El proceso de privatización de activos energéticos sumó un nuevo capítulo con la autorización oficial para vender las participaciones que el Estado posee en tres centrales termoeléctricas a través de Energía Argentina S.A. (Enarsa).
La medida fue formalizada mediante el Decreto 1107/2026 y se inscribe dentro del programa de privatizaciones habilitado por la Ley Bases. El esquema prevé la realización de licitaciones públicas nacionales e internacionales para transferir al sector privado el control de parte de la generación eléctrica actualmente vinculada al Estado.
Entre los activos alcanzados aparecen Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. y Termoeléctrica José de San Martín S.A., dos de las principales centrales surgidas durante el proceso de expansión de la oferta eléctrica desarrollado a mediados de la década de 2000.
En el caso de Termoeléctrica Manuel Belgrano, la participación estatal comprende 4.601.324 acciones equivalentes al 65,01% del capital social. Para Termoeléctrica José de San Martín, el paquete en venta asciende a 4.871.709 acciones, que representan el 68,83% del capital accionario.
La operatoria será coordinada por el Ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, organismos que deberán definir las condiciones y el cronograma de las futuras convocatorias.
Ambas compañías integran el parque de generación del Mercado Eléctrico Mayorista y fueron concebidas como centrales de ciclo combinado de gran escala para reforzar la capacidad eléctrica del sistema nacional.
El origen de los proyectos estuvo vinculado al Foninvemem, mecanismo utilizado para financiar nuevas inversiones mediante acreencias de agentes del mercado eléctrico. Como resultado de ese esquema, parte de las acciones continúa hoy en manos de generadores privados, mientras que la participación mayoritaria quedó bajo control estatal.
Un escenario diferente presenta Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A., cuya privatización quedó condicionada a la finalización del fideicomiso que actualmente administra la estructura societaria de la planta.
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Según el decreto, la participación que posteriormente recibirá Enarsa no podrá ser inferior al 70% del capital accionario. Una vez concluida la liquidación del fideicomiso y concretada la incorporación formal de las acciones al patrimonio estatal, podrá avanzarse con el proceso licitatorio.
El vencimiento de ese fideicomiso está previsto para el 30 de septiembre de 2026. Luego de esa fecha deberá completarse una serie de actos societarios destinados a transferir la participación correspondiente a Enarsa y habilitar la futura venta al sector privado.
Por el momento no fueron difundidos valores de referencia, fechas de licitación ni condiciones económicas para los potenciales compradores. Tampoco existe información oficial sobre posibles interesados en participar de las operaciones.
Más allá de esos aspectos pendientes, la decisión representa uno de los movimientos más relevantes del año dentro del proceso de reorganización del sector energético estatal. La transferencia de participaciones mayoritarias en tres centrales de generación podría atraer el interés de operadores eléctricos, fondos de infraestructura, grupos industriales y compañías especializadas en generación de energía.