En 2023 finalizan las concesiones del menemismo. Las operadoras ya juegan sus cartas para quedarse con las usinas. Proyectos estatales y la sombra del CIADI.

Cuando aún faltan dos años para el cambio de manos, estados y empresas que tienen interés en el negocio ya empezaron a mover sus fichas en la incipiente disputa energética por el manejo y control de las centrales hidroeléctricas de Comahue que facturan unos 800 millones de dólares anuales.

Privatizadas en 1993 por la administración nacional menemista, las concesiones de las usinas hidroeléctricas asentadas en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén van camino a expirar justo unos meses antes de las próximas elecciones presidenciales de 2023. Se trata de las usinas que conforman los complejos El Chocón-Arroyito (que cuenta con una potencia instalada de 1.320 MW), Cerros Colorados-Planicie Banderita (450 MW), Alicurá (1.000 MW) y Pichi Picún Leufú (261 MW). A ellas se suma la central Piedra del Águila (1.400 MW), cuyo contrato de concesión finaliza en 2029.

Las hidroeléctricas en juego se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales tomados por los gobiernos nacionales, avales del Tesoro y con los recursos aportados a través de las facturas del servicio eléctrico del país con los recargos tarifarios que se destinaron a las cuentas del “Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas” y del “Fondo Energético El Chocón-Cerros Colorados”.

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Con la marea neoliberal de los años 90, dejaron de estar en la órbita del Estado y fueron concesionadas por un período de 30 años a distintas operadoras privadas. Tras varios cambios de accionistas y reconfiguraciones societarias, las conducciones mayoritarias de las centrales hidroeléctricas se encuentran actualmente en manos de tres grupos empresarios extranjeros y dos empresas locales que también tallan en otras áreas del negocio energético.

En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, controlante de Edesur. El complejo Cerros Colorados-Planicie Banderita pertenece a la firma de inversiones Orazul integrada por exejecutivos de Morgan Stanley. En la central Alicurá, la sociedad controlante se encuentra en cabeza del grupo norteamericano AES. Por su parte, Pichi Picún Leufú está bajo el control del grupo local Pampa Energía conducido por Marcelo Mindlin. Piedra del Águila, que aún tiene por delante ocho años de concesión, está en manos de la compañía local SADESA, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.

Variantes en pugna

Con la finalización de las concesiones a la vuelta de la esquina, saltaron sobre el tapete cinco posibles opciones para el futuro de las hidroeléctricas, que tendrán que resolver las autoridades nacionales.

Una alternativa planteada por integrantes del plantel técnico de la Secretaría de Energía consiste en volver a concesionar las centrales por un período que oscilaría entre los 20 y 30 años, con la obligación de las nuevas operadoras de llevar adelante las inversiones necesarias para modernizar y extender la vida útil de las turbinas y los equipos generadores.

Otra variante es la que impulsan los gobiernos y legisladores de Neuquén y Río Negro, para que las centrales sean transferidas a esas provincias. Quienes defienden esta postura prevén crear una nueva empresa estatal para asumir la operación de las usinas y encarar la construcción de nuevos proyectos con las utilidades que deje la venta de energía al sistema eléctrico nacional.

Para el ex titular de Energía y timonel del Instituto General Mosconi, el exfuncionario radical Jorge Lapeña, la reversión de las concesiones debería dar paso a un nuevo esquema que incluya la creación de una Agencia Nacional de Desarrollos Hidroeléctricos. Ese nuevo organismo se haría cargo de las centrales y podría subcontratar la  “operación y mantenimiento” con compañías privadas por períodos de 10 años. También tendría la misión llevar adelante las obras e inversiones necesarias para expandir la capacidad instalada de las usinas y construir nuevas represas.

En tanto, otra salida que prevé el armado de una nueva empresa nacional es la que empujan un grupo de profesionales y técnicos de la exHidronor (Hidroeléctrica Norpatagónica). La nueva compañía, que podrá incluir a las provincias, sería la nueva concesionaria de las centrales y se encargaría de la operación y del desarrollo de nuevos proyectos que se financiarían con un canon proveniente de la venta de energía.

Por su parte, los actuales concesionarios privados fomentan como opción la posibilidad de una prórroga contractual para poder seguir al frente de las centrales por un período de cinco años más. Consideran que esa extensión es factible porque se encuadra dentro de la pauta del 20% de ampliación de los contratos que se aplica habitualmente. Además, sostienen que en la negociación para prorrogar las concesiones se podrían resolver los millonarios reclamos económicos que han planteado contra el Estado por las medidas adoptadas en los últimos ocho años, que alteraron las reglas originales de juego y recortaron los ingresos tarifarios que estaban previstos en los contratos.

Tras calcular que los reclamos en juego oscilarán entre 500 y 800 millones de dólares, las empresas concesionarias destacaron que sus planteos fueron avalados con un informe técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que determinó el impacto económico registrado desde 2003 en adelante por las modificaciones regulatorias que fueron podando los precios que tenían reconocidos en los contratos de venta de energía.

Ante la falta de respuesta, dos de los grupos concesionarios -AES y Orazul- ya acudieron al tribunal internacional del CIADI para denunciar al Estado argentino por el incumplimiento de los tratados de protección de inversiones extranjeras.

Fuente: Letra P