Finaliza 2022; en un año habrá nuevo gobierno. Argentina tiene anomalías crónicas en su sector energético que deberían ser corregidas desde la política en los próximos tres años. Se requieren cambios de fondo –y consensuados– para revertir erróneas decisiones de las últimas tres décadas.

Los déficits eléctricos son mayúsculos:

Termina el año; llega el verano y se corta la luz.

El lunes 6 de diciembre se produjo el récord de demanda eléctrica en el país para un día hábil. A las 14.43, la demanda nacional llegó a 28.883 MW; y pudo ser cubierta gracias a una importación de Brasil, de Uruguay y de Paraguay por 1.835 Mw; sin ello, hubiéramos ido a un corte de electricidad con impacto nacional.

En esa hora crítica Argentina tenía –según datos oficiales de Cammesa– 11.597 MW del parque de centrales fuera de servicio por imputables a la mala programación y a fallas de inversión en mantenimiento de las centrales termoeléctricas y nucleares.

Conclusión 1: nuestro parque de centrales eléctricas opera al límite de sus posibilidades.

Segundo fin de semana de diciembre: el AMBA sin servicio eléctrico al 10% de los usuarios residenciales.

Entre 9 y 10 de diciembre, el ENRE denunció que 570 mil usuarios en el AMBA se encontraban sin servicio en medio de la impresionante ola de calor. Un valor inadmisible en la zona más importante del país.

Conclusión 2: el sistema de distribución no es apto para abastecer la demanda domiciliaria en los días de calor y requiere inversiones.

La empresa ENEL propietaria de Edesur se retira de la Argentina. La empresa italiana ENEL –propietaria de Edesur– no encuentra las condiciones económicas para prestar el servicio público de electricidad en Argentina y deja el país para concentrarse en Colombia y en Chile.

Conclusión 3: las de jerarquía internacional se retiran de Argentina; la experiencia prueba que serán reemplazadas por empresarios locales con menos experiencia y afines al gobierno de turno.

Fallas institucionales crónicas desalientan la inversión. La energía se desenvuelve en un marco institucional endeble; la anomalía en la toma de decisiones es la regla; y ello genera el desorden en el largo plazo. Algunos ejemplos:

Los entes reguladores intervenidos “sine die”.

ENRE y Enargas deben aplicar las leyes regulatorias. Fueron intervenidos en 2019 al inicio del actual gobierno. Esas intervenciones han sido prorrogadas recientemente mediante la Res. 815/22. La intervención perpetua revela la incapacidad del país para gestionar en institucionalidad plena, y debería cesar.

Cammesa es una institución al margen de la ley que debe ser reestructurada.

Cammesa es la administradora del mercado mayorista eléctrico, su función institucional es realizar el despacho nacional de cargas y administrar las transacciones del mercado eléctrico mayorista de electricidad. Cammesa no debería comprar ni vender electricidad.

En su directorio participan el Estado nacional y un representante por cada uno de los actores privados del mercado: distribuidoras, transportistas, generadores y grandes usuarios. Es un sinsentido que el Estado nacional maneje la institución a su antojo y que fije precios arbitrarios de compra a generadores y de venta a las distribuidoras por un sistema de precios arbitrario.

Cammesa –con la complicidad privada– funge como un canalizador monumental e irracional de subsidios financiados por el Tesoro nacional que perturban a toda la economía.

La construcción de las obras energéticas: desorden con gran atraso que requiere una reforma sistémica.

Es conocido que las obras públicas se deciden en forma viciada asignando prioridades sin contar con los debidos estudios y planes que los fundamenten. No se cumplen los criterios más elementales de lógica para decidir qué obras realizar y con qué prioridad.

El resultado es el atraso de obras de transmisión en alta y extra alta tensión necesarias para transportar a los centros de consumo la energía de las grandes centrales de energía renovable que Argentina debería construir en el marco de la transición energética. Lo mismo ocurre con las obras hidroeléctricas, y es notable la mala performance en el río Santa Cruz.

Es insólito también que el país haya comprado a China una central nuclear sin haber cumplido con los requisitos de evaluación de proyectos previstos en la ley de inversión pública, y lo peor es que la obra se encuentre paralizada.

El Estado nacional debe retomar el manejo de las concesiones de las hidroeléctricas que vencen en 2023, pero permanece dubitativo y sin resolver el problema.

Es inexplicable que el Gobierno, estando próximo el vencimiento de las concesiones de las grandes centrales hidroeléctricas de la ex-Hidronor, no haya sido abordado este tema tan importante. Falta de claridad del gobierno nacional para resolver, y la enorme pasividad del oficialismo debería ser denunciada por la oposición en el Congreso con un urgente pedido de informes.

Visto el tiempo trascurrido y que las primeras concesiones vencen en mayo de 2023, se debería acordar la prórroga de un año por ley del Congreso hasta 2024; vencido ese plazo, el Estado nacional debe proceder según los contratos firmados a partir de 1993.

Futuro energético con incógnitas. Argentina carece de un plan estratégico. Es necesario que el nuevo gobierno diseñe una estrategia acordada y sostenible aprobada por una ley del Congreso. Para ello se necesitan acuerdos políticos amplios que hoy no existen.

A partir de allí, Argentina debería acordar con sus socios regionales, en particular con el Mercosur, una posición unificada para sostener en los foros internacionales

Es clave que la política se imponga por sobre el poder de las corporaciones en las decisiones, porque está en juego el bienestar global. El éxito o el fracaso se medirán por la capacidad del mundo para controlar los efectos sobre el clima que se derivan de un modo global de consumo energético y de relación entre la sociedad y la naturaleza. El futuro energético es de transiciones y de reemplazo de combustibles fósiles por combustibles que no produzcan gases de efecto invernadero. Y los objetivos de cero emisión neta deben ser alcanzables en forma mancomunada y equitativa por la comunidad internacional.

El mundo está inmerso en una guerra inoportuna e injusta en Europa, un teatro de operaciones con flujos de energía perturbados de magnitud mundial. La guerra ha puesto en primer plano el valor estratégico del suministro energético seguro para el bienestar de los pueblos. Invita a reflexionar sobre el valor de la política en la definición de estrategias energéticas, que no solo deben ser de mínimo costo, sino que además deben ser seguras en la capacidad de abastecer a un país, aun en las condiciones más adversas.

Por otro lado, no resultan claros los acuerdos de la COP 27 de Egipto. No está bien definido, por ejemplo, cómo detener el desmonte global y cómo financiarlo, ya que esto es una componente obligada de una estrategia de cero emisión neta de gases de efecto invernadero. De la misma forma, no ha quedado claro cómo va a ser la sustitución a nivel global del otro gran componente de la estrategia de cero emisión neta: es decir, la eliminación paulatina del uso de los combustibles carbonosos y su reemplazo por el motor eléctrico.

Es fundamental que nuestro país mejore su capacidad de definir planes y estrategias de largo plazo consistentes y seguras.

Fuente: Jorge Lapeña, Exsecretario de Energía. Presidente del IAE Mosconi para Perfil