El próximo año se vencerán las concesiones de las represas hidroeléctricas, cuando expire el plazo de concesión de 30 años. En ese marco, el Gobierno nacional creó una comisión que se encargará de relevar el estado actual de las mismas y tomar una decisión. Esto abre la posibilidad de una reestatización y que los activos pasen a manos de Ieasa, aunque por el momento es apresurado confirmarlo.

El 10 de marzo la Secretaría de Energía publicó la Resolución 130/2022, a través de la cual conformó dentro de ese área el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc). Según establece la norma, a la que accedió LA ARENA, tendrá «como objetivo primario el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional». Estará conformado por un representante de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, uno de Cammesa, otro del Ente Regulador de la Electricidad (Enre) y el restante será de Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa).

En base a ese trabajo, elevará un informe «el estado de situación de cada uno». El documento deberá ser elevado en el plazo de un año desde su constitución para aquellas concesiones «que vencen entre el 1° de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2023 y de dos años para el resto de las concesiones». En la resolución también se le encomienda a Ieasa «la realización de la auditoría de las condiciones técnicas de los equipos de generación de las concesiones».

Según el anexo de la Resolución, el 11 de agosto de 2023 vencerán las concesiones de las centrales Alicurá que está en manos de AES Alicurá S.A., de El Chocón y Arroyito que tienen como concesionaria a ENEL Generación El Chocón S.A., de Planicie Banderita que está a cargo de Orazul Energy Cerros Colorados S.A., y Piedra del Aguila que está concesionada a Central Puerto S.A. Esta última expira el 29 de diciembre de 2023.

Ante el inminente vencimiento de los plazos, desde Energía consideraron que «resulta necesario realizar un relevamiento y una auditoría integral del estado de situación general de las concesiones hidroeléctricas y evaluar el resultado de su desarrollo durante el período de concesión». Esto permitirá «recabar, analizar y evaluar datos de cada concesión, de manera de unificar las acciones, y poder evaluar en forma sistemática e integral el desarrollo de las mismas».

A su vez, tomando en cuenta los aspectos «técnicos relacionados con las obras civiles, equipos hidromecánicos, electromecánicos y eléctricos, aspectos legales, ambientales y económicos entre otros, todo ello en el marco de las condiciones establecidas en los pliegos y contratos de concesión», se podrá evaluar la situación y tener un insumo «fundamental» para definir «los pasos a seguir a seguir a partir de la extinción de los contratos de concesión vigentes».

¿Reestatización?

El vencimiento de las concesiones abre un abanico de posibilidades, las cuales fueron enumeradas en una columna publicada por el ex director de Asuntos Legales de Ieasa y ex presidente de Ebisa -empresa fusionada con Ieasa en el año 2019-, Juan Carlos Doncel Jones. Una de ellas sería la extensión de la concesión por un plazo determinado de tiempo, mientras que otra podría consistir en otorgar una nueva «concesión, y repetir el proceso licitatorio realizado en la década de los ’90».

Para Doncel Jones ambas son poco probables por diversas razones, entre las que se encuentran la actual situación económica y «cuestiones ideológicas, que descreen de la actividad privada y consideran que determinadas actividades de la economía son mejores y funcionan más eficientemente cuando lo administra el Estado».

Por estos motivos, consideró que la que «casi con seguridad prosperará en el corto plazo» será la «reestatización y administración, ya sea por el Estado Nacional o en conjunto con los Estados provinciales».

La aparición de Ieasa, a quien se le encarga la auditoría de las las condiciones técnicas de los equipos de generación de las concesiones, es la que «anticipa el final». Será esta empresa «seguramente en donde recaerán las actividades que hoy están divididas en más 10 empresas, la que conformará un conglomerado más grande que AyEE e Hidronor juntas».

Mendoza y el Atuel

En junio y octubre de 2024 se vencen la concesiones de las represas Los Nihuiles (1, 2 y 3) que se encuentran sobre el río Atuel, y Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre -a cargo de Hidroeléctrica Diamante S.A.- que se ubican sobre el río Diamante. Todas están en manos de Pampa Energía. Este escenario ya genera incertidumbres en Mendoza, debido a que no hay una postura definida al respecto y algunos medios consideran «bisagra».

«Se trata de los diques que regulan y generan energía en los ríos Diamante y Atuel, cuyas concesiones vencen en 2024», señaló MDZ Online. En ese sentido, el medio afirmó que «no es una decisión trivial, pues se trata de la administración de recursos que históricamente Mendoza ha reclamado para sí. La duda es si el Gobierno nacional apuntará a reestatizar la gestión de los diques, si estirará las concesiones o volverá a licitarlas. En una situación similar están las represas de la Patagonia. Neuquén y Río Negro ya se manifestaron y pidieron que sean restituidas a las provincias. Mendoza aún no lo hace».

Acuerdo

Como en 2023 vencen las concesiones de las represas de la Cuenca del Comahue (río Limay, Neuquén y Negro), en diciembre del 2021 los gobernadores Arabela Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén) firmaron un acuerdo para reafirmar «la competencia de las provincias en todo lo relativo a los aprovechamientos hidroeléctricos y establecieron constituir esta comisión de trabajo». En febrero de este año se reunieron y repasaron «las acciones llevadas adelante y acordaron avanzar en propuestas de acción y en generar los instrumentos jurídico-institucionales adecuados para plantearle al gobierno nacional».

Según informaron oficialmente, el objetivo es «proponer distintas alternativas de esquemas a implementar para la administración, operación, mantenimiento y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén».

La historia hidroeléctrica

Para la Secretaría de Energía, la «generación hidroeléctrica constituye una fuente renovable, segura y limpia que favorece la diversidad de la matriz energética y otorga confiabilidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI)». A su vez, los fundamentos de la resolución detallan un poco de la historia del sector eléctrico argentino.

A partir de la década de 1960, señala, Argentina inició un «importante proceso de planificación y desarrollo de la hidroelectricidad» a través de las empresas estatales Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AyEE S.E) e Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (Hidronor), las cuales «proyectaron, construyeron y operaron grandes aprovechamientos hidroeléctricos en diversos puntos del país».

Actualmente, su producción «llega a representar, junto con otros aprovechamientos hidroeléctricos binacionales y renovables, aproximadamente el 20% de la generación total en el ámbito del Mercado Eléctrico Mayorista con una potencia instalada superior a 10.800 Megavatios (MW).

Sin embargo, con la llegada de la ola neoliberal en los 90 y el proceso de privatizaciones, «se estableció la división vertical de la industria eléctrica y se declararon sujetas a privatización las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica a cargo de las empresas AyEE S.E. e Hidronor S.A».

En ese marco, se conformaron unidades de negocios que «fueron transferidas al sector privado» mediante la venta del paquete mayoritario de las sociedades titulares «de las concesiones de uno o varios aprovechamientos hidroeléctricos, otorgadas en su mayoría por un plazo de 30 años». De esta manera, según afirmó el ex director de Asuntos Legales de Ieasa y ex presidente de Ebisa Juan Carlos Doncel Jones, por decreto se subdividió a las represas construidas y operadas por Hidronor en cinco unidades de negocio independientes: H. Alicurá S.A., H. El Chocón S.A., H. Cerros Colorados S.A., H. Piedra del Aguila S.A. e H. Pichi Picún Leufú S.A.

Lo mismo ocurrió con las unidades de AyEE -H. Diamante S.A.; H. Ameghino S.A.; H. Río Hondo S.A.;H. Futaleufú S.A.; H.Río Juramento S.A.;Hidrotérmica San Juan S.A. y H.Tucumán S.A.-, las cuales fueron privatizadas.

Fuente: La Arena