El año que viene empiezan a vencer las concesiones; El Chocón, Alicurá y Piedra del Águila, todas sobre el río Limay, son las primeras a las que se les termina el esquema actual.

Al maltrecho sistema energético argentino se le sumará un nuevo obstáculo el año que viene. De a poco, y en medio de una administración en retirada, empezarán a vencer los contratos de concesión de varias de las principales represas hidroeléctricas que hasta ahora están en manos de los privados. Y, cuando hay semejantes contratos en danza, las peleas por decidir cómo seguirá la historia se convierten algo de todos los días.

En este caso, la pugna se planteó entre algunos emisarios de La Cámpora, ciertos funcionarios de la Nación y las provincias donde están emplazadas las presas, fundamentales para mantener el sistema energético argentino.

El punto se planteó a partir de una situación de hecho que se dará el año que viene. El 11 de agosto de 2023, en pleno proceso electoral y a meses de un cambio de gobierno, vence la concesión del complejo hidroeléctrico El Chocón. Ese día, además de la emblemática represa ubicada sobre el río Limay en jurisdicción de las provincias de Río Negro y Neuquén, también vence Arroyito, otra presa que está 25 kilómetros aguas abajo.

Enel puso en venta sus activos. Dentro de su paquete de empresas, además de Edesur y las dos centrales térmicas (Costanera y Dock Sud, donde tiene un 40% de las acciones), es dueña de la empresa que tiene la concesión de El Chocón, una de las que vence en el primer lote.

Eso no es todo. A mediados de agosto también se termina el contrato del complejo Planicie Banderita y de Alicurá, otras dos las centrales sobre la cuenca neuquina del Limay que están en manos de un concesionario privado.

Este cronograma de agosto encendió las alarmas de varios. Y todos, obviamente, se empezaron a mover en consecuencia. Sucede que podría cambiar el mapa energético argentino. Las provincias, la Nación, La Cámpora, con sus propios intereses, y los operadores privados ya trabajan en lo que serán meses de definiciones y no pocos juegos de intereses cruzados.

Por un lado, apareció el Gobierno. Algunos emisarios ya dejaron trascender que van a intentar adelantar los tiempos y tratar de dejar todo arreglado antes. Además de los vencimientos de concesiones de agosto, el 29 de diciembre de 2023 se termina el contrato para la explotación de Piedra del Águila, al igual que los de Futaleufú y del Dique Florentino Ameghino, estos últimos en la provincia de Chubut. Finalmente, lejos, el 30 de agosto de 2029, será el turno de Pichi Picún Leufú.

En la Casa Rosada empezaron a mirar de qué manera renegociar los contratos antes de su vencimiento. El interés tiene que ver con algunas expectativas que no pocos funcionarios, varios de ellos salida, imaginan. La firma de estos vínculos millonarios suele terminar en un envión importante para los bolsillos cómplices de los funcionarios con despachos que tienen poder de firma y sello. En este bando, claro está, se han enrolado en mantener el sistema actual mediante concesiones nacionales, que dependen del Poder Ejecutivo, y cuyo regulador y contralor depende de la Nación.

Claro que para eso debería reabrirse un proceso de licitación internacional para llamar a oferentes a cotizar el precio de la operación y mantención de las centrales. Este esquema prescinde, como hasta ahora, de las provincias. Por ahora, no hay nada de este llamado.

Justamente como reacción a esto, varios gobernadores empezaron a mover sus peones. La idea que los une es ir por la “provincilalización” de los recursos hídricos. Básicamente, si los recursos son de los distritos, pues la explotación debería ser de ellos. Es decir, podrían concesionar las represas o también explotarlas con alguna empresa pública o una repartición del Estado.

Esta iniciativa empezó a tomar fuerza. Hace pocos días, el senador Ignacio Torres -PRO, Chubut- presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta para cambiar de jurisdicción el sistema hidroeléctrico. El documento tiene dos artículos. El primero establece la modificación de la ley 15.336, modificada por el artículo 89 de la ley 24.065. “En virtud del art. 124° de la Constitución Nacional y lo oportunamente establecido en los contratos de concesión de la generación hidroeléctrica, establécese la reversión a las jurisdicciones provinciales de los activos que conforman la capacidad instalada hidroeléctrica”, se lee en la redacción del senador chubutense. “La jurisdicción de los recursos naturales tiene que ser provincial; el agua es un recurso natural”, dijo en senador a LA NACION.

El proyecto establece que serán las jurisdicciones provinciales con injerencia en el manejo del recurso hídrico, a través de los comités de cuenca, “quienes organicen la explotación de los mismos (…) las normas del despacho de carga y de administración del Mercado Eléctrico Mayorista”.

“Serán los gobiernos provinciales los que resolverán en todo lo referente al otorgamiento de las autorizaciones y concesiones y ejercerán las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional”, agrega. La solución provincial requiere, además, la reversión de todos los activos que conforman las centrales a los distritos. No es poca la polémica que hay respecto de la jurisdicción de los sistemas energéticos, más allá de quienes sean los concesionarios.

Un nuevo proyecto
Pero en medio de semejante puja de intereses apareció otro proyecto de ley, que ingresó al Congreso el 24 de noviembre último. El autor es el senador neuquino Oscar Parrilli, representante de la provincia con más interés sobre el destino de las represas ya que en su jurisdicción está la mayoría de la cuenta del Limay. El hombre, que es un ejecutor de los planes de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de La Cámpora, se destapó con una iniciativa que en el artículo 1 ya tiene todo el corazón de la norma, también está firmada por Silvia Sapag, Martín Doñate, Carlos Linares y Silvina Larraubru.

“A la finalización de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional (…) la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por Energía Argentina (Enarsa)”, dice el documento que ingresó al Senado con el número 3091/22, puntualmente, a las 12.40 del 24 de noviembre. En el artículo 2 le abre el juego a las provincias cuando dice que Enarsa deberá “asociarse con las provincias titulares del dominio de recurso hídrico”.

Pese a que la voz de los gobernadores suele estar siempre alineada con la Casa Rosada, no hay demasiada simpatía con este proyecto. Sucede que les reserva un lugar secundario, ya que la titular de los activos es Enarsa; ellos y sus gobiernos serán “asociados”.

En la Argentina hay cerca de 90 represas, aunque varias de ellas están fuera de servicio. Las dos más grandes, Yacyretá y Salto Grande, son entes de administración binacional con Paraguay y Uruguay, respectivamente.

Mientras en el Gobierno empiezan a hacer las cuentas, las empresas concesionarias no se han quedado quietas. Una de ellas es ENEL. La multinacional de capitales ítaloespañoles puso en venta sus activos. Dentro de su paquete de empresas, además de Edesur y las dos centrales térmicas (Costanera y Dock Sud, donde tiene un 40% de las acciones), es dueña de la empresa que tiene la concesión de El Chocón, una de las que vence en el primer lote. Dicen que es uno de los principales motivos de la venta.

En la Argentina hay cerca de 90 represas, aunque varias de ellas están fuera de servicio. Las dos más grandes, Yacyretá y Salto Grande, son entes de administración binacional con Paraguay y Uruguay, respectivamente. La gran mayoría son pequeñas y tiene jurisdicción nacional. Las grandes, nacionales y con contratos que vencen, están en medio de una pulseada de intereses muy concretos. Nadie parece demasiado preocupado por asegurar un sistema que tenga foco en mantener en buen estado el parque hidroeléctrico argentino. Si hasta parecen peleas de consorcio, de corto plazo, más ocupados en la conveniencia de manejar un contrato millonario que en dar certidumbre al maltrecho sistema energético.

Fuente: La Nación