Ante el vencimiento de las concesiones entre 2023 y 2028. Hasta la concreción del proceso de privatización de sus actividades, la empresa tuvo a su cargo la construcción y explotación de los complejos hidroeléctricos instalados en los ríos Neuquén y Limay y vinculados al Sistema Argentino de Interconexión.

Estos expertos abordaron una serie de recomendaciones en aspectos vinculados a la hidroelectricidad. Desde la desaparición de Hidronor y de Agua y Energía Eléctrica, con las privatizaciones de los años 90 cambió la tendencia en la generación, y desde entonces no se iniciaron obras completas de mediano o gran tamaño en casi 30 años, lo que explicó que su participación pasara del 48% en 1992 al 20% con que cerró el año pasado.

En estos 30 años solo se terminaron en ese período por parte del Estado nacional obras ya iniciadas en la década de los 80, como Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú y Yacyretá, y se hicieron por parte de las provincias, otras de potencias menores, como Potrerillos y Nihuil IV en Mendoza, Cuesta del Viento, Caracoles y Punta Negra, todas ellas en San Juan.

Los mismos expertos recomiendan que antes que se venzan las actuales concesiones, habría tareas preliminares e indelegables que deberían iniciarse en 2021, o a lo máximo en 2022, ya que “mucho equipamiento electromecánico y de control se encuentra próximo al fin de su vida útil, o requiriendo importantes reemplazos o actualización por falta de repuestos” (ver aparte).

Las normas de manejo de aguas, al menos las de la región Comahue, también deben ser adecuadas y actualizadas desde distintas perspectivas, tanto hidrológicas como de manejo de embalses con criterios que contemplen distintos escenarios extremos. Las normas actuales van a cumplir 30 años, y fueron hechas en 1993 con información de una serie histórica de caudales de apenas 50 años (que ahora sería de 80 años) y no muy confiables en sus inicios. Solo la suma de las concesiones de lo que era Hidronor representan en promedio unos 14.500 GWh/año de producción media de energía esperada, y si se suman las restantes centrales hidroeléctricas concesionadas de Agua y Energía Eléctrica llegarían al orden de 17.500 GWh/año, que es algo menos del 14% de la demanda anual del país del año 2020.

El proceso se iniciaría en la segunda mitad de 2023, con los vencimientos de las concesiones de Alicurá, El Chocón- Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que en términos de energía producida representarían el 67% de todas las concesiones del Estado Nacional.

El documento recomienda principalmente la creación de una empresa hidroeléctrica del Estado nacional que mediante el cobro de un canon destinado a un denominado Fondo para Nuevos Aprovechamientos Hidroeléctricos podría obtener hasta un 40% de la venta bruta de electricidad estimada en nos u$s 750 millones al año, es decir que podría recaudar casi u$s 300 millones al año para construir nuevos aprovechamientos. La propuesta de los ex profesionales, el Estado debería crear una nueva empresa hidroeléctrica para que se encargue del desarrollo de los nuevos proyectos, los construya y los explote.

El marco legal seguiría siendo la ley 15336, y se le otorgarían las concesiones que correspondan, incluyendo a futuro las de los nuevos aprovechamientos. Esta empresa debería ser una sociedad anónima, íntegramente de capital estatal, o de capital mixto y podría admitir en calidad de socias a las provincias que mostrasen interés y aportaran capital.

Sin embargo, el nuevo esquema contemplaría que en caso de entregarse nuevamente en concesión, el Estado decida si prefiere un ingreso excepcional de dinero anticipado equivalente al valor presente neto total del negocio concesionado, o si privilegia que el concesionario pague a lo largo de la concesión un canon alto en función a las ventas de energía, y usar esos fondos para nuevas obras multipropósitos.

Si se licitarán de nuevo las centrales hidroeléctricas, o se prorrogasen  las concesiones actualmente vigentes, habría que prever un programa de “inversiones imprescindibles” para reemplazo de equipamiento a lo largo de esta segunda concesión, definir algunos trabajos obligatorios y otros a verificar. Los autores de la propuesta destacan que nuevos aprovechamientos hidroeléctricos de usos múltiples darán trabajo a los lugareños, crearán ingeniería y construcción local, evitarán salidas de divisas que tienen en cualquier otra tecnología en su inversión (térmica, eólica, fotovoltaica), y ahorrarán divisas en su operación comercial al no usar combustibles.

Además, estos emprendimientos permitirían desarrollos locales en la zona de influencia por múltiples externalidades positivas como la provisión de agua para uso humano, riego y uso industrial, el control de crecidas, la recuperación de tierras anegables, la intercomunicación vial entre ambas márgenes, el turismo e incluso radicación de industrias. Todos ellos indispensables frente al escenario de cambio climático vigente.