Los contratos eran para ampliar la generación térmica (a gas) de Central Puerto, Pampa Energía, Albanesi, MSU, YPF y PAE.

La Secretaría de Energía canceló este miércoles la adjudicación de contratos para ampliar centrales de energía termoeléctrica por 3.340 megavatios (MW) de potencia que surgieron de una licitación convocada por el anterior Gobierno, a pocas semanas del cambio de autoridades.

Esta decisión fue materializada con la resolución 151/2024, que lleva la firma de Eduardo Rodríguez Chirillo, y complementa a la resolución 150, también publicada en el Boletín Oficial, que da un paso hacia la desregulación del mercado eléctrico.

La «TerConf» había sido adjudicada el 29 de noviembre de 2023 mediante la resolución 961 firmada entonces por Flavia Royón y suponía la firma de nuevos contratos entre las generadoras eléctricas como Central Puerto, Pampa Energía, Albanesi, MSU, YPF y Pan American Energy -PAE-, entre otras, con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), un modelo que este Gobierno quiere terminar.

El total de la nueva potencia adjudicada fue de 3.340,39 megavatios (MW), un 7% más que el parque actual, que ronda los 43.000 MW instalados, aunque cerca de 30.000 MW suelen estar disponibles en los picos de demanda -los días de más calor en el verano-. Para ampliar el sistema eléctrico con esa capacidad, se hubieran necesitado inversiones por unos 4.000 millones de dólares.

Hacia adelante, las autoridades procuran que los contratos se firmen entre privados: generadoras con distribuidoras, sin la intervención del Estado en el mercado.

«La decisión responde a que la adjudicación se realizó a menos de un mes de la asunción del presidente Javier Milei, lo que resulta llamativo y un motivo más que suficiente para revisar el proceso llevado a cabo», comentaron fuentes oficiales.

«En el actual contexto de emergencia económica y energética, se va a evaluar en profundidad las diferentes alternativas de abastecimiento, en el corto y mediano plazo, y los costos asociados», agregaron.

Esta definición es cuestionada en el sector privado, donde entienden que es urgente hacer inversiones en el parque de generación eléctrica, sobre todo para reforzar el abastecimiento en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Según dos especialistas del mercado, que prefieren hablar off the record, el crecimiento de la demanda y el desgaste en las máquinas y redes implican que el sistema eléctrico deba tener un refuerzo en el nodo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para que en el verano de 2026 -dentro de un año y medio- no falte energía disponible.

«Para el sistema eléctrico, se puede someter a un innecesario riesgo de falta de suministro en la ciudad de Buenos Aires por tener que seguir confiando en máquinas muy viejas para los momentos de alta demanda del verano. Quizás no se vea esto en el verano próximo, pero si no se hace algo urgente, sí se notará en los veranos de los años subsiguientes», explicaron.

La construcción o ampliación y recambio de máquinas de generación eléctrica suele tardar entre 18 y 24 meses, por lo que el calendario pone en aprietos al Gobierno para definir un plan.

Cambios en Cammesa

En ese sentido y mediante otra norma publicada este miércoles, la resolución 150/2024 de Energía, el Estado dio un paso para empezar a correr a Cammesa del mercado eléctrico.

«El Gobierno cumplió su promesa: Cammesa se reduce a las competencias originarias del marco regulatorio de los 90 –cuando heredó las funciones de Agua y Energía SE-; deja de ser el intermediario o buffer del sistema de contratos, compra de gas y hasta intercambios eléctricos binacionales», detalló Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú.

Para el buen funcionamiento de este plan, en los próximos meses los privados tendrán que ir firmando contratos entre ellos, tanto de compra de gas como de venta de electricidad.

Si bien por amplia mayoría el sector respalda este programa y cree que la desregulación es el camino correcto para impulsar las inversiones y bajar los costos, todavía existe una duda primordial: quién se hará cargo de salir como garante de las cooperativas y distribuidoras que no suelen cumplir con sus pagos, ya que ninguna generadora va a querer voluntariamente vender electricidad a una empresa con mal historial crediticio.

En la otra punta de la cadena, la desregulación necesitará que el Estado también se reduzca al mínimo en la entrega de subsidios y que todas las provincias habiliten fuertes aumentos de tarifas que sean suficientes como para cubrir los costos de distribución y compras de energía.

Fuente: Clarín