En el 2023 finaliza el plazo de las concesiones. Nación plantea una prórroga de un año, mientras que legisladores reclaman por la participación provincial. Quién tomará el control?

Este año, que tiene como protagonista a las elecciones, también determina la finalización de algunas concesiones de represas hidroeléctricas ubicadas en Río Negro y Neuquén, donde se pone en juego una de las discusiones cruciales para el futuro de las provincias patagónicas: quién tomará la gestión.

Hoy estas represas se encuentran bajo dominio del Estado nacional, concesionadas a empresas privadas en el año 1993. La intención, en la que ya trabajan legisladores de la región, es que pasen a manos provinciales una vez que finalicen los contratos actuales.
Sin embargo, recientemente, desde la Secretaría de Energía de Nación anunciaron que están analizando dar una prórroga de un año a las actuales concesiones, lo cual ha generado cierta incomodidad y sospechas entre legisladores de que pueda extenderse a una década más.

Entre sus argumentos, la secretaría sostiene que las represas son de índole nacional, porque afectan directamente al interconectado de energía eléctrica, mientras que legisladores de las provincias donde se ubican las represas se aferran a la reforma de la Constitución de 1994, cuando se estableció que los recursos naturales, incluyendo los ríos y represas, pasarán a manos de las provincias. Si bien este punto se viene abordando en comisiones legislativas donde diputados han planteado esta potestad como legítima, aún no tomó forma.

En ese marco se abre un debate político, en el que incluso algunos legisladores advierten que llevarán esta causa a instancia judicial, y podría trasladarse a manifestaciones sociales por neuquinos y rionegrinos. Parte del planteo sobre las represas hidroeléctricas se ampara en el antecedente de la “Ley Corta”, en el año 2007, cuando las provincias pasaron a tener poder concedente de los yacimientos, y al llegar el momento de los vencimientos de las concesiones dadas en la década de 1990 tuvieron que negociar las prórrogas de esas concesiones; se informó acerca de cuál era el estado de cada pozo petrolero y, en base a eso, pusieron un precio a la continuidad de su administración por diez años.

Es un ejercicio que las provincias ya han hecho y pretenden emular de cara al debate sobre las represas hidroeléctricas en el 2023.

Sobre las centrales en cuestión, la región Comahue (Neuquén y Río Negro) cuenta con nueve represas hidroeléctricas, de las 95 que existen en la Argentina. Estas se agrupan en dos conjuntos: por un lado, las que, en su origen, eran propiedad de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, y por el otro, las que se encontraban bajo la órbita de Hidronor S.A. Entre las concesiones de este segundo grupo de centrales están las que vencen a partir de 2023, la mayoría actualmente administradas por empresas de origen estadounidense, salvo las de El Chocón y Arroyito.

Sobre el río Limay figuran las represas Alicurá, gestionada por la empresa AES; Piedra del Águila, cuya concesión posee SADESA y su titular es Nicolás Caputo, quien fue funcionario del expresidente de la Nación Mauricio Macri; Pichi Picún Leufú, dirigida por Pampa Energía, cuyo presidente es Marcelo Mindlin; El Chocón y Arroyito, manejadas por el grupo Enel, de origen italiano, que posee participación también en la firma Enel Generación Costanera, exCentral Costanera.

En tanto que sobre el río Neuquén se encuentra la denominada Planicie Banderita, central que es administrada por la compañía Orazul Energy, la cual gestiona también las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar.

Las concesiones que fueron firmadas en en 1993 por un plazo de tres décadas vencen este año. Allí se encuentran Alicurá, El Chocón, Arroyito y Planicie Banderita, que finaliza el 11 de agosto, y Piedra del Aguila, que expira el 29 de diciembre.

En efecto, y de acuerdo al propio marco regulatorio, las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado nacional.

Otro tema que subyace a la discusión es la cuestión de las regalías hidroeléctricas, teniendo en cuenta que Neuquén exige una devolución correspondiente al lapso comprendido entre agosto de 2016 y julio de 2021, que supera los 1.164 millones de pesos.

El mapa se modificaría si las represas vuelven a manos provinciales. Y hay un detalle no menor de fondo: el costo que pagan en las provincias por un bien que producen. Exigen tarifa diferencial por ser productoras y reclaman que hoy se les cobra traslado y transporte de la energía, desconociendo su rol en la cadena de producción.

En efecto, la posesión y la administración de las represas hidroeléctricas se trata de una negociación que formará parte de los ejes de campaña de los partidos políticos que intentarán reforzar la identidad y soberanía provincial de cara a las elecciones que tendrán lugar en 2023.

Mariano Mansilla- Diputado provincial UNE

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