Por Redacción Runrún Eléctrico
Mientras Argentina debate la flexibilización de su Ley de Glaciares para habilitar proyectos de cobre a gran escala, la experiencia de Chile surge como el principal punto de referencia para gobernadores y empresas del sector. El país trasandino ha logrado consolidar su posición como líder mundial en producción de cobre mediante un esquema regulatorio que, en lugar de prohibiciones absolutas, se basa en un monitoreo científico riguroso y una fiscalización ambiental caso por caso.
Este enfoque permite que la actividad minera coexista con la preservación de las reservas hídricas, un modelo que las provincias cuyanas proponen como el camino hacia la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones por más de u$s 30.000 millones.
La clave del éxito chileno reside en su Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En lugar de definir “zonas prohibidas” de forma genérica, la normativa exige estudios glaciológicos profundos para cada proyecto. Si una operación minera demuestra que no altera la dinámica hídrica de los cuerpos de hielo cercanos, puede avanzar bajo estrictas medidas de mitigación y compensación.
Para los especialistas, este “ordenamiento” ha permitido que Chile mantenga su competitividad sin comprometer el patrimonio natural, diferenciándose de la rigidez de la ley argentina que a menudo confunde suelos congelados con reservas hídricas estratégicas.
La Visión de Runrún Eléctrico
Como venimos sosteniendo en Runrún, la discusión no es “glaciares o minería”, sino “ciencia o ideología”. El modelo chileno demuestra que con inversión en tecnología y control estatal, el cobre puede ser el aliado de la transición energética sin poner en riesgo el agua.
Argentina tiene una oportunidad histórica: aprender de los aciertos de nuestros vecinos para redactar una normativa que proteja el ambiente con precisión, permitiendo que la riqueza del subsuelo financie el futuro del país.