La profunda discrepancia entre el staff del FMI y el Presidente empantanó el acuerdo que permitiría evitar un posible default hacia fines de marzo.

El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) exige al gobierno un ajuste de las tarifas eléctricas del 60% para este año. Alberto Fernández rechazó esta exigencia y reiteró que sólo autorizará un aumento promedio del 20% y la segmentación entre los usuarios de mayor capacidad económica.

La propuesta presentada por Martín Guzmán establece que el déficit fiscal en 2022 será de 2.5 del Producto Bruto Interno (PIB). El staff del FMI convalidó ese porcentaje de déficit, pero no cree en la forma de reducción del gasto que articulará el ministro de Economía para cumplir con el primer tramo del sendero fiscal.

Julie Kozack y Luis Cubeddu –los negociadores del Fondo- solicitaron que las tarifas eléctricas de 2022 aumenten en un 60%. De esta manera, los subsidios bajarían un número similar –60%- y el déficit de 2022 quedaría en 2.5 del PBI.

Alberto Fernández no está de acuerdo con ese fuerte ajuste de la economía y tampoco tiene margen político para satisfacer esas exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner no comparten la negociación que emprende Guzmán por orden directa del Presidente, y aguardan un traspié del ministro para forzar su caída y ocupar su lugar con uno leal a ellos.

El jefe de Estado necesita el acuerdo para evitar el default en marzo y esquivar un probable cambio de gabinete si fracasa la negociación con el FMI. Alberto Fernández respalda y protege a Guzmán, pero también le exige que cierre cuanto antes una negociación que lleva más de dos años.

Frente al reclamo presidencial, el ministro está en serias dificultades: si Alberto Fernández insiste en su posición de rechazar el aumento de tarifas, Guzmán no podrá cerrar el staff agreement con el FMI. Se trata de un asunto clave del programa económico, y el Fondo no bajará la guardia.

En Washington recuerdan qué sucedió con los negociadores del FMI que cerraron el crédito Stand By con Mauricio Macri, y ningún técnico del Fondo quiere ser expulsado del paraíso de la burocracia global por cuenta y orden de la Argentina.

El staff agreement debería llegar a Diputados –como proyecto de ley-, hacia fines de febrero. Y a partir de ese momento, la bancada oficialista tiene que lograr su media sanción a mediados de marzo.