La posible aprobación de la reforma de la Ley 27.640 de Biocombustibles abre una oportunidad para la industria del biodiésel, especialmente en Santa Fe, provincia que concentra la mayor parte de la capacidad instalada del país y que hoy opera muy por debajo de su potencial productivo.
El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, propone elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%. Si ese cambio regulatorio prospera durante el tratamiento legislativo, la demanda interna podría incrementarse y absorber parte de la capacidad ociosa existente.
Según datos de CIARA-CEC, la provincia concentra alrededor del 82% de la capacidad instalada nacional, con unas 3,2 millones de toneladas anuales sobre un total cercano a las 3,9 millones. En contraste, durante 2025 las plantas santafesinas produjeron aproximadamente 568.000 toneladas, mientras que la elaboración total argentina apenas superó las 970.000 toneladas.
La brecha entre capacidad disponible y producción efectiva refleja que existe margen suficiente para responder a una mayor demanda sin requerir nuevas inversiones fabriles de gran escala en una primera etapa. El desafío pasaría por elevar la utilización de las plantas y asegurar la disponibilidad logística necesaria para movilizar mayores volúmenes.
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Más allá de la actividad industrial, una eventual recuperación del mercado también tendría efectos sobre el complejo portuario del Gran Rosario, principal plataforma de salida para el biodiésel argentino destinado a exportación.
Dentro de ese corredor operan terminales ubicadas en San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, donde se encuentran instalaciones vinculadas a Renova, Terminal 6, Cofco, Bunge, Louis Dreyfus, ACA y Cargill. En conjunto, el sistema posee una capacidad de carga cercana a las 5.300 toneladas por hora.
A nivel comercial, las exportaciones continúan siendo un factor determinante para la actividad. Durante 2025 Argentina exportó más de 270.000 toneladas de biodiésel y obtuvo ingresos cercanos a los US$ 322 millones provenientes principalmente del mercado europeo.
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La elevada dependencia de la Unión Europea mantiene expuesta a la industria a los cambios regulatorios del bloque. Sin embargo, durante 2026 aparecieron señales más favorables luego de que el Parlamento Europeo cuestionara la clasificación de la soja argentina como producto de alto riesgo ambiental y solicitara revisar los criterios aplicados.
Mientras continúa la discusión legislativa, las empresas observan con atención la posibilidad de combinar una mejora de la demanda doméstica con una recuperación de las exportaciones. Ese escenario permitiría incrementar significativamente la utilización de una capacidad instalada que actualmente permanece subaprovechada.
Por ahora, la expansión proyectada depende de la aprobación definitiva de la reforma. En caso de convertirse en ley, Santa Fe aparece como el principal beneficiario potencial gracias a su escala industrial, su infraestructura logística y su posición dominante dentro de la cadena nacional de biodiésel.