El titular de la Asociación de Personal de las Empresas de Energía Eléctrica( APSEE), Carlos Minucci, ha dicho en reiteradas ocasiones que las compañías del sector volverán a excusarse  y a presionar con no tienen dinero  para afrontar aumentos, y además le suman que no pueden negociar paritarias hasta tanto no se resuelva el incremento de tarifas para saber con qué fondos contarán.

El acuerdo de diciembre 2020 permanece congelado, y el sindicato lo analiza como una amenaza al gobierno, en momentos en que se negocia la suba, y sin la cual “no se pueden definir inversiones ni salarios”, argumentan las compañías. Edenor, Edesur, Edelap, Sacme, Central Puerto, Central Costanera y Central Dock Sud buscan respuestas lo mas rapido posible ya que la negativa al aumento disminuyó de tal manera sus arcas que dicen no podrán afrontar los gastos que supone un aumento al personal, en especial cuando se trata de tanto volumen del mismo, ni invertir en mantenimiento de la red u otros menesteres

El gremio afirma que hace años que no hay inversiones, incluso cuando había tarifazos indiscriminados en la gestión anterior y que “hay una baja en la calidad del servicio que ya no puede ser peor, lo que se traduce en violencia de los usuarios hacia los trabajadores”, un combo que, según el mismo Minucci “justifica” el fin de la Concesión privada de éstas empresas que durante años multiplicaron sus ganancias. Desde APSEE, insistieron en estar llegando a “límites impensados” como consecuencia de “políticas de desinversión y de extranjerización de fondos”, todas cuestiones de las que responsabilizan a las empresas, en connivencia con el gobierno macrista, de quien, denuncian desde el sindicato “fueron socios”.

En ese sentido, están dispuestos a dar la pelea para evitar que nuevamente se imponga la “flexibilidad laboral”, ejercida a través de “retiros voluntarios forzosos, vacantes de personal jubilado que no se cubren, violación de los Convenios Colectivos de Trabajo realizando cada vez más tareas con personal tercerizado y empresas contratistas que se prestan a tal fin y con paritarias desactivadas”, argumentó Minucci.

Estas políticas que llevan adelante las compañías de electricidad son consideradas violencia laboral por lo que ya el gremio ha realizado denuncias nacionales e internacionales y además de remarcar que “ha llegado el tiempo de prestar un buen servicio público a los usuarios”, con lo cual están dispuestos a llevar adelante medidas de fuerza que dejen en claro la importancia de los empleados, que muchas veces son maltratados injustamente por usuarios enojados por el mal funcionamiento de un servicio en el que no se invierte desde hace mucho tiempo y que no es culpa del trabajador corriente, sino más bien de la cúpula de arriba del escalafón que gira los fondos para donde mas les conviene.