El presidente español cree que los dos impuestos permitirán recaudar cerca de 7.000 millones de euros en dos años.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que su Ejecutivo prohibirá a las grandes eléctricas y entidades bancarias trasladar a los ciudadanos los costes de los dos nuevos impuestos que propuso recientemente.

“La semana que viene grabaremos una propuesta de ley [ante el Congreso de los Diputados] para la aprobación de impuestos a las grandes empresas energéticas y entidades bancarias. El texto prohibirá que las empresas puedan trasladar los gastos a los ciudadanos”, declaró el secretario general del PSOE en la Comisión Federal extraordinaria del partido celebrada en Madrid.

En esta línea, el presidente destacó que con la propuesta de introducir dos impuestos adicionales, su Gabinete pide “lo mismo que los consumidores que están soportando el flagelo de la crisis y que esta situación no derivan en bonificaciones de sus altos directivos no engordes tus ganancias“. Además, estimó que los impuestos en cuestión permitirán recaudar cerca de 7.000 millones de euros en dos años.

En defensa de la iniciativa, Sánchez insistió en que con ella su Gobierno opta «por estar con la clase media y trabajadora» y busca garantizar «un reparto justo de los costes de la crisis«, por lo que no permitirá que «el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos».

Además, el líder socialista recordó que este tipo de impuestos ya existen en naciones como Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia o Suecia y que organismos como la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o el Fondo Monetario Internacional aconsejó su introducción.

En este sentido, el presidente del Gobierno criticó la oposición de los partidos de Correcto, a pesar de que medidas similares están vigentes en “países avanzados con gobiernos conservadores” Ya hemos visto que la derecha española ha anunciado su oposición. Como siempre. Es verdad que no nos sorprende”, sentenció.

Sánchez volvió a rechazar de su Gobierno la propuesta de la Comisión Europea de reducir el consumo de gas en un 15% hasta abril de 2023, como plan de emergencia en caso de corte de suministro ruso. En este sentido, ha señalado que Madrid «no puede aceptar imposiciones lo que tendría “un efecto perjudicial sobre el tejido industrial y sin beneficio claro para nadie”.