La reforma energética propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concentraría la generación y el suministro nacional en manos de la empresa estatal Comisión Federal de Energía (CFE), así como la planificación energética y la dirección de la transición energética del país. Foto: Daniel Becerril / Alamy

MÉXICO – En septiembre pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador -conocido popularmente como AMLO- presentó una polémica propuesta para anular la reforma energética de 2013 introducida por su predecesor, Enrique Peña Nieto, que permitió que empresas privadas y extranjeras participaran en el sector energético junto a entidades estatales por primera vez en casi 80 años, y dio un lugar importante a las energías renovables.

La propuesta de AMLO para la Ley de la Industria Eléctrica, que el Senado mexicano votará en los próximos meses, haría que el sector público retomara el control de la planificación, concentrando la generación y comercialización de energía en manos de la empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Forma parte del plan más amplio de su gobierno para lograr la independencia energética en los próximos años.

Pero esta nueva reforma eléctrica ha recibido amplias críticas. Los opositores temen la creación de un monopolio energético estatal, y la ley parece dar prioridad a los combustibles fósiles y frenar el incipiente crecimiento de las energías renovables, algo que las empresas privadas han impulsado en gran medida. Esto también amenaza potencialmente los compromisos climáticos de México.

Entonces, ¿por qué AMLO hace campaña para reafirmar el control estatal sobre el sector energético de México y qué implicaciones tiene para la economía y el clima?

¿Por qué una contrarreforma?

AMLO ha dicho que el petróleo de México no es del gobierno, ni del estado, sino “del pueblo”. Se le ha llamado un “nacionalista de los recursos”, a imagen y semejanza de los antiguos líderes populistas Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, que nacionalizaron la empresa estatal de energía Petróleos Mexicanos (Pemex) en la década de los 30 del siglo pasado, expropiándola a los propietarios anglo-holandeses de Shell.

AMLO logró una aplastante victoria electoral en 2018 gracias a una ola de ira pública por la percepción de que Peña Nieto no había tomado medidas contra la corrupción, incluso en Pemex tras su privatización en 2015, que fue un pilar del proceso de reforma energética del ex presidente.

Desde entonces, el propio Peña Nieto ha sido acusado de corrupción por el expresidente de Pemex, Emilio Lozoya, que permanece en prisión preventiva por sus negocios con el desprestigiado gigante brasileño de las infraestructuras Odebrecht. Peña Nieto no ha respondido a las acusaciones.

La práctica actual de México de importar su propio petróleo, después de haber sido refinado en el extranjero, es como vender naranjas a los mercados extranjeros y comprar su jugo de naranja, ha dicho AMLO. Por esta razón, está revitalizando seis de las refinerías de petróleo de México e invirtiendo en una nueva, Dos Bocas.

También ha culpado de que el país no conserve el valor añadido en el sector petrolero a «la mentalidad tecnocrática corrupta» que prevaleció entre los responsables políticos durante 40 años.

¿Qué propone la reforma de AMLO?

En tres puntos sencillos: la propuesta de AMLO deja a la CFE como único vendedor de energía a usuarios finales, privilegia los electrones generados por la CFE en el sistema eléctrico por sobre los privados y centraliza las actividades principales, como la planeación y el rumbo de la transición energética, en la empresa estatal.

Darle más poder a CFE: En la actualidad, la CFE es el único proveedor para consumidores pequeños y medianos de energía. Esto incluye a individuos y pequeños negocios. Pero para los grandes consumidores, como las industrias, existe la posibilidad de comprar energía a otros proveedores, lo cual incluye a generadores renovables, por ejemplo.

Si la CFE pasa a convertirse en el único vendedor de energía, los consumidores grandes ya no tendrán la posibilidad de generar su propia energía o comprarla a productores privados. En la actualidad los productores independientes de energía aportan aproximadamente 27 por ciento de la generación nacional y el autoabastecimiento representa 15 por ciento, según datos de CFE.

Centralización: Hoy, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyo rol fortaleció la reforma de 2013, funge de árbitro del sector, al controlar las actividades del sector eléctrico, como generación, transmisión y distribución, y de transporte, almacenamiento y reparto de petróleo y gas.

Según la ex comisionada de la CRE, Montserrat Ramiro, esto haría que la empresa estatal se autorregule: «El Estado ya tiene un liderazgo a través de varios instrumentos, como los reguladores, que pueden asegurar los intereses de los consumidores a largo plazo. Centralizar todo en la CFE le quita el liderazgo al Estado», dijo en una entrevista reciente.

Con la reforma actual, desaparecería la CRE, que formaría parte de la Secretaría (ministerio) de Energía, y el Centro Nacional del Control de Energía (Cenace), que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, se incorporaría a CFE. De esa cuenta, la empresa estatal se regularía a sí misma, en otra contravención del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá T-MEC.

Ese arreglo institucional también violaría los términos del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que guía la política económica norteamericana.

Despacho: La reforma también busca cambiar la forma en que el mercado mayorista despacha la energía que la CFE y las empresas particulares generan. El criterio actual consiste en privilegiar la energía más barata, que favorece los parques eólicos y solares privados.

Con la reforma actual, se beneficiaría a las instalaciones de la CFE, principalmente hidroeléctricas, carboeléctricas, termoeléctricas (que operan con combustóleo, un producto residual de la refinación de petróleo y carbón, ambos muy contaminantes y nocivos para la salud humana), y la única central nuclear, cuyos costos son mayores, y luego las renovables y el gas. En consecuencia, la CFE tendría por ley 54% del mercado eléctrico y las corporaciones privadas, 46%.

¿Cuáles son las consecuencias ambientales y económicas de la reforma?

Los críticos dicen que la reforma de AMLO traería consecuencias negativas para el medio ambiente, una mayor contaminación y cargaría al Estado con los costos. También existe el riesgo de que las empresas afectadas presenten arbitrajes internacionales millonarios como consecuencia del cambio de política.

“Lo problemático de ahora es creer que la discusión es si es público o privado. El problema son las soluciones que plantea la reforma”, explicó Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México.

“Hay muchas contradicciones que resultan problemáticas. La reforma es ambigua y deja espacio a la discrecionalidad en muchos aspectos. Tienen una confusión conceptual preocupante entre lo limpio y lo renovable, entre seguridad y soberanía”, agregó.

Bajo el modelo propuesto, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) emitidas serían 1.049 millones de toneladas en 2050, el doble de incremento en el escenario actual –486 millones–, según un estudio elaborado por tres investigadores del Instituto Alemán de Investigación Económica.

Esas cifras implican que México incumpliría sus propias metas voluntarias de reducción de contaminación para materializar el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015.

Además, para mantener las tarifas bajas, como el gobierno ha prometido, el subsidio para casi la mitad de clientes de CFE aumentaría. La administración de AMLO arguye que los ajustes redundarían en precios más baratos y garantizarían soberanía y seguridad energéticas.

Pero en términos de costos, un análisis de la ONG Centro Mexicano para la Competitividad calculó que, para garantizar la generación de 54 % de la electricidad entre 2022-2028, CFE erogaría entre 19 708 millones y 24 850 millones de dólares durante dicho periodo, que representa entre 15 145 millones y 20 290 millones adicionales a los desembolsos actuales de compra de energía privada necesaria para satisfacer la demanda –que crece cerca de cuatro por ciento anual.

También, los subsidios a la tarifa eléctrica pasarían de 3276 millones de dólares programados en el presupuesto nacional de 2022 a 3731 millones, un crecimiento de 13 %, por impacto de la contrarreforma, según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

CFE niega esas proyecciones y asegura, sin mostrar evidencias, que la contrarreforma no dañará el ambiente y significará ahorros millonarios para el país.

¿Qué significa para las energías renovables?

Desde 2019, la transición energética ya se había detenido en México, pues el gobierno suspendió las subastas de electricidad que Peña Nieto había organizado, en las cuales empresas privadas ofrecían ventas de energía a bajo costo y construcción de plantas eólicas, solares, geotérmicas o de consumo de gas.

Estas atrajeron entre 2016 y 2018 cuantiosas inversiones en el sector y desembocaron en bajos costos de generación, pero también provocaron violaciones de derechos humanos en algunas comunidades elegidas para albergar parques eólicos y solares.

Por otra parte, el plan gubernamental no alienta formas alternativas de generación eléctrica, como la creación de cooperativas o empresas comunitarias.

“Hay un centralismo político, en la toma de decisiones. Mantener electricidad barata va en contra de la política ambiental, porque la transición que necesitamos requiere de la disminución de consumo. La energía barata no contribuye a la idea de transición energética”, cuestionó Israel Solorio, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.

Ramírez criticó la visión a futuro de la iniciativa. “Se traza la ruta del sector para las próximas décadas, y eso es lo más preocupante. Encadenamos al país a un modelo roto de refinerías, gasoductos, hidroeléctricas. Las medidas contempladas no ayudan en nada y tienen limitantes muy importantes”, aseguró.

¿Se aprobará la reforma?

El legislativo Congreso de México aprobó la Ley de la Industria Eléctrica en febrero de 2021, con 289 votos a favor, en su mayoría del partido Morena de AMLO, y 152 votos en contra, incluidos los del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los dos mayores partidos de la oposición.

Se espera que la votación de la ley en el Senado se produzca en breve, después de que se cierren las consultas públicas sobre la reforma el 28 de febrero. Recientemente, AMLO emprendió una gira nacional para explicar la ley a los mexicanos y promover sus supuestos beneficios.

A pesar de sus esfuerzos, el éxito del gobierno no está en absoluto garantizado. Morena y sus aliados carecen de presencia en el Senado para asegurar la aprobación de la ley. Sin embargo, la determinación de AMLO de concretar la reforma podría significar impulsarla por otros medios unilaterales.

Fuente: IPS Noticias