Equipos técnicos libertarios le ponen freno y lo atan a resultados económicos. El modelo de traspaso a manos privadas ya fracasó durante la gestión macrista.

La eliminación por completo de la obra pública tradicional a cargo del Estado y su reemplazo por el esquema de participación público-privada (PPP) que Javier Milei prometió instrumentar, tiene condicionamientos de arranque. Equipos técnicos del futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, reconocieron ante representantes de empresas, consultoras y bancos que no se dará en forma inmediata y que su concreción práctica dependerá de los resultados económicos del mediano plazo.

La receta de traspaso de las obras públicas estatales y de infraestructura íntegramente a manos privadas mediante el sistema PPP, quedó atada a las medidas económicas de “primera generación” planificadas por Milei para reducir el gasto público, equilibrar las cuentas fiscales, dominar la inflación y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas locales.

Según los datos oficiales de la administración saliente, hay un total de 2.831 obras públicas de diversas características que están en ejecución y adjudicadas. Tanto Ferraro como el ministro del Interior, Guillermo Francos, destacaron que los contratos firmados y en ejecución “se van a respetar” y adelantaron que iban a ser sometidos a un proceso de renegociación, para reprogramar los plazos de las obras acorde a los recursos disponibles.

De esa manera, los nuevos ministros buscaron calmara los ánimos ante los presagios negativos por la baja de todos los contratos en curso. A los 2.831 juicios que interpondrían contra el Estado las constructoras afectadas, se sumarían los despidos de alrededor de 220.000 trabajadores que dependen de las obras publicas y el pago de penalidades económicas millonarias por la no utilización de los créditos concedidos por organismos internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina-CAF) para proyectos de infraestructura y servicios que están en marcha.

El cambio de paradigma

La idea que tiene Milei para cambiar el paradigma actual del negocio de las obras públicas consiste en la aplicación generalizada del esquema PPP para llevar adelante los nuevos proyectos y programas de obras en las áreas de energía, transporte, agua y saneamiento, salud, vivienda y seguridad. Nacidos en los 80 en Inglaterra, los PPP tuvieron su época de auge en España y países de Latinoamérica; pero nunca llegaron a hacerse masivos.

Técnicamente requiere de convenios entre contratistas privados, que adelantan los fondos y construyen las obras, y el Estado que asegura el repago de la inversión a largo plazo y autoriza el cobro de aranceles, peajes o tarifas por su uso.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los convenios PPP “son una modalidad de contratación en la cual los riesgos y responsabilidades se distribuyen ente el sector público y el privado. En un contexto de restricción presupuestaria como el actual, permiten diferir en el tiempo la carga sobre las cuentas públicas dado que, en el corto plazo, el financiamiento es aportado por el sector privado”. De esta manera, el Estado está tomando deuda pública a largo plazo sin que sea contabilizada en los balances.

El fracaso del modelo macrista

Las estadísticas del Banco Mundial muestran que las obras de infraestructura y servicios concretadas bajo el paraguas de los PPP no superan el 10% a nivel global y que, en muchos casos, fracasaron antes de tiempo por fallas de instrumentación y el encarecimiento financiero fuerte de los costos finales de los proyectos.

En el plano local, los contratos PPP están regulados por la ley 27.328 aprobada en 2016. En los presupuestos de 2018 y 2019, la administración de Mauricio Macri consiguió la autorización para avanzar con una serie de proyectos PPP destinados a obras viales, de infraestructura energética, construcción de viviendas y proyectos hídricos. Del total, solo logró poner en marcha los PPP para seis corredores viales con un programa de obras privadas de US$ 6.000 millones, que terminó en fracaso.

Las inversiones iban a ser financiadas por las compañías privadas y entidades bancarias y luego repagadas con el cobro de peajes y títulos de deuda del Estado, que se rescatarían en forma semestral. Al poco tiempo de haber arrancado, los concesionarios debieron afrontar la crisis cambiaria y económica que llevó a la administración macrista a pedir el auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el cierre de las fuentes externas de financiamiento. A eso se sumó un contratiempo judicial inesperado: la mayoría de las constructoras que integraban los consorcios quedaron salpicadas en la causa de los “cuadernos de Centeno”.

PPP congelados y dados de baja

Sin posibilidad de obtener el financiamiento que habían prometido y con marcados atrasos en las obras, los PPP viales siguieron vigentes hasta la salida de Macri, con prórrogas y modificaciones en las reglas de juego de legalidad dudosa.

Tras la llegada del gobierno de Alberto Fernández, los PPP viales fueron congelados durante varios meses y finalmente se dieron de baja en el segundo semestre de 2020. De acuerdo con el estudio de la OPC, los trabajos concretados representaron solo 1,18% del total de las obras que estaban previstas; y le generaron al Estado una deuda de US$ 112 millones por los bonos que había entregado como anticipo de las inversiones futuras.

“A la luz del fracaso reciente a nivel local y a los disímiles resultados obtenidos en la región y en el mundo con los modelos de PPP, es menester sincerar las dificultades políticas, económicas, financieras y sociales que ofrece nuestro país para esta modalidad de contratos con inversiones millonarias y plazos prolongados”, destacó Hugo Bianchetto, investigador de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En un análisis sobre los alcances e impactos de los PPP publicado hace dos años en la revista Rumbos Tecnológicos, Bianchetto advertía: “Es imprescindible ponderar seriamente los problemas graves que ese sistema ha generado al maltratado Estado Nacional, antes de reincidir en su implementación circunstancial para nuevas obras de infraestructura; porque es altamente probable que vuelva a ser el sector público el más perjudicado”.

Fuente: Letra P