Según un informe de IDESA, esta decisión del Gobierno obliga a acelerar la emisión monetaria provocando una situación fiscal, social y políticamente insostenible.

De acuerdo con la información publicada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en 2021 los subsidios a la energía cubrieron el 56% del costo de la electricidad. Sin embargo, en caso de que el Gobierno decida mantener congeladas las tarifas y la inflación vuelva a ubicarse en el 50% anual, en el 2022 los subsidios pasarán a representar el 70% del costo de la electricidad y para el 2023, representarán el 80% del costo.

Ante esta situación, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) publicó un informe urgiendo a empezar a acordar medidas para evitar profundizar la crisis.

De acuerdo con el estudio, «estos datos alcanzan para mostrar que la estrategia de congelar la tarifa eléctrica en un entorno de alta inflación resulta extremadamente dañina. Con un irresponsable oportunismo político se está tendiendo a que los subsidios cubran casi la totalidad del costo de la electricidad.» Asimismo, señalan que «esto obliga a acelerar la emisión monetaria y al Banco Central a llevar a niveles insostenibles el stock de Leliq y pases para absorber los excesos de emisión. Si el gobierno aspira a ser reelecto y la oposición a gobernar en el 2023, ambos deberían acordar una salida urgente del congelamiento tarifario para evitar llegar a una situación fiscal, social y políticamente insostenible.»

Desde IDESA, resaltan que son muchas las acciones que se necesitan adoptar para comenzar a ordenar las finanzas públicas y moderar la emisión monetaria, pero ninguna tan urgente como replantear la política tarifaria. En ese sentido, destacan que el rechazado proyecto de presupuesto 2022 reconocía esta problemática al contemplar una disminución de los subsidios a la electricidad como principal factor de reducción del déficit fiscal. El proyecto planteaba una baja del déficit primario desde el 4% del PBI en el 2021 al 3,3% del PBI en el 2022. Prácticamente la totalidad de esa reducción se explicaba por el recorte en los subsidios a la electricidad, que pasaban de 1,6% del PBI en el 2021 al 1,0% del PBI en el presupuesto 2022. «Este planteo despeja cualquier tipo de dudas respecto a que no hay ninguna posibilidad de detener la emisión monetaria desenfrenada si no cambia la política de tarifas de los servicios públicos», aseguran.

«Sincerar las tarifas para moderar los subsidios es un desafío muy complejo», puntualiza el informe. El atraso tarifario es enorme y la situación social, productiva y política muy precaria. Se necesita una estrategia cuidadosamente diseñada y ejecutada para morigerar los conflictos.

Para concluir, el instituto señala que un esquema de tarifa social requiere ordenar las bases de datos sobre titularidad de los medidores eléctricos, valuaciones inmobiliarias y valores actualizados de los activos e ingresos de las familias.  «Es necesario hacer docencia respecto a los perjuicios que genera no pagar los costos de los servicios públicos hasta contar con un mecanismo de tarifa social que modere los impactos sobre los sectores más vulnerables», termina.

Fuente: Perfil