El escenario energético regional cierra un ciclo histórico. Mientras que en Chile el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) reporta cifras jamás vistas de inversión aprobada, en Argentina el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ha transformado las “promesas de inversión” en proyectos con nombre y apellido.
Para el sector eléctrico, esto representa una oportunidad de expansión de infraestructura sin precedentes.
Chile: El año de la consolidación eléctrica
El 2025 marcó un hito en el país trasandino con la aprobación de USD 41.530 millones. Lo más relevante para nuestra industria es que el sector energético lideró con el 47,3% del total (aprox. USD 20.000 millones), superando por primera vez de forma tan holgada a la minería.
Los pilares de este éxito fueron:
Transmisión de vanguardia: La aprobación de la línea HVDC Kimal-Lo Aguirre.
Hidrógeno Verde: Megaproyectos como Volta (USD 2.500 millones) ya cuentan con permiso ambiental.
Almacenamiento (BESS): La integración masiva de baterías para estabilizar la red renovable.
Argentina: El RIGI como motor de arranque
A diferencia del modelo centralizado chileno, Argentina opera bajo un esquema federal donde las provincias tienen el dominio de sus recursos. Sin embargo, el RIGI ha funcionado como una “ventanilla única” de incentivos fiscales que ya acumula solicitudes por USD 35.500 millones.
Si bien la minería (cobre y litio) lidera el interés con un 65%, el sector eléctrico y de gas (33%) es el que sostiene la viabilidad de esos proyectos:
Vaca Muerta y GNL: Proyectos que requieren una infraestructura eléctrica masiva para plantas de licuefacción y bombeo.
Renovables para Minería: El auge del cobre en San Juan y Salta está traccionando la necesidad de parques solares y líneas de alta tensión privadas para abastecer yacimientos aislados.
Estado de situación: A enero de 2026, casi el 47% de las solicitudes RIGI ya han sido aprobadas, lo que inicia la etapa de licitaciones y compras de suministros.
El desafío: Permisos vs. Capital
La gran diferencia radica en la ejecución. Chile ya otorgó los “permisos de construcción” (DIA/EIA), mientras que Argentina tiene el “compromiso de capital”. El desafío para nuestro país en 2026 será que las provincias agilicen sus procesos ambientales para que esos USD 35.000 millones se traduzcan en obras físicas en el corto plazo.