A través de la reglamentación, el ENRE da respuesta a la situación irregular en torno a la aplicación de los CNR por parte de las empresas, con el objetivo de proteger los derechos de las personas usuarias.

Esta reglamentación da continuidad a la acción tomada mediante la Resolución ENRE Nº 37/2021, en donde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ordenó a las distribuidoras EDENOR y EDESUR la suspensión inmediata de la aplicación y el cobro de recupero de Consumos de Energía no Registrados, hasta tanto -auditoría mediante- se reglamentará el procedimiento para su aplicación garantizando el derecho a la defensa de las Personas Usuarias.

En este sentido, mediante la Resolución ENRE N° 95/2021 se reglamentó el procedimiento de aplicación de CNR, que cumple con dos de los objetivos de la Intervención del ENRE: regular el procedimiento a seguir por parte de las empresas EDENOR y EDESUR frente a casos de CNR y garantizar una aplicación transparente del mismo, a la vez que protege el ejercicio de los derechos de las personas usuarias, brindando información adecuada y veraz acerca de los montos que se pretende cobrar y su procedencia.

Asimismo, se instruyó a las concesionarias a aplicar el procedimiento sobre las Notas de Débito y Liquidaciones Complementarias emitidas hasta la fecha, con el objetivo de que apliquen en forma inmediata la reglamentación aprobada.

Algunos de los puntos reglamentados son: Notificación fehaciente a la persona usuaria con una anticipación no menor a dos días hábiles administrativos, previa la inspección del medidor y/o contraste de medidor.

Las Notas de Débito y facturas complementarias, en caso de que correspondan, deberán ser emitidas de forma independiente y contener un plan de pagos con tantas cuotas mensuales como períodos a recuperar.

Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad continuamos trabajando con el objetivo de propender a la normalización del sector y las tarifas con el objetivo de garantizar una normal prestación de los servicios públicos, garantizando los derechos de las personas usuarias y la seguridad ciudadana.