Aprovechando la emergencia energética el  Gobierno podría mantener suspendidas las RTI y aplicar tarifas de transición.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, prometió que «no habrá ajuste» y que los aumentos serán menores que la suba de salarios.

Los técnicos del Gobierno están finalizando un proyecto de ley de emergencia en los servicios públicos de la energía, que permita darle el marco normativo a las tarifas de transición hasta tanto se complete el proceso de una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) para el gas y para la electricidad, a fines del año que viene o en 2023.

El proyecto de emergencia energética entrará al Congreso en los próximos días. En el Gobierno se apuran para tenerlo listo cuanto antes, ya que este miércoles 17 vencen los 90 días pautados por el Artículo 11° del Decreto 1020/2020 sobre «Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica y Gas Natural» para mantener congeladas las tarifas.

En otros términos, la nueva ley de emergencia permitirá al Estado tener un «paraguas» para salirse de los marcos regulatorios (Ley 24.076 para el gas y Ley 24.065 para la energía eléctrica) y establecer los nuevos regímenes transitorios de las tarifas, ya que, de otra forma, deberían volver a entrar en vigencia las RTI realizadas durante la gestión de Cambiemos, que este Gobierno impugnó y suspendió su aplicación -pero no anuló los actos administrativos-.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, informó que «como resultado de las auditorías de los entes reguladores y del trabajo de la Secretaría de Energía, se dejan atrás las RTI de Cambiemos sancionadas en 2017, en las que encontramos vicios de procedimientos, y se inaugura una transición tarifaria».

«El resultado de la renegociación no va a ser un nuevo ‘ajuste’ tarifario. El Gobierno va a acompañar la recuperación del poder adquisitivo del salario y de la actividad económica», garantizó Basualdo.

En los pasillos trascendió que el «número mágico» para los aumentos de tarifas sería del 15%, aunque semanas atrás se hablaba de un tope de 9%.

La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), María Soledad Manin, convocó a audiencias públicas para el 29 y 30 de marzo, en donde se tratarán los próximos incrementos.

Aunque el Gobierno quiere aplicar los nuevos cuadros tarifarios desde el 1 de abril, es probable que haya una demora hasta mediados o fines del mes que viene, ya que en ese lapso se estudiarán las propuestas de las transportistas de energía y las distribuidoras Edenor y Edesur. Esta última pidió un incremento final para los usuarios de 34%.

El ENRE hizo pública una auditoría en la que el Frente de Todos encontró que se flexibilizaron exigencias para la calidad de servicio y que las compañías controladas tuvieron «ganancias extraordinarias», y además recomendó anular la RTI y reformar Cammesa, para que las firmas no se financien dejando de pagar la energía.

Las boletas que les llegan a los usuarios contemplan cuatro componentes: el precio mayorista de la electricidad, el transporte, la distribución y los impuestos. Basualdo confirmó que la intención oficial es «mantener estable el precio mayorista», con lo que los subsidios serían mayores a lo presupuestado.

Asimismo, las empresas reguladas contarán con los ingresos necesarios para operación y mantenimiento, pero no para tener rentabilidad y pagar gastos financieros.

Además, el objetivo del Gobierno es encontrar pronto un acuerdo para renegociar las deudas de las distribuidoras con Cammesa, que superan los $ 150.000 millones, y que se deje de utilizar esta forma de financiamiento.

Por el momento, pese a que la interventora del ENRE explora Acuerdos Marco con Edenor y Edesur, hay asperezas ya que las firmas no quieren renunciar a sus derechos que le otorga la RTI suspendida. Un ejecutivo del sector advirtió: «El Gobierno se niega a pagarnos lo que nos corresponde».

Si estuviera vigente el marco normativo de Cambiemos, las tarifas deberían subir un 168% en esta ocasión, con una mejora sustancial en los ingresos de las empresas.

Para el caso de Edenor, según consta en documentos públicos que presentaron ante el ENRE, el reclamo por el congelamiento de tarifas llega a los $ 38.477 millones.