En agosto de 1993 se privatizaron las primeras tres hidroeléctricas que habían sido levantadas por Hidronor. Hoy están en manos de grupos económicos bien diferentes de los originales. ¿Qué va a ocurrir con la AIC y el Orsep si cambian las reglas?

Desde finales de la década del 60 y entrados los 90 el Estado nacional construyó nueve presas sobre los ríos Limay y Neuquén. Por exigencia de los organismos de financiamiento internacional, el gobierno creó una empresa para levantarlas y operarlas: Hidronor. El modelo duró menos de 30 años porque en 1993 se privatizaron las primeras unidades de negocios en las que la compañía estatal se había dividido en un modelo que podría cambiar el año que viene si prosperaran los trámites que Neuquén y Río Negro despliegan por estos días.

El 11 de agosto de 1993 dejaron de ser estatales para convertirse en empresas privatizadas las sociedades que operan aún hoy las presas que conforman el complejo Cerros Colorados, el tándem El Chocón-Arroyito y Alicurá.

El 29 de diciembre de ese año se puso en manos de un concesionario privado Piedra del Águila, una de las joyas de la ingeniería en presas de nuestro país.

Para cuando el proceso estaba en marcha, la última presa construida sobre el Limay, Pichi Picún Leufú, estaba sin terminar y el que se quedara con este activo debía invertir para terminarla. Lo lógico habría sido privatizarla en conjunto con Piedra del Águila, porque es la obra que transforma en constantes los vaivenes en los caudales por efecto de la generación en horas pico. Así pasó con El Chocón y Arroyito.

Pero la anexión de una obra sin terminar le quitaba interés a Piedra del Águila.

Así, Pichi Picún Leufú se concesionó recién el 26 de noviembre de 1997, cuatro años más tarde que el resto. Fue preciso darle al inversor, que fue Pérez Companc, atractivos extras, como la quita de regalías.

¿Y cuánto costaron las represas?

Hidroeléctrica El Chocón se concesionó por 30 años a cambio de 325.408.000 dólares pero el holding chileno que ganó la licitación pudo descontar 136.950.000 en bonos de deuda argentinos (depreciados) del efectivo que iba a recibir el Estado.

Cerros Colorados, que tiene una operación compleja en un río, el Neuquén, con un caudal histórico menor que el del Limay, se lo quedó Dominion, una compañía estadounidense. A los 118.550.000 dólares que costó la concesión, le pudo descontar 45,6 millones de bonos.

Alicurá se lo quedó SEI Holding de Estados Unidos por 207.760.000 dólares, de los cuales 130 millones se cancelaron con papeles de deuda.

Piedra del Águila fue la privatización más cara. Gener (ahora AES) de capitales estadounidenses, pagó 524.106.000 dólares (172 millones en bonos). La privatización de Pichi Picún Leufú fue de un valor casi simbólico: poco menos de 12 millones de dólares.

Cambia, todo cambia

Las tres hidroeléctricas cuyos contratos de concesión vencen dentro de poco más de un año están en manos de otros grupos económicos, menos Alicurá, cuyo accionista, AES, se desprendió de muchos activos en energía de nuestro país (Edelap, la más importante) pero no abandonó la presa más austral del norte de la Patagonia.

El Chocón está en manos de Enel, un grupo económico europeo que nació en Italia hace 60 años.

Piedra del Águila es manejada por Sadesa, una sociedad con capitales de la familia Miguens-Bemberg (con el 33,9% de las acciones), el empresario macrista Nicolás Caputo (23%), Guillermo Reca (22,5%) y la familia Escasany (13,6%).

Cerros Colorados es ahora de un grupo económico llamado Orazul, propiedad del fondo de inversión I Squared Capital, que pertenece el egipcio Sadek Wahba.

Pichi Picún Leufú siguió el derrotero de los activos en energía de Pérez Companc: fue de Petrobras y ahora de Pampa Energía.

¿Y el control?

Cuando se privatizaron las presas se conformaron, por presión de las provincias, dos organismos clave: la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Organismo Regional de Seguridad de Presas (Orsep), que cambió “regional” por “regulador” con los años.

Un nuevo esquema exigirá nuevas normas porque, en la práctica, en estos 30 años hubo poco apego por las leyes en la operación de estas obras.

Fuente: Rio Negro