La secretaria Energía defendió el artículo del presupuesto que permite cobrar con la coparticipación las deudas al mayorista energético.

La secretaría de Energía Flavia Royón defendió el artículo 90 del presupuesto que le permite retener fondos de la coparticipación a las provincias que adeuden a la mayorista energética Cammesa y advirtió que si no lo aprueban podría dejarlas sin luz.

«Es ese artículo o cortar el servicio», amenazó la funcionaria que responde al ministro de Economía Sergio Massa, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto que durante las 11 horas debatió el plan de gastos e ingresos de 2023, con la coordinación del diputado oficialista Carlos Heller.

Como explicó LPO, el presupuesto habilita a Cammesa a cobrar las deudas con empresas públicas y privadas mediante el recorte de fondos nacionales con destino a las provincias en las que operan, entre ellos la coparticipación.

«El déficit de Cammesa lo cubre el tesoro nacional y algunas empresas prestan servicio en provincias que tienen superávit fiscal», fue la justificación del secretario de Hacienda Raúl Rigo, durante la presentación del presupuesto del último miércoles.

Royón explicó que el rubro Energía, combustibles y minería «representa el 9.8% del gasto de la administración nacional» y el principal concepto son los giros a Cammesa y a Enarsa.

Es cierto que la deuda más grande es de las empresas de Amba, pero tienen un atraso de 8 o 10 meses. En otros casos llega a 11 años. Es retener fondos a las provincias o cortar el servicio.

«¿Sabe que no pueden compensarse deudas de distinto origen y con distintos sujetos? ¿Qué los Estados provinciales son terceros ajenos a la relación acreedor/deudor de las distribuidoras con sus proveedores por la energía vendida y cobrada?», la increpó la diputada radical Jimena Latorre.

Le achacó además que el 50% de las deudas son de distribuidoras del Amba, con tarifas congeladas por el propio gobierno nacional.

Le respondió el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti. «Los titulares del servicio son las provincias y los municipios. Corresponde cumplir con las obligaciones básicas como pagar la electricidad».

El funcionario tucumano advirtió que si no aprueban el artículo 90 las provincias deudoras pueden amanecer a oscuras.

«Entendemos que esta medida es menos gravosa que la vigente desde 1991, que es interrumpir el servicio. Sólo fue morigerada en 2002 con una resolución que habilita a reducir el 10% la oferta. Pero afecta a las familias y a la producción».

Recordó que 17 provincias están al día con Cammesa y el resto no paga, aun cuando hay planes de créditos blandos. La cooperativa de Comodoro Rivadavia, por caso, estuvo 11 años sin poner un peso y recién la semana pasada se comprometió a regularizarse.

«Es cierto que la deuda más grande es de las empresas de Amba, pero tienen un atraso de 8 o 10 meses. No 11 años», comparó Royón.

La oposición acercó sugerencias, pero no fueron bienvenidas. El rionegrino Agustín Domingo, habitual aliado del Gobierno, presentó su proyecto para que las facturas discriminen la recaudación destinada a la producción y se realicen giros automáticos a Cammesa.

«Las jurisdicciones son las titulares del servicio y por eso vemos más complejo desde el Congreso diseñar cómo tienen que facturar», respondió Yannoti.

Domingo propondría que los contratos de Cammesa contengan esa obligación, pero la decisión de Royón es que las provincias se hagan cargo o se preparen para lo peor. «Tendríamos que ponernos de acuerdo al menos en qué fondos cortar. ¿Acaso va a recortar en salud? ¿En ayuda social?», increpó Alejandro «Topo» Rodríguez, del interbloque federal. Pero no tuvo respuesta.

La ministra prometió bajar en 2023 el monTRANSMISIÓNto destinado a los subsidios de 2.2 del PIB al 1.6, con una segmentación que aún no tiene fecha de largada y dividirá los usuarios en 3 segmentos con aumentos definidos como porcentaje de la variación salarial. Anunció que revisarán el tope de consumo en el verano para las zonas cálidas para que sea más alto.

Royón confió en la terminación del gasoducto Néstor Kirchner para trasladar el gas de Vaca Muerta y sustituir las importaciones, «en un contexto geopolítico de alta incertidumbre que ha llevado a un alza de precios», con «precios previstos en el Gas de Bolivia es de 9,7 dólares por millones de BTU y de GNL por 25 dólares es el valor que estimamos».

«Queremos avanzar primero en consolidar el autoabastecimiento que va a garantizar un gas para los argentinos a precios competitivos y para esto necesitamos obras imprescindibles en infraestructura. Es necesario en este presupuesto el Transportar 1 y 2 y todas las obras complementarias», destacó. Para negarse una y otra vez a los pedidos de diputados opositores por obras no incluidas. «No está contemplado», respondió en todos los casos.

Fuente: La Politica Onlin