La firma Fortescue anunció el freno de la inversión prevista para una importante planta en Río Negro hasta previo aviso. La decisión se corresponde con las estrictas regulaciones para el acceso al dólar oficial y la ausencia de un marco regulatorio que garantice la seguridad jurídica de los inversores.

La operatividad de la economía argentina es cada vez más errática debido al creciente peso de las regulaciones. La firma australiana Fortescue Metals Group anunció el cese temporal de una inversión por hasta US$ 8.400 millones para una planta de hidrógeno verde en la Provincia de Río Negro.

La iniciativa promete crear hasta 15.000 puestos de trabajo formales directamente vinculados con la explotación del hidrógeno verde, y entre 40.000 y 50.000 plazas laborales generadas indirectamente por la vinculación con esta actividad. También supone un gran potencial exportador, ya que la capacidad productiva devenida del proyecto asciende hasta las 2,2 millones de toneladas anuales para el año 2050.

Se trata de uno de los proyectos más prometedores de los últimos años, no solo por la infraestructura requerida y el abultado capital necesario para su desarrollo, sino además por estar a la vanguardia con otros proyectos que se discuten a nivel internacional. Todo esto se ve paralizado por las regulaciones arbitrarias y disfuncionales que estableció el Gobierno kirchnerista.

El Gobierno no cumplió con casi ninguna de las prerrogativas que se había comprometido. Para hacer que la inversión multimillonaria sea viable, es necesario el constante acceso al tipo de cambio oficial u otras paridades, algo para lo cual el BCRA establece insensatez restricciones todos los días y parece casi imposible de concretar.

Este punto es de vital importancia. El proyecto requiere la libre disponibilidad de divisas para el pago de la deuda con acreedores en el exterior. En medio de la aguda crisis de reservas internacionales, el Banco Central boicotea sistemáticamente la remisión de divisas al exterior, hasta el punto en que muchas empresas debieron incurrir en default. Sin libre movilidad de cambios (al menos acotada a este rubro) la inversión se vuelve inviable.

Por otra parte, Fortescue solicitó otros requisitos para poder desembolsar la inversión, entre otras cosas la estabilidad fiscal por un período de 30 años y la eximición de impuestos para el desarrollo de un parque eólico, como parte de un marco regulatorio que además pudiera garantizar la seguridad jurídica del proyecto (por ejemplo ante riesgos de expropiación). El equipo de Massa no avanzó con ninguno de estos aspectos solicitados.

Únicamente las autoridades de Rio Negro cumplieron con lo prometido, y por unanimidad la legislatura local aprobó un proyecto que otorga la concesión de 625.000 hectáreas para emplazar los parques eólicos programados, así como la disposición de una zona libre de impuestos sobre la localidad de Sierra Grande.

La firma australiana ratificó el “compromiso de trabajar” en la Argentina y desarrollar la industria de energía renovable en el país, pero la inversión palpable y efectiva no se realizará hasta que el Gobierno ofrezca un marco regulatorio aceptable, y compatible con el que aplican la mayor parte de las economías desarrolladas en donde tienen lugar este tipo de proyectos.

Así como este proyecto, existen muchos otros que podrían radicarse en el país con capitales locales o extranjeros, pero no pueden hacerlo debido a las aplastantes regulaciones cambiarias y a las incesantes modificaciones impositivas que hacen imposible la previsión.

Fuente: Derecha Diario