El Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) publicó un documento sobre el rumbo energético que debería proyectar el país.

Luego de arrojar un superávit de 890 millones de dólares en 2020, las proyecciones de la balanza energética de 2021 marcarán un regreso al déficit de alrededor de 1.000 millones de dólares, con importaciones por 4.500 millones. Si bien es real que aún se está muy lejos del déficit récord de 7.700 millones en 2014, la firma G&G Energy Consultants anunció recientemente que las importaciones en 2022 se acercarán a esa misma cifra, más precisamente 7.500 millones de dólares, producto de su suba tanto en volumen como en precio, lo que seguramente incrementará el déficit de la balanza.

Es en este contexto que adquiere relevancia el documento recientemente publicado por el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), denominado “Gestión Energética 2022 y 2023”, en el cual plantea acciones de corto plazo junto a metas prospectivas y estructurales para el país. Entre estas últimas, plantea la recuperación un criterio de planificación integrado y centralizado, para lo cual insta a desandar el camino de la continuada desregulación neoliberal “que ha destruido la infraestructura”. Para ello, propone realizar una revisión de las cadenas de valor y costos de toda la industria hidrocarburífera y eléctrica, fortalecer el desarrollo hidroeléctrico “desprivatizando” las concesiones que terminarán en los próximos años, y promover que las distribuidoras de electricidad y de gas natural cumplan un rol de integración territorial, social y de modernización tecnológica al servicio de la población. En este sentido, proponen que el plan energético garantice tarifas en las que el precio del gas (PIST) para el mercado interno no sea mayor a 3 dólares por millón de BTU y el precio mayorista eléctrico sea entre los 40 y 50 dólares el MWh.

Todo ello, en el marco de un relanzamiento del Ministerio de Energía, una acotación de los sectores privados en la compañía CAMMESA, la cual fija los precios mayoristas y coordina la distribución energética, y una nueva evaluación de los costos de la energía eléctrica “con base en la remuneración real de su producción y el objetivo de un precio adaptado al desarrollo de la economía nacional en su conjunto”, junto a un “debate de una legislación integral en materia energética, en función de los objetivos de Autoabastecimiento interno y Accesibilidad universal de los bienes energéticos con Sustentabilidad ambiental”.

Asimismo, plantea la necesidad de promover las energías renovables en todas sus variantes, es decir solar fotovoltaica, termo solares, eólica, biogás, biomasa y de aprovechamiento hidroeléctricos, y cumplir la Ley 27.191 que fija que en 2025 el 25 por ciento de la generación eléctrica sea a partir de estas fuentes. En este sentido, plantea también la necesidad de desarrollar el uso del llamado hidrógeno verde, el cual se obtienen a partir de procesos de electrólisis y se combina con fuentes renovables eólicas y solares fotovoltaicas, y orientar la formación de una empresa binacional del litio y sus derivados con Bolivia.

Acciones concretas

En el documento, además de plantear metas estructurales, el IESO plantea acciones específicas, como la citada recreación de un ministerio de Energía, una “urgente” segmentación tarifaria temporaria para el año 2022, el afianzamiento de la producción de los yacimientos de gas convencionales y no convencionales, como Vaca Muerta y sur patagónicas, “dirigida a fortalecer el autoabastecimiento interno en primer lugar”, y exportar el excedente, para lo cual insta a poner en marcha los gasoductos necesarios, dando  prioridad al tramo Tratayen Saliquelo, junto a nuevos almacenamientos de superficie de GNL en Bahía Blanca, Ensenada o Escobar.

También, plantea la necesidad de intensificar el desarrollo de producción de amoniaco de fuentes de electrolisis (hidrogeno), y de las hidroeléctricas actuales, como las de Santa Cruz, y las que están en proyecto como las de Chiuidos. Hace referencia además a la necesidad de concreción de la central de uranio enriquecido, que sería la quinta del país, y expandir el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) de modo de asegurar obras hoy consideradas esenciales por su criticidad, como es el Abastecimiento del AMBA con la Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV Vivorata – Plomer, el anillo de zona norte del AMBA a la Estación terminal Oscar Smith y otras obras anexas al Gran Buenos Aires. Todos ello, agregan en el documento, en base al desarrollo de tecnología local para evitar salida de divisas y promover el protagonismo de las pymes proveedoras.

Fuente: El Destape Web