El proyecto enviado por Sergio Massa hacía responsables a las provincias por las deudas. La Nación no podrá retener giros a los gobernadores. Hay 96 cuotas para cancelar las facturas impagas.

Contrariando lo propuesto por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el proyecto de ley de Presupuesto 2023, el Congreso finalmente bloqueó la posibilidad de que la Nación retenga fondos a las provincias cuyas distribuidoras deben electricidad, aunque les encomendó “controlar el estricto cumplimiento” de esas obligaciones. Para afrontar ese pasivo, que en conjunto suma alrededor de 500 mil millones de pesos, los legisladores impulsan un aumento generalizado de tarifas eléctricas, que cada jurisdicción debe formalizar en tres meses.

La misma iniciativa parlamentaria avala la creación de un ente tripartito para regular la distribución y comercialización del servicio de Edenor y Edesur, las principales compañías del rubro por su envergadura.

Ese ente en gestación obligará a consensuar políticas tarifarias y exigencias de calidad del servicio entre los representantes de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, repartiendo las responsabilidades de lo que suceda con el servicio en el área más poblada del país. Este punto atravesó el sendero parlamentario sin dificultad.

Pero el artículo 89, que intenta regularizar la situación de deudas mayoristas por electricidad, sufrió una enorme metamorfosis que prueba al Parlamento como eficaz caja de resonancia de intereses no alineados con el poder central.

El proyecto girado por el Poder Ejecutivo había dispuesto que cada provincia o municipio no sólo arbitrara los medios necesarios para cobrar aquella deuda millonaria de las distribuidoras que no pagan la luz que distribuyen sino que convertía a esas jurisdicciones garantes del pago y expresamente establecía la posibilidad de retenerles fondos.

Esto entrañaba el riesgo de dejar a estados del interior sin dinero para obras públicas u otras prestaciones sensibles financiadas por la Nación, justo en un año electoral. Además las hacía “solidariamente responsables” por las deudas eléctricas del mercado mayorista.

En el dictamen de mayoría los atributos de la Nación se fueron limando. En el recinto, se rebanaron de cuajo: ahí alumbró un laxo plan de pagos de 96 cuotas para las deudas consolidadas.

Luego de la media sanción, una nota emitida el 31 de octubre por el secretario parlamentario de Diputados, Eduardo Sergnul al del Senado, Marcelo Fuentes, pidió hacer una corrección en carácter de “fe de erratas”: borrar la palabra “garantizar” de las responsabilidades provinciales.

Controlar (que no involucra recursos propios), sí. Avalar deudas, no.

Como contrapartida, la versión definitiva de aquel artículo dispuso que tanto Nación como las provincias en 90 días a partir de la aprobación del Presupuesto 2023 deben difundir nuevos cuadros tarifarios que contemplen el pago de aquellas deudas. Es decir, con valores aumentados.

Subir las tarifas no es competencia parlamentaria. Pero los legisladores están dando explícitamente un espaldarazo a nuevas subas en distribución, que se sumarán a las que se están registrando en el precio de la energía propiamente dicha, bajo el parámetro de la segmentación (más a unos usuarios que a otros).

Los precios de la electricidad minorista hoy configuran un mapa muy diverso. Un usuario de 250 kilowatt hora en el área metropolitana del nivel 1 (al que se le quitan los subsidios) tuvo en octubre una factura de 2.200 pesos. En Córdoba, el importe para cubrir ese consumo llega a 4.300.

La electricidad mayorista cuesta lo mismo en todo el país. Pero cada distribuidora tiene diferente jurisdicción y su propio margen.

Economía intenta terminar con un vicio recurrente. Empresas públicas, privadas o cooperativas que distribuyen electricidad hace tiempo tienden a financiarse dejando de pagar la luz que luego llevan a domicilios, comercios o industrias.

Como entre ellas y las generadoras que proveen ese insumo está Cammesa –la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.–, es la caja nacional la que termina cubriendo el bache a través de los subsidios, para garantizar la supervivencia de un sistema enrarecido y de deudas cruzadas.

En los últimos años ya ocurrió varias veces que distintas distribuidoras resolvieran su situación de caja dejando de pagar al sistema. La deuda acumulada deja a Cammesa, que orgánicamente depende de la secretaría de Energía de la Nación, en una situación extremadamente incómoda.

Las principales empresas que distribuyen electricidad en el interior son estatales y su tarifa y recaudación global están sujetas a criterios diversos de los gobernadores o entes de control que tienen potestad provincial.

En muchos casos, la factura de la luz es una interesante aspiradora de dinero para costear gastos que no tienen que ver con el servicio energético. A esta prerrogativa se añade, de hecho, la de demorar pagos a un proveedor que hasta el momento no ha demostrado ningún efectivo poder de cobro.

Cammesa podría interrumpir el servicio, pero dejar a oscuras un sector del país es inviable. Retener los fondos coparticipados, legal y técnicamente imposible. Los otros atajos, fueron bloqueados en recinto en el contexto de un presupuesto para el año próximo que ya recorta 22% en términos reales las transferencias desde la Administración Central, incluyendo la merma de fondos para rutas.

El caso de Edenor y Edesur, que hoy integran la lista de morosas de la luz, tiene sus particularidades. El poder concedente del servicio es la Nación y su órgano de regulación el Enre, que las está convocando a audiencia pública para revisar su margen (VAD), mucho más acotado que el de otras compañías del rubro.

Su servicio abarca el área metropolitana, una jurisdicción políticamente mixta. Durante la gestión de Mauricio Macri se había avanzado en la transferencia del servicio nacional a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad, que se ocuparían de regularlo a través de un organismo bipartito.

El traspaso se concretó a medias, no sólo porque el ente en gestación nunca tuvo la asignación de fondos correspondientes sino porque la provincia entonces gobernada por María Eugenia Vidal (Pro) no llegó darle el respaldo legal necesario.

En enero del año pasado las dos distribuidoras, el Enre, la secretaría de Energía (entonces a cargo de Darío Martínez), un representante de Kicillof y otro de la CABA acordaron anular definitivamente ese proceso y realizar lo necesario para crear un futuro organismo esta vez de tres patas: Nación, Ciudad y provincia.

El respaldo del Congreso de la Nación es una condición ineludible para crear el nuevo ente, que congregará a representantes de Larreta y Kicillof en la misma mesa. Seguirán vigentes los mismos contratos de concesión, reformulados de hecho por las sucesivas emergencias económicas y la desdolarización de las tarifas.

Si esa entidad tricéfala finalmente alumbra, repartirá las responsabilidades de controlar la calidad del servicio y de fijar los nuevos precios entre tres jurisdicciones que suelen tener signo político diferente. Un nuevo ensayo para un servicio cuyas condiciones están en constante mutación.

Fuente: Clarín