La emergencia eléctrica se extiende y mantiene el marco de política energética para reorganizar el sistema y reducir subsidios

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La prórroga de la emergencia eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2027, establecida por el DNU 585/2026, preserva el marco excepcional que permite ordenar el sistema en tres frentes simultáneos: infraestructura, cadena de pagos y subsidios.

La medida abarca generación, transporte y distribución bajo jurisdicción federal y mantiene las facultades técnicas necesarias para adecuar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en un escenario donde la demanda crece más rápido que la capacidad disponible.

El decreto sostiene que persisten las condiciones que motivaron la declaración original de 2023. El sistema operó con un margen de reserva del 4,4 % durante el pico de demanda de febrero de 2025, cuando el consumo alcanzó 30.257 MW, un nivel que no permite absorber contingencias sin riesgo operativo.

A ello se suma que más del 60 % de las fallas en la red de distribución se concentran en alimentadores con más de 25 años de funcionamiento y que numerosas estaciones transformadoras operan con utilización superior al 90 %, indicadores que reflejan saturación estructural y necesidad de inversión sostenida.

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La política energética definida en el DNU articula la emergencia eléctrica con la del sistema de gas natural, también extendida hasta 2027. La coordinación es técnica: el gas es el principal insumo de la generación termoeléctrica y plazos regulatorios distintos podrían generar desajustes en abastecimiento, costos marginales y programación del despacho.

El esquema de subsidios también atraviesa una transición. La norma habilita la continuidad del proceso de reducción gradual de subsidios generalizados y su reemplazo por Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientados a usuarios con criterios socioeconómicos definidos. El objetivo declarado es fortalecer la cadena de pagos, garantizar señales de precio consistentes y avanzar hacia tarifas que la Ley 24.065 define como “justas y razonables”.

La política energética que emerge de la prórroga combina tres vectores:

  • normalización del MEM, con reglas de remuneración y contratación más estables;
  • inversiones en infraestructura, para reducir fallas, ampliar capacidad y sostener la demanda;
  • ordenamiento del esquema de subsidios, para mejorar previsibilidad financiera y evitar distorsiones en el despacho.

La emergencia funciona como un marco operativo para sostener la seguridad del sistema mientras se ejecutan obras, se reorganiza la estructura tarifaria y se estabiliza la cadena de pagos. En un escenario de demanda creciente y redes exigidas, la política energética requiere continuidad regulatoria y capacidad de respuesta técnica, condiciones que el DNU mantiene hasta 2027.

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