es por todos conocido: los reiterados cortes de luz, servicio que debía prestar la empresa EDESUR, cuyos máximos representantes son los hoy denunciados, que pusieron en vilo a toda la sociedad, entorpecieron un servicio público y produjeron el abandono de personas”, puntualizó.

Y con un durísimo tono, Martello se permitió comparaciones temerarias. «La justicia no puede demorar ningún instante en tomar una decisión como la presente, caso contrario podría suceder que se fueran del país como lo sucedido en su oportunidad con el atentado a la Embajada y la Mutual AMIA, donde los sospechados pudieron viajar al exterior sin ningún problema y nunca rindieron cuentas ante la justicia», equiparó.

La escalada del Gobierno contra Edesur
El primer embate del Gobierno contra Edesur llegó el pasado viernes 17 de marzo, cuando presentó una denuncia penal contra la concesionaria eléctrica por las consecuencias de los masivos cortes de luz registrados en medio de una ola de calor récord para el mes.

El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, reveló que los ilícitos denunciados fueron «Defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados (Art. 173, inc. 11, del C.P); Abandono de personas (Art. 106 del C.P) y Entorpecimiento de los servicios públicos (Art. 194 del C.P)».

Tres días más tarde, el Gobierno dio un paso más y decidió una intervención «administrativa» de Edesur. Luego de una reunión entre el ministro de Economía, Sergio Massa; la secretaria de Energía, Flavia Royón, y Walter Martello, se tomó la determinación de avanzar «en una «intervención administrativa para fiscalizar la prestación del servicio y obras de inversión».

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, fue elegido para ocupar el puesto de interventor. Aunque es conocido por su adhesión a las filas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, los alcaldes del conurbano sur venían reclamando que «uno de los suyos» participe en las decisiones de Edesur. Luego trascendió que esa movida no había sido consensuada con el propio presidente Alberto Fernández, en un chispazo más de la interna oficialista.

Fuente: Clarín