Según fuentes oficiales, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) ha iniciado procedimientos de embargo contra las cooperativas que acumulan una importante deuda, que ascendería a la alarmante cifra de $490.925 millones a febrero de 2024.

Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate son ambas las cooperativas afectadas. Estas cifras, difundidas por el diario local La Vanguardia de Balcarce, ilustran el alcance del problema que enfrentan estas organizaciones en toda la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a 143 cooperativas, la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA) ha avisado sobre la imposibilidad de mantener los compromisos económicos para asegurar el servicio público de distribución de energía eléctrica.

Los insuficientes ingresos del Valor Agregado de Distribución (VAD), destinados a cubrir los costos de infraestructura eléctrica, son una fuente principal en la situación financiera precaria, y se debe, en parte, a políticas gubernamentales previas que no han actualizado durante años.

La aplicación de las cooperativas tiene repercusiones debido al embate de esta crisis financiera, que impactan la adquisición de energía, la compra de insumos y el pago de salarios a los trabajadores. En Barker, por ejemplo, los habitantes manifiestan su inquietud acerca de las tarifas exorbitantes y el exorbitante costo del alumbrado público en comparación con el consumo doméstico.

Ante esto, los lugareños exigen una respuesta inmediata y apoyo financiero de los organismos gubernamentales para garantizar la disponibilidad continua del servicio eléctrico y disminuir la carga financiera de los consumidores de la zona. Ante el peligro de un colapso en el suministro eléctrico y las consecuencias sociales y económicas que esto podría traer, es evidente la necesidad de encontrar soluciones rápidas y efectivas.