Marcelo Torrez aseguro“No es para nada exagerado afirmar que buena parte del futuro de la construcción de Portezuelo del Viento se puede estar definiendo esta misma semana. Menos lo es que su suerte depende de lo que opine el fiscal de Estado, Fernando Simón, quien analiza dos presentaciones, con argumentos fuertes y de peso, en las que solicitan que se frene la obra porque los perjuicios a los que se enfrenta la Provincia pueden ser muy superiores a los potenciales beneficios”.

La obra acumula voces críticas sobre su viabilidad y hay expectativas por el dictamen que emitirá el Fiscal de Estado, Fernando Simón. “Si la obra se hubiese inaugurado en el 2010, el agua acumulada en el embalse aparentaría un charco al pie de un paredón inmenso hacia nuestros días. Y no habría permitido, tampoco, producir energía”, se planteó en un artículo publicado ayer.

El fiscal analizó los escritos presentados -uno firmado por los juristas Alejandro Pérez Hualde, Aldo Guarino Arias y Miguel Mathus Escorihuela, más otro del geógrafo Marcelo Giraud- y planteó que no abordan el conflicto con La Pampa, que se opone a la represa, sino que “advierten más que nada del impacto del calentamiento global y una suerte de ‘mega sequía’ que ha provocado que el río Grande haya perdido parte de su caudal de forma alarmante y constante en los últimos diez años, poniendo en duda el llenado del embalse previsto en el proyecto”.

Según Torrez: “El dictamen estará listo esta semana y justo a pocas horas de que opere un plazo clave para la política como es el de la presentación de las listas de los candidatos que competirán en el proceso electoral de septiembre y noviembre. Ambos acontecimientos son sensibles y de alto impacto por las consecuencias que encierran las decisiones que se tomen, cualesquiera sean… En qué momento y por qué comenzaron a multiplicarse las demandas locales en contra de una obra que, se creía, contaba con el consenso mayoritario hasta poco tiempo atrás y hoy, cuando menos, aparece demonizada desde varios frentes”.

Luego continuó: “En la Fiscalía ya tienen todas las respuestas a los oficios que se activaron: respondieron Irrigación, la empresa eléctrica provincial (Emesa) y la Provincia, por parte del Ministerio de Infraestructura. Según se pudo conocer, el informe de Irrigación -de características técnicas- corrobora los dichos de las presentaciones cuando confirma los períodos de bajo escurrimiento y bajo caudal del río. No abre juicios, en principio, sobre si se tiene que hacer la obra. Emesa, por su lado, le ha dado crédito a la situación crítica desde lo hídrico por la que atraviesan el Grande y todos los ríos mendocinos en los últimos once o doce años, pero sugiere que no hay que tomar una decisión que contenga nada más y nada menos que el freno o no la obra, estudiando sólo un breve período de tiempo. Para Emesa, se requieren, por lo menos, 50 años de análisis de la cuenca y no sólo una década”

Torrez además explicó que hasta el año 2011, “En los 70 años previos se comprobó que sólo en 9 el río no alcanzó los caudales suficientes que requiere la obra. En los otros 60 o más tuvo el agua suficiente para empezar el llenado del embalse. De todo esto resulta que, hasta el 2011, las probabilidades de llenado del dique eran altas y que en 3 años se alcanzaba el objetivo de la cota prevista. Esa cantidad de agua garantizaba, como los cálculos y proyectos realizados indicaban, la necesaria y lógica generación de electricidad cuya venta al sistema interconectado permitirá, con el tiempo, el repago de la obra”.

“El problema se presentó en los últimos diez años, donde aquella ecuación de los 70 años se ha invertido en la serie de diez que van del 2011 hasta el presente. Si la obra se hubiese inaugurado en el 2010, el agua acumulada en el embalse aparentaría un charco al pie de un paredón inmenso hacia nuestros días. Y no habría permitido, tampoco, producir energía”.

“El contexto es bastante complicado y complejo de resolver. Así también es posible que el dictamen de la Fiscalía mencione algo sobre las acciones jurídicas y políticas que están en la Corte: al menos una de la provincia de La Pampa y dos provenientes de fundaciones que se oponen férreamente a la construcción de la obra mendocina en el Grande”, terminó advirtiendo en el cierre de sus declaraciones.