Luego de la aprobación a principios de mayo de un ajuste promedio del 9% en las boletas domiciliarias para Edenor y Edesur, los nuevos cuadros tarifarios de transición que reclaman las transportistas eléctricas aún no se concretaron. Los expedientes están a la firma del ministro Guzmán, pero no fueron rubricados, lo que deja en el aire la puesta en vigencia del aumento concedido como de la negativa a las otras seis compañías.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) comandado por Soledad Manín ya tomó la decisión de otorgar un ajuste acotado solo para dos de las ocho transportistas eléctricas que están bajo la órbita nacional, aún siguen sin aparecer las resoluciones que convaliden los valores tarifarios que regirán hasta las renegociaciones integrales previstas para el próximo año.

En las audiencias públicas realizadas el 29 de marzo, Transener (la compañía más grande del sector) y las transportistas regionales Transba, Distrocuyo, Transnoa, Transnea, Epen, Transpa y Transco solicitaron actualizar sus ingresos entre 60% y 80% hasta fines de 2022. Al trasladarlos a las boletas finales, estos ajustes implican subas de 6 a 10 pesos por cada $1.000 facturado a cada cliente.

Guzmán se había manifestado a favor de otorgar un aumento para todas las transportistas del orden 30%, que pasado a las facturas finales representaba una suba inferior al 1%. Al igual que lo acontecido con Edenor, Edesur y las gasíferas, la intención del ministro de alinear los incrementos tarifarios con la inflación del 29% prevista en el Presupuesto se topó con la resistencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La intervención del ENRE decidió habilitar un ajuste mínimo para Transpa y Transnea y mantener congeladas las tarifas de Transener, Transba, Distrocuyo, Transnoa, Epen y Transco. Según la evaluación que efectuaron los técnicos del órgano de control, las dos empresas que recibirán aumentos no tenían garantizadas proyecciones de ingresos acordes con los gastos operativos futuros y las inversiones pendientes que deben afrontar en los próximos 18 meses.

Las otras seis transportistas seguirán percibiendo las tarifas vigentes desde abril de 2019. Los funcionarios del ENRE consideraron que cuentan con fondos disponibles en sus cajas y colocaciones bancarias que resultan suficientes para poder afrontar los costos de operación y mantenimiento hasta el próximo año, cuando se realizará la Revisión Tarifaria Integral (RTI).La postura contraria a un aumento para las transportistas había sido adelantada por Manín unos días antes de las audiencias públicas, cuando reflotó las conclusiones de la auditoría realizada por el ENRE sobre la RTI que llevó adelante la administración de Mauricio Macri en 2016.

“Las medidas que se tomaron para el transporte eléctrico estuvieron orientadas a subir los ingresos totales de las empresas muy por encima de lo que podía surgir de aplicar otras variables de referencia de la economía. La etapa 2016-19 estuvo signada por la reducción de subsidios y la dolarización de la energía, lo que llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por los usuarios, mientras que las concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos» dijo Manin.

La compañía Transener opera las redes troncales de alta tensión y sorprendentemente no se le concedió ningún aumento tampoco. La empresa también es dueña del 99% de Transba, la concesionaria de las líneas eléctricas de media y baja tensión de la provincia de Buenos Aires.

Los directivos de Transener requirieron un aumento acumulado para este año y el próximo del 62%, destinado a cubrir las subas previstas en los costos operativos y salariales. El ENRE respondió que durante el gobierno de Macri la empresa no solo obtuvo ganancias extraordinarias por los aumentos otorgados, sino que además no cumplió con el plan de inversiones comprometido, que solo alcanzó el 55% de lo que estaba previsto.