Dentro del equipo económico del gobierno se viven semanas de tensión, el tema prioritario son las tarifas energéticas, congeladas para AMBA desde febrero y abril de 2019. Según el ministro de Economía, Martín Guzmán, es necesario mantener constante el gasto en subsidios económicos. Y al parecer así se expresara con los directivos del Fondo cuando en los próximos días se reúna con ellos en Washington.

Se decidió despedir a Sergio Lanziani de la cartera energética, que no tenía peso en el Plan Gas, y se nombró a Martínez,quien fungía de diputado por Neuquén, para que negocie un precio máximo más bajo con YPF aunque la empresa necesitaba mayores ingresos para reactivar sus pozos gasíferos.

La decisión fue luego de una conferencia pública del ministro Matías Kulfas, que daba detalles del Plan Gas y contaba que habría una subasta con un valor máximo de US$3,90 el millón de BTU. Cuando Guzmán escuchó lo que ese precio tope implicaba en gasto fiscal, pidió revisar los números.

La insistencia del FMI en estas reuniones es constante, con esta va a ser la 5ta reunión que llevan por el tema con el equipo de Darío Martínez. La Secretaría depende directamente del Ministerio de Economía desde el año pasado. La Secretaría de Energía pasó a estar bajo la lupa económica del ministerio “Es un gran acierto del Presidente hacer que la Secretaría dependa de Economía, porque nuestras decisiones afectan mucho la macro” decían los titulares de la cartera en ese momento.

Casi tres meses tardaron las negociaciones para lanzar finalmente el Plan Gas aprobado por Guzman con un solo cambio y era  el precio tope a US$3,70. “Se podría haber reducido aún más, pero YPF necesitaba hacer caja”, reconocen desde el Gobierno.

Con la firma del Plan Gas el gobierno se comprometió a pagar un precio en dólares, un 55% la pagan los usuarios el problema es que al ser pesificada la tarifa y sin poder hacer grandes aumentos debido a la situación de vulnerabilidad de la gente económicamente no puede pagar ese precio al cual se comprometió y ese porcentaje es cada vez menor  lo cual le cuesta más dinero al ejecutivo.

“El Plan Gas hará que baje el costo [fiscal], no que suba. Yo expuse con el Fondo y eso es un caballito de batalla. De no hacerlo, el 7,5% que hay de declino [en la producción de gas] por año se transforma en un fuerte gasto fiscal. El esfuerzo fiscal también depende de cuánto se decida trasladar a tarifa del precio de subasta, pero rápidamente se transforma en un ahorro porque importar energía es mucho más caro” decía en noviembre Darío Martínez.

Reemplazar producción local con importaciones significa un costo mayor y, además, son divisas que salen del país en un contexto de escasez de reservas. Pero para que el ahorro fiscal sea completo, al Plan Gas le falta la pata de aumento de tarifas, que impulsa Guzmán y que recibe fuerte resistencia del Instituto Patria.

Federico Bernal, interventor en el Enargas, indicó que el servicio energético es un “derecho humano” y además dijo en modo irónico “¿Por qué no se propone, como sí con la energía y las tarifas, eliminar o reducir drásticamente los subsidios a la salud pública, a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología?”Esto fue en la secretaría de energía un día antes de haber propuesto aumentos de entre 26 y 35% para las tarifas de gas.

Guzmán deberá mañana defender la corrección en el gasto fiscal ante el FMI sin saber que ocurrirá con los precios de la energía, más en un contexto donde, por ejemplo, la nafta aumenta casi constantemente. Finalmente la última palabra la tendrá la vicepresidenta, Cristina Kirchner a la que, por su accionar, no parece agradarle la suba de tarifas y menos aún si este año es electoral.