Obras eléctricas por US$ 6.600 millones: el desafío energético de la minería

COMPARTIR:

La expansión minera que proyecta Argentina para la próxima década enfrenta un desafío que comienza a ubicarse al mismo nivel que el financiamiento, la logística o los permisos ambientales: la disponibilidad de infraestructura eléctrica.

El anuncio del Gobierno nacional de un plan de ampliación del sistema de transporte por más de US$ 6.600 millones busca atender parte de esa necesidad, pero también dejó en evidencia que los grandes proyectos de cobre y litio deberán realizar inversiones adicionales para garantizar su propio abastecimiento energético.

La iniciativa oficial contempla la construcción de 5.610 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, una de las mayores expansiones de infraestructura eléctrica proyectadas en los últimos años. El objetivo es aumentar la capacidad de transporte de energía en regiones donde comienzan a concentrarse nuevas demandas industriales y mineras.

La puesta en marcha del programa recibió un respaldo internacional relevante luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobara una garantía de US$ 200 millones destinada a facilitar la participación privada en determinadas obras estratégicas. Sin embargo, el alcance de esa asistencia suele prestarse a confusión. La garantía no constituye un financiamiento directo para construir las líneas ni implica que el organismo cubrirá los costos del programa nacional.

En los hechos, se trata de una herramienta diseñada para reducir riesgos financieros y mejorar las condiciones de financiamiento de las empresas que participen en las futuras concesiones. El esquema impulsado por la Secretaría de Energía prevé que la construcción y operación de las ampliaciones sea realizada por el sector privado, con recuperación de la inversión a través de cargos tarifarios asociados a los beneficiarios de cada obra.

.

Los proyectos respaldados por el BID corresponden al corredor AMBA I y a la conexión Puerto Madryn–Choele Choele–Bahía Blanca, obras destinadas a fortalecer el sistema nacional y mejorar el suministro para millones de usuarios. Sin embargo, para la minería el foco está puesto en otros corredores ubicados en el oeste y noroeste argentino.

En ese mapa, San Juan se ubica entre las provincias que concentrarán una parte significativa de las futuras inversiones. La línea de 500 kV Rodeo–Chaparro–La Rioja Sur aparece como una infraestructura estratégica para acompañar el desarrollo de los grandes proyectos cupríferos que avanzan en la Cordillera.

El ejemplo más evidente es el de Vicuña, la compañía que impulsa el desarrollo integrado de Josemaría y Filo del Sol. La empresa ya inició un proceso regulatorio para ampliar la infraestructura eléctrica disponible mediante nuevas estaciones transformadoras, ampliaciones de red y una línea de aproximadamente 167 kilómetros de 500 kV entre Rodeo y Chaparro.

Las magnitudes energéticas ayudan a dimensionar el desafío. La primera etapa de Josemaría demandará alrededor de 260 MW, mientras que las instalaciones proyectadas incluyen una estación transformadora de 450 MVA. Se trata de consumos eléctricos comparables a los de ciudades enteras, algo habitual en la minería de cobre a gran escala.

La relevancia de estas obras excede incluso a un único proyecto. Las nuevas instalaciones podrían transformarse en infraestructura clave para futuros desarrollos mineros del norte sanjuanino. Precisamente por esa razón surgieron cuestionamientos regulatorios vinculados al acceso futuro a la capacidad disponible.

.

Durante el proceso administrativo, el EPRE de San Juan planteó la necesidad de preservar condiciones de acceso para emprendimientos como Los Azules, Hualilán y Casposo, evitando que las nuevas líneas quedaran prácticamente reservadas a un solo usuario.

Finalmente, la Resolución 330/2026 habilitó las obras promovidas por Vicuña y reconoció prioridades de utilización durante 25 años. Entre los aspectos más debatidos figura el derecho preferencial sobre hasta el 90% de la capacidad de la línea Rodeo–Chaparro, un punto que reabre la discusión sobre cómo compatibilizar inversiones privadas con el desarrollo futuro de otros proyectos.

La situación también se replica en otras provincias mineras. El plan nacional contempla la línea Lavalle–Chumbicha, en Catamarca, y un corredor que conectará Chaparro con Antofagasta de la Sierra y la Puna salteña, regiones donde se concentran proyectos vinculados tanto al cobre como al litio.

Sin embargo, la existencia de esas obras no garantiza automáticamente el suministro para cada emprendimiento. Las compañías seguirán obligadas a resolver aspectos críticos como conexiones específicas, estaciones transformadoras, ampliaciones internas y sistemas de distribución hasta las áreas operativas.

.

Por esa razón, la expansión del sistema eléctrico nacional y el desarrollo minero avanzan hoy como procesos complementarios. Las nuevas líneas pueden reducir restricciones estructurales y mejorar las condiciones generales de abastecimiento, pero la infraestructura final que necesita cada mina continuará dependiendo en gran medida de inversiones privadas.

La experiencia de San Juan anticipa un modelo que probablemente se repetirá en otras jurisdicciones: empresas mineras financiando infraestructura eléctrica de gran escala que luego podrá beneficiar a otros usuarios, siempre que existan reglas claras sobre acceso, capacidad disponible y recuperación de costos.

Con proyectos de cobre y litio que requerirán cientos de megavatios durante décadas, la energía comienza a convertirse en un factor tan determinante como el recurso mineral. En ese escenario, el éxito del plan de expansión eléctrica no se medirá únicamente por los kilómetros de líneas construidas, sino por su capacidad para acompañar el desarrollo de las inversiones que buscan transformar a Argentina en uno de los principales productores mineros de la región.

ANUNCIOS