Si bien desde la agrupación que conduce el diputado Máximo Kirchner dejaron trascender que no bloquearán el incremento del costo de los servicios que propone Guzmán, señalaron que “no se harán cargo de las consecuencias sobre la economía y la gente”

En los próximos días se espera que el Ministerio de Economía actualice los valores de los servicios de gas y electricidad, a través de la Secretaría de Energía, que deberá publicar los nuevos cuadros tarifarios. Esta medida, que se da en un contexto de inflación interanual de 58%, es mirada como un test de poder para el ministro Martín Guzmán, quien deberá avanzar sobre una política contraria a la voluntad de La Cámpora.

Si bien desde la agrupación que conduce el diputado Máximo Kirchner dejaron trascender que no bloquearán los aumentos tarifarios que propone Guzmán, una documentación técnica del Ministerio de Economía dice lo contrario. Es más, fuentes del cristinismo indicaron que “no se harán cargo de las consecuencias sobre la economía y la gente”.

El 18 de abril pasado, la cartera que conduce Guzmán publicó el dictamen jurídico para la convocatoria a audiencias públicas para tratar los nuevos precios de los servicios de gas y electricidad. Se trató de un paso administrativo necesario para subir las tarifas. En ese documento, al que tuvo acceso LA NACION, se evidencia el esfuerzo técnico que debió realizar el equipo de Guzmán para que no se tomara en cuenta un informe desfavorable al aumento de tarifas que había realizado la Subsecretaría de Energía Eléctrica, bajo el liderazgo de Federico Basualdo, un referente de La Cámpora.

Sucede que, para aumentar las tarifas, Guzmán debió primero pedir dos informes técnicos a las subsecretarías de Energía Eléctrica y de Hidrocarburos, para que describieran los costos del servicio de electricidad y gas, respectivamente, y los niveles de subsidios que le demandan al Tesoro. Mientras que el reporte que realizó la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, fue completamente técnico, el informe de Basualdo fue más allá de lo requerido y hasta dio una opinión sobre política económica: “[El aumento tarifario] resulta contradictorio con los objetivos de crecimiento económico planteados en el acuerdo [con el FMI] y ejercerá una considerable presión sobre el resto de los precios de la economía”.

En su momento, el Ministerio de Economía indicó que el texto elaborado por Basualdo “no es un informe técnico” y que “no es lo que se le pidió”. En el documento para convocar a audiencias públicas, sin embargo, la cartera que conduce Guzmán lo escribió con estas palabras: “Si bien luce agregado el informe solicitado a la Subsecretaría de Energía Eléctrica incorporado como archivo embebido en el orden 3, el mismo no da sustento técnico requerido a fines de propiciar la medida impulsada por el Secretario de Energía, significando que se han considerado integradamente los Informes técnicos elaborados por la Subsecretaría de Planeamiento Energético (v. orden 5 y su archivo embebido, y orden 8), por la Secretaría de Política Económica (v. orden 6) y por la Secretaría de Hacienda, que resultan contener los argumentos técnicos imprescindibles para ello brindándole el fundamento necesario para el impulso del acto bajo estudio”.

El documento fue escrito por Luis Alberto Quintero, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, y por Gustavo Ferrero, director de Asuntos Legales de Energía. En una parte del dictamen jurídico se agregó también el informe técnico que realizó la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que conduce Santiago López Osornio, un funcionario cercano a Guzmán, que respondió a las críticas que había realizado Basualdo.

“En el informe aludido se hace una interpretación distorsiva de este criterio al considerar que la variación debe ser la del promedio anual en lugar de la variación acumulada. De esa manera, se propone una medida cuyo impacto acumulado al considerar las modificaciones ya implementadas en el precio estacional alcanza una variación del 65%, muy superior al 42,7% planteado como tope en el criterio antes mencionado. Por lo tanto, revisadas tales conclusiones, las situaciones complejas para enfrentar su pago que se mencionan no resultan significativas en esta instancia”, sostiene.

Asimismo, también utiliza un informe de la Secretaría de Hacienda para responder la crítica de Basualdo acerca del ahorro en subsidios de $163.463 millones, que para el subsecretario de Energía Eléctrica implica “una reducción de subsidios de sólo el 13% para el año 2022″. Es decir, para La Cámpora, el ahorro fiscal es muy bajo con relación al impacto que tiene el aumento tarifario en la sociedad.

La Secretaría de Hacienda, por lo tanto, dio ejemplos de lo que implicaría un ahorro de $163.463 millones: “Duplicar el incremento de la tarjeta alimentar otorgado en mayo 2022, es decir, podría haberse otorgado un incremento del 100% de la tarjeta. Cinco meses del programa Potenciar Trabajo de acuerdo a su ejecución en 2022. Seis meses de la ejecución correspondiente a la Asignación Universal por Hijo en 2022. Otorgar cuatro bonos a jubilados a lo largo del año 2022, de igual monto y similares características a la anunciada en el mes de abril. Representa alrededor del 98% de gasto en Vacunas COVID + Becas Progresar ejecutado en el año 2021. Implicaría más del 100% del gasto de capital devengado por la Dirección Nacional de Vialidad a lo largo del año 2021. Al mismo tiempo, dicho ahorro significaría casi duplicar la asignación otorgada en el 2021 para el programa Repro”.

Fuente: La Nación