La interventora del ENRE mandó una carta para definir una renegociación integral de las tarifas, subsidios, obras, inversiones y créditos de los que se hará cargo el Estado en los próximos años

Después de casi un año sin novedades, el kirchnerismo giró una nota administrativa al secretario de Energía, Darío Martínez, y a su jefe directo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, para que apuren definiciones claves en el sector eléctrico sobre el «período de transición tarifaria».

Esto incluye una renegociación definitiva de las tarifas (Revisión Tarifaria Integral, RTI) y acuerdos para canjear multimillonarias deudas cruzadas por inversiones prioritarias que sostengan la calidad del servicio.

El Gobierno convoca a audiencias públicas para definir subas de luz y gas

La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), María Soledad Manín, firmó una nota en la que «informó al Poder Concedente la situación de las Concesionarias del Servicio Público (de transporte y distribución de energía) y solicitó que se avance en la definición del período de transición tarifaria», según comunicó el organismo.

Lo que está en juego es una suma de $ 100.000 millones, que es el déficit operativo anual de las distribuidoras Edenor y Edesur por el atraso de las tarifas en relación a la inflación.

Frente a la falta de traslado a los usuarios de tarifas que repaguen los costos (como política de ingresos para otorgar un «salario indirecto», en la visión del kirchnerismo), el Gobierno busca financiar a las empresas para sostener la calidad del servicio y evitar cortes de luz el próximo verano.

TARIFAS ELÉCTRICAS

Para el ENRE, «con el objetivo de avanzar en la regularización de la situación de las concesionarias, esta intervención solicitó al secretario de Energía que arbitre los medios necesarios para que el poder concedente avance en la negociación de las Actas Acuerdo de Transición de Edenor y Edesur».

«Los lineamientos generales del régimen de transición fueron puestos a consideración del Ministerio de Economía en junio de 2021. La definición sobre este régimen permitirá avanzar con los objetivos establecidos por el Decreto 1020/2020 en torno a los Regímenes de Transición y la suscripción de las Actas Acuerdo de Transición», completa el comunicado oficial.

Según cuentan algunas fuentes de Gobierno, la regularización de las concesiones permitirá «formalizar planes de inversiones, tarifas y volver al marco regulatorio».

En otros términos, se trata de canalizar una ayuda del Estado a las empresas a través de subsidios indirectos, obras y créditos. «Falta el plan a seguir, la previsibilidad. El acuerdo se debió haber activado el año pasado», dicen en un despacho oficial.

Antes de la audiencia pública de febrero, Edenor y Edesur informaron al Gobierno que necesitaban contar con $ 100.000 millones en conjunto para cubrir inversiones prioritarias, mantenimientos, salarios e impuestos, entre otros costos. Luego tuvieron un ajuste de apenas el 8% en su margen de distribución a partir de marzo, que las firmas consideraron insuficiente ante la aceleración de la inflación.

Otra de las cuestiones pendientes es la deuda de las compañías que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que supera los $ 60.000 millones, con intereses que siguen corriendo. El Artículo 87 del Presupuesto 2021 contemplaba un canje de esas acreencias por inversiones, pero no hubo avances.

Los comentarios en los pasillos oficiales señalan que el Instituto Patria busca apurar a Darío Martínez para que firme los acuerdos, aunque otros apuntan a que es un nuevo capítulo de la interna contra Martín Guzmán, que el año pasado intentó despedir al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Manín, la interventora del ENRE, es funcionaria de confianza de Basualdo y responde a las directivas de Cristina y Máximo Kirchner.

Fuente: Cronista