Un juzgado de la Ciudad de México ha suspendido de manera provisional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aprobada por el Congreso.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro ha concedido esta suspensión ante la demanda de las empresas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana, aunque ha aclarado que la suspensión se aplica al resto de empresas participantes en la industria eléctrica mexicana.

«(La suspensión) debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector», ha explicado el juez.

La reforma propuesta por López Obrador tiene el objetivo de dar mayor protagonismo a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector eléctrico y limitar la participación de agentes privados.

De este modo, las plantas hidroeléctricas, nucleares, geotérmicas, de ciclos combinados y termoeléctricas de la CFE serían las primeras en suministrar energía al sistema eléctrico. Tras la CFE, las plantas eólicas y solares serán las suministradoras energéticas y, en última instancia, las compañías privadas.

Entre los motivos para la suspensión, el juzgado ha advertido de que las modificaciones que se realizan a la Ley de la Industria Eléctrica podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico.

Entre otros posibles efectos derivados de la reforma, el Juzgado ha destacado la posible alteración en la dinámica de competencia dentro del sector, además del desincentivo a los titulares de centrales eléctricas para realizar inversiones para transitar a tecnologías más eficientes.

«Se otorgan ventajas competitivas a las empresas generadoras de energía de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando la venta de su producción, sin que esta sea necesariamente la más económica».

Esto, según el juzgado, motivaría la ineficiencia de sus plantas de generación, porque ya no tienen que competir con otros generadores.

Por otra parte, la nueva reformar podría generar incertidumbre sobre el otorgamiento de permisos, lo que afectaría las condiciones de entrada y reduciría los incentivos para realizar nuevas inversiones para instalar proyectos de generación eléctrica, por lo que también se constituye como una barrera para la entrada en dicho mercado.