La Secretaría de Energía también advierte de un “manejo bastante opaco” del Fondo Unificado de la recaudación entre distribuidoras y generadoras en los últimos 20 años.

Las distribuidoras y cooperativas eléctricas de todo el país mantenían a fines del año pasado una deuda por más de $ 307.000 millones con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por los incumplimientos de los pagos por la energía recibida, una situación considerada por las actuales autoridades energéticas como parte de los problemas recaudatorios que atentan contra la autosuficiencia económica del sistema, tanto por el atraso de las tarifas como por el esquema de subsidios generalizados.

El monto de la deuda que dio a conocer el secretario de Energía de la Nación, Eduaro Rodríguez Chirillo, refleja parte del problema aún irresuelto a pesar de numerosas negociaciones y acuerdos en los últimos dos años a través de moratorias y extensos planes de pago contemplados en el régimen de regularización de obligaciones.

En ellos también se reconocieron créditos que debían impactar en los usuarios facilitando la normalización de los pagos, permitiendo planes a tasa 0 e incluso condonaciones parciales o totales de las deudas, así como el cumplimiento de obras que mejoren la cantidad y calidad de electricidad ofrecida a los usuarios.

El análisis de la actual situación se explica en que la recaudación cubre menos de la mitad de los costos de las distribuidoras lo que genera dos problemas simultáneos. El primero es la reducción de la inversión en mantenimiento de redes y equipos, y el segundo es que ante situaciones de olas de calor los cortes se vuelvan más frecuentes y extensos.

Por esto, la Secretaría de Energía resaltó en las dos audiencias públicas recientes para el ajuste de las tarifas de transporte y distribución que la tarifa no refleja el costo real del suministro y explica que se hayan acumulada la deuda de las distribuidoras y cooperativas con Cammesa que asciende a $ 307.717 millones a diciembre.

El último informe oficial indica que la demanda anual de los distribuidores fue el año pasado de 117.539 Gw/h; el precio monómico promedio fue de $ 22.657 por Mw/h aunque el precio monómico pasado a tarifas fue de $ 9.942 por Mw/h.

Esto habla de una cobertura del precio de la demanda del 45% que demandó un subsidio anual mayorista resultante de US$ 4.800 millones y que de mantenerse el actual esquema se elevaría a US$ 5.230 millones.

Pero además se resalta que el Estado nacional viene dando cobertura de “un modo bastante opaco” a la falta de recaudación que Cammesa recibe de las distribuidores y cooperativas, y lo hacía a través de una cuenta que se denomina Fondo Unificado que nutre al Fondo de Estabilización para el pago a los agentes vendedores de la diferencias entre lo que se recauda por tarifas y lo que deben recibir los generadores por los contratos de energía vendida.

Así, la Secretaría de Energía precisó que el fondo unificado se nutre de aportes del Estado nacional que en los últimos 20 años fue de US$ 104.000 millones equivalente. Sólo para el año 2023, fue de US$ de 6.218 millones con el único fin de no pasar ese dinero a tarifa del usuario y que benefició a todas las distribuidoras del país.

Pero, además, se asegura que estos miles de millones de dólares no están reflejados ni siquiera en la tarifa plena que pagan los consumidores N3 de mayor poder adquisitivo, por lo que se afirma que la denominada tarifa plena no es tal.

Por estos aportes del Tesoro Nacional, el Fondo funcionó como rueda de auxilio a las deudas de los agentes compradores, quienes, al no recoger lo suficiente por las tarifas planchadas, enfrentaron la imposibilidad de mantener lo mínimo e indispensable para asegurar la continuidad del servicio.

El Gobierno también identifica que hay vigentes compromisos de obras de inversión asumidas por el Estado frente a provincias, de los cuales hay $ 34.000 millones correspondientes al sector eléctrico, una práctica asumida desde 2004.

A la vez se viene produciendo un incremento de las funciones de Cammesa, como comprador único mediante la firma de contratos de largo plazo, en lugar de ser la compañía administradora del mercado y encargada del despacho como tareas técnicas originales.

Se trata de contratos de abastecimiento de energía que en situaciones normales debieron ser suscriptos por la demanda, tanto en generación térmica convencional como en renovable que se realizó a través del denominado mecanismo de compras conjuntas, con precios establecidos en dólares que deberían trasladarse a tarifa final pero que no ocurrió por el subsidio generalizado a la demanda.

Fuente: Mejor Energía