El gobierno estableció un mercado de derechos de emisiones en el país mediante la Ley Omnibus. El poder ejecutivo también permite la agrupación de derechos de emisión a todos los sectores y subsectores de la economía. El método se ajustará al modelo actual de la Unión Europea.

Si el Congreso adopta la sugerencia del gobierno para establecer un mercado de derechos de emisiones de carbono, las compañías del sector energético, la industria en su totalidad y otras actividades económicas deberían pagar por sus excedentes de emisiones de carbono.

La iniciativa fue incorporada en el proyecto de Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei enviará al Congreso. Si Argentina prospera, implementará un sistema similar al régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea.

El megaproyecto legal, oficialmente conocido como Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos, cuenta con dos propuestas fundamentales en su capítulo sobre transición energética.

Por un lado, el artículo 320 faculta al poder ejecutivo para asignar derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a cada sector y subsector de la economía que sean consistentes con el cumplimiento de las metas nacionales de emisión de GEI establecidas en el Acuerdo de París. Es posible fijar límites de derechos de emisión años de año.

Para cumplir con esta meta, el artículo 323 establece que el ejecutivo podrá generar un mercado de derechos de emisiones de GEI, donde aquellos que hayan logrado su meta pueden ofrecer servicios a aquellos que los necesitan para alcanzar su meta y evadir la penalización. El ejecutivo puede fijar las reglas del mercado, la plataforma de registro de transacciones y garantizar que no existan posiciones dominantes u oligopolio.

Mercado Europeo del Carbono

La iniciativa implicaría replicar, dentro del país, un mecanismo similar al Sistema de Sistemas de Emisiones Comerciales (EU-ETS) de la Unión Europea. «Es un sistema parecido al europeo, pero que abarca más sectores», afirmó el secretario de Energía en respuesta a una consulta de EconoJournal. Se incluirían las actividades del sector agropecuario porque constituyen una parte importante del PBI argentino.

El modelo EU-ETS es un esquema de «cap and trade» donde las compañías pueden compensar sus emisiones excedentarias mediante la venta y la compra de certificados, esto cual evita la aplicación de multas. En el mercado ETS, hay un número limitado de certificados o derechos de emisión en circulación.

En el objetivo de aumentar sus precios, la Unión Europea está disminuyendo los títulos en circulación. Esto provoca un costo económico mayor para las actividades que emiten más GEI e incidir a las empresas an invertir en la descabonización de sus procesos.

La generación eléctrica, las industrias energéticas intensivas (acero, aluminio, cemento, etc.), la aviación y el transporte marítimo son los sectores relevantes alcanzados por el mercado de carbono en Europa. Una cierta cantidad de toneladas de CO2 por año está autorizada para las empresas que realizan estas actividades. Si superan ese límite, deberán recurrir al mercado ETS para comprar derechos de emisión con el fin de cubrir el exceso de emisiones.

Comercio con el mundo

La Argentina se vería en la línea con algunos de los países y mercados mundiales en cuanto a regulación comercial enfocada en la disminución de emisiones, debido a la creación de un mercado de derechos de emisiones. La iniciativa gubernamental se explica por las crecientes exigencias ambientales a los bienes y servicios argentinos en los mercados de exportación.

A la cabeza de los avances materiales comerciales está la Unión Europea. Las empresas de las industrias cubiertas por el ETS deben soportar la carga financiera de invertir en reducciones de emisiones en sus procesos de producción. Sin embargo, este esfuerzo económico les resta competitividad frente a la competencia de las importaciones.

La Unión Europea implementó el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) este año para prevenir la relocalización de fábricas fuera de Europa y garantizar que las importaciones pagarán por sus emisiones a partir de 2026.