A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, el gobierno reconoció formalmente la «emergencia del sector energético nacional». Además, el texto estableció la participación permanente de los Reguladores de Energía y Gas (ENRE y ENARgas).

El gobierno declaró oficial la «crisis energética nacional» hasta el 31 de diciembre de 2024; también autorizó el inicio del proceso de revisión tarifaria con el mismo plazo y estableció la continuidad del involucramiento de los organismos reguladores de energía y gas (ENRE y Enargas).

El lunes del Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia 55/2023, en el cual señala que existe «una situación efectiva de emergencia que debe ser reconocida y así declarada», formalizó la medida que había sido anunciada el domingo.

Después de evaluar el estado actual del sistema energético y las condiciones que se anticipan en el futuro, “resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro”, destaca el texto en sus considerandos.

El DNU declara en su artículo 1 “la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.

La declaratoria de emergencia y las acciones que le siguen «se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024″, según el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y varios ministros.

La Secundaría de Energía se instruye en el artículo 2 para disponer del programa de acciones necesarias para “la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.

En ese sentido, determina a través del artículo 3 el «inicio de la revisión tarifaria» correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de «transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural», y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes «no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024».

Adicionalmente, el DNU especifica la participación del ENRE y Enargas a partir del 1 de enero de 2024, así como la designación de los miembros del Directorio que provengan de un proceso de selección predeterminado dentro del mismo DNU.

En términos de este tipo, la Secretaría de Energía establece la capacidad de los interventores de ambos organismos técnicos para evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones, así como realizar los procesos de revisión tarifaria e identificar eventuales anomalías.

Según los ámbitos regulatorios en vigor, el DNU establece un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía comience el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes.

En sus considerandos, la medida asegura que «la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación».

«Por ello, resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscriptos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes», añadió.

Se destaca que los promedios de frecuencia de interrupciones del servicio aumentaron un 55,23% en el área de cobertura de Edenor y un 173,22% en el área de cobertura de Edesur. Esto indica «inversiones inadecuadas, que contribuyen a un aumento de la obsolescencia en las actividades de los proveedores, lo que significa que si no se toman medidas urgentes, la baja calidad del servicio descrita empeorará a expensas de los usuarios».

En el norte del país, existen riesgos de desabastecimiento de gas natural y se encuentran cerca de la central nuclear Atucha I, la cual se encuentra próxima a cumplir su período de vida útil debido a las transferencias del Tesoro a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. (Cammesa) en 2023.