Ya fuese por una resolución, por un artículo del presupuesto o por ambos, si es que la pauta de gasto se aprueba sin cambios en este punto, las compañías distribuidoras de energía eléctrica del país se verían beneficiadas doblemente por las voluminosas deudas que han contraído con Cammesa, la mayorista que les vende la energía. Por la resolución, la 642 de la Secretaría de Energía de la Nación, firmada por la titular del área, Flavia Gabriela Royón, estas compañías podrían acceder a un plan de pagos de 96 cuotas, con 6 meses de gracia y un interés subsidiado de 50 por ciento (casi la mitad de la inflación con la que se podría terminar el año). Pero si, en caso de que el “salvataje” no les fuera de su agrado, estas empresas podrían esperar que las provincias en las que operan se hicieran cargo de sus pasivos, como solidariamente responsables el Gobierno nacional entiende que son, y que así lo ha dejado expresado en el artículo 90 del proyecto de presupuesto 2023, que ha sido enviado al Parlamento.

Los actores que están en juego no son cualquiera. Las distribuidoras eléctricas, muchas sociedades anónimas y otras tantas cooperativas que operan en todo el país, han acumulado, con el paso del tiempo, 452.000 millones de pesos de deuda con quien les vende la energía que luego transportan, entregan y cobran a sus clientes domiciliarios. La que les vende es Cammesa, una compañía de gestión privada “con propósito público”, que está compuesta en 80 por ciento por los operadores del mercado mayorista eléctrico (generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios) y 20 por ciento por el Estado nacional, que gestiona la Secretaría de Energía. Las distribuidoras más importantes son Edenor y Edesur, que se han repartido el AMBA, el centro urbano más relevante y atractivo del país. Ambas reúnen casi la mitad de la deuda que han contraído con Cammesa, unos 200.000 millones de pesos. Edesur está en manos del holding italiano Enel, un conglomera do de empresas eléctricas de variado tamaño diseminado por buena parte del mundo. Edenor, en cambio, está controlada por los conocidos e influyentes empresarios mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano, ambos de estrechísima relación con Sergio Massa, el ministro de Economía que ha ideado este extraordinario salvataje para todo el sistema eléctrico por la vía de la flamante resolución que tiene menos de diez días y por aquel polémico artículo 90 del presupuesto.

El nuevo presupuesto prevé que las provincias se hagan responsables por el no pago a Cammesa de la deuda que han contraído las distribuidoras. Dice textualmente: “Vencido el plazo, la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público nacional, la suma que por consumos de energía y potencia adeude a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el prestador del servicio público de distribución de energía eléctrica a su cargo”.

Al último día de agosto, el total de la deuda de las distribuidoras contraída con Cammesa ascendía a 452.000 millones de pesos. Edenor, la empresa de Vila y Manzano, tiene registrado un endeudamiento de 96.700 millones de pesos y 8.934 millones de pesos pagados por la vía de algunos planes. Edemsa, la mayor distribuidora de la provincia, también en manos de Vila y Manzano, adeuda al mayorista 11.344 millones de pesos y 1.806 millones pagados por planes. Además, a Edemsa se le inició un juicio de cobro el 13 de febrero del 2020 y, de acuerdo con los últimos registros actualizados a los que accedió este diario, tiene 4.980 millones de pesos en gestión de pago vía un acuerdo.

Está claro que Edemsa, que concentra casi 70 por ciento del total de la distribución eléctrica de la provincia, es el mayor operador por lejos. Pero hay otros que se podrían ver beneficiados con el salvataje de Massa a sus cercanos y amigos operadores del sistema eléctrico. Se trata de la Cooperativa de Godoy Cruz, que tiene registrada una deuda con Cammesa por unos 735 millones de pesos y ya ha pagado 190 millones en planes; y Edeste, la compañía del Este provincial, que adeuda 1.623 millones de pesos y ya abonó 326 millones.

En la oposición analizan esta suerte de trato preferencial por parte de Economía y de Massa hacia las compañías del sistema eléctrico y energético en general. Han puesto bajo la lupa la ligazón del funcionario con los operadores más grandes. El presupuesto recién se ha comenzado a puntear contenido en un digesto de 4.800 fojas. Para algunos legisladores, el salvataje no sólo no es pertinente, porque no se les pueden estatizar las deudas, como sería el caso, a las compañías estructuradas bajo una sociedad anónima. Además, se trata de una “payasada” y de una “burla” hacia los cumplidores.

“Estas empresas han acumulado deuda a lo largo del tiempo con Cammesa porque la han usado para financiarse. En donde no tuvieron aumentos de tarifa, porque los gobiernos no los autorizaron, las distribuidoras dejaron de pagar por la energía que compran en el mercado mayorista, y en otros casos demoraron las obras que deben hacer, o ambas cosas a la vez. Ahora las premian con el plan de pagos y con esta posibilidad de que sus deudas se licuen o, directamente, se estaticen”, comentaron desde algunos sectores de la oposición, más atenta a estos acuerdos no tan ocultos incluidos en el presupuesto y en las resoluciones como la de la Secretaría de Energía.

El conjunto de las cooperativas del interior suma una deuda de unos 15.000 millones de pesos en algunos casos. Pero hay algunas distribuidoras, como Edemsa, que han acumulado deudas extremadamente voluminosas, como en Misiones, con más de 30.000 millones de pesos; Chaco (también 30.000 millones); la distribuidora de La Rioja (14.000 millones); la de Córdoba (10.000 millones) y Corrientes (7.000 millones), entre las más importantes.

Fuente: El Sol