Una de las exigencias del FMI para cerrar el acuerdo con el país apunta a la reducción de subsidios que dispone el Estado nacional para el consumo de energía, que en 2021 implicó una suma superior a los 10.000 millones de dólares y que para 2022 se proyecta en alrededor de 14.000 millones de dólares. Aun cuando ese beneficio no se elimine en su totalidad, cualquier reducción implicará una suba proporcional en el costo de los servicios. ¿Cómo impactaría en Chubut?

La decisión de la Secretaría de Energía de la Nación apunta a autorizar un incremento del orden del 20 por ciento en la tarifa eléctrica y paralelamente, a reducir fuertemente el subsidio al consumo de electricidad en sectores sociales de mayor poder adquisitivo.

Se trata de una “segmentación” tarifaria, según la cual el aporte del Estado será menor para los sectores sociales con capacidad de pago. Si bien el esquema no se pondrá en marcha de un día para otro, ya que el gobierno anunció que comenzará a trabajar en ese programa en las próximas semanas, es oportuno repasar cómo es el sistema en la actualidad.

Según pudo establecer ADNSUR a partir de consultas en ámbitos técnicos, la administradora del sistema, CAMMESA, vende la energía a las distribuidoras de Chubut, que en su mayoría son cooperativas (a excepción de las regiones donde la distribución de energía es brindada por Servicios Públicos de la provincia) a un valor que oscila los siguientes rangos, según el tipo de usuarios:

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– Residenciales, 2.600 pesos por Megawatt/hora.

– No residenciales con menos de 300 kw de consumo (comercios, talleres pequeños, etc), 3.200 pesos.

– Grandes usuarios (industrias y establecimientos con determinadas características de consumo), 8.000 pesos por Mw/h.

Estos valores pueden tener pequeñas variaciones en el resto del país, dependiendo del costo del transporte y la cercanía o mayor distancia a los nodos de distribución, pero en términos generales son los que se aplican en la mayor parte de la Argentina, según se explicó.

Sin embargo, el costo de la energía oscila los 8.000 pesos por Mw/h, lo que significa que hoy sólo los grandes usuarios pagan el valor real del mercado, mientras que los usuarios residenciales abonan un 30 por ciento del costo total y los comercios, alrededor de un 40 por ciento del costo real.

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“La diferencia –explicaron técnicos del sector- es cubierta por el Estado nacional, con una partida que para el año pasado alcanzó los 80.000 millones de pesos, sólo para cubrir el costo de la energía eléctrica, es decir sin contar lo que tiene que ver con el gas”.

Esto explica por qué la eliminación total del subsidio (algo que no ocurrirá, según ha definido el gobierno) podría implicar un incremento no inferior al 70 por ciento sólo en el componente de la factura que corresponde al costo de la energía eléctrica adquirida en el mercado mayorista.

De todos modos, el costo subiría un mínimo del 20 por ciento a partir del tope fijado por el gobierno para la generalidad de los usuarios, mientras que al aplicarse la segmentación las subas serán mayores, dependiendo del sector social alcanzado en el que se encuadre cada usuario y la quita de subsidios que se apliquen a partir de esa discriminación.

El otro componente importante en la tarifa eléctrica es el llamado “Valor agregado de distribución”, que aplica cada distribuidora en función de sus costos de mantenimiento y operación del sistema, que a su vez es influido por la inflación mensual.

Por el momento, no se prevén variaciones de la tarifa ya que comenzó a correr el trimestre febrero-abril, con los valores de la energía arriba reseñados y que se mantienen sin cambios desde fines de 2019.

“Hoy se paga el 30 por ciento del costo, pero en las épocas de mayor congelamiento, antes del 2015, los usuarios pagaban sólo un 15 por ciento del valor real –explicaron desde el sector-. Luego, en 2016, cuando el ministro Aranguren empezó la actualización de tarifas para reducir los subsidios que pagaba el Estado, se llegó a cubrir hasta un 70 por ciento del costo y ahora se ha vuelto a retroceder”.

En el servicio de gas, los valores que se pagan actualmente también representan una proporción similar al costo final, aunque en la región patagónica, donde se paga el 50 por ciento de la tarifa que rige para el resto del país, esa diferencia se incrementa aún más.

También en este caso dependerá del grado de recorte a los subsidios que finalmente disponga el gobierno nacional, aunque cabe aclarar que el beneficio especial para la región patagónica ha sido extendido por ley hasta el año 2030.

Para este servicio también el gobierno apunta a habilitar una recomposición tarifas, que Camuzzi Gas del Sur ha solicitado actualizar en valores que oscilan entre 25 y 29 por ciento, según informó esta agencia oportunamente, al momento de realizarse la audiencia pública con las distribuidoras de todo el país.

Al igual que en el caso anterior, el incremento a habilitarse resultaría insuficiente para el objetivo de reducir los subsidios que propone el acuerdo con el FMI, como una de las formas de reducir el déficit fiscal.

De allí que las variaciones podrían ser mayores, si es que también se habilita un sendero para segmentar tarifas de acuerdo al poder adquisitivo de los usuarios.

Fuente: ADN Sur