Durante los años 2020 y 2021, la pandemia de COVID-19, provocó el cierre de la mayoría de las economías y el desplome de los precios del petróleo, hasta valores negativos. La señal con lo que las inversiones y emprendimientos se redujeron enormemente. Muchos productores, que no pudieron resistir esta caída de precios y de la demanda, cerraron sus operaciones.

En 2021, con las campañas de vacunación contra el COVID, se inició una reactivación económica y una fuerte recuperación de la demanda de energía. Fenómenos meteorológicos provocaron sequías y olas de frío en distintos lugares (como Brasil y Estados Unidos respectivamente), contribuyendo a aumentar la demanda de combustibles fósiles.

Así, para mediados de 2021, se produjo un significativo incremento de los precios del gas y el petróleo.
A comienzo de febrero de 2022, el precio del petróleo había duplicado los valores prepandemia y el gas natural licuado (GNL) comercializado por barcos, se había multiplicado por un factor 7 a 10. Luego, la invasión rusa a Ucrania vino a agravar una situación ya complicada, generando aumento mayor de precios y más incertidumbre.

Argentina se encuentra en una posición vulnerable frente a estos incrementos internacionales de los precios de la energía. Hace casi una década que importa 11% de la alimentaria en todo el mundo.

Estas variaciones afectan más fuertemente a las energía usada (Figura 1). De esas importaciones, el 75% son de gas natural, combustible que aporta cerca del 55% de la energía (primaria) consumida en el país. El costo de la energía impacta en los costos de transporte y de producción, propagándose al conjunto de la economía. Por ejemplo, gran parte de los fertilizantes se obtienen a partir del gas natural, por lo que el aumento del precio internacional de los combustibles fósiles incrementa.

Numerosos estudios muestran cómo el precio de la energía, y el del petróleo en particular, tienen un impacto significativo en los precios de los productos agrícolas y la seguridad familias con bajos ingresos y países pobres, que usan un porcentaje mayor de sus ingresos en alimentos y energía, incluyendo transporte. En 2019, cerca de 3 millones de hogares argentinos se consideraban en condición de pobreza energética (24%)1 y casi 1,5 millones (12%) en situación de indigencia energética [3]. Estos hogares sufren con mayor intensidad la volatilidad de los precios de la energía, si no cuentan con algún sistema de contención público.

En Argentina, se ha recurrido con frecuencia a los subsidios masivos (tipo TopDown) de energía, tanto para empresas como para los usuarios residenciales y comerciales. Hay evidencia empírica que muestra que los subsidios generalizados, por lo general, no resuelven el problema de la pobreza energética y, a la larga, agudizan el uso ineficiente de la energía, desincentivando las alternativas de eficiencia y/o uso de energías renovables y aumentando la necesidad de importar más energía.

Las tarifas artificialmente baratas promueven el uso desmedido de gas y electricidad, desincentivan la adquisición de equipamientos más eficientes y la construcción de viviendas eficientes, ya que las mejoras en sustentabilidad no se amortizan. Esto genera una hipoteca energética hacia el futuro, conllevando mayores consumos y asociado a éstos, mayores subsidios.

Los subsidios son, en general, mecanismos poco flexibles (muy difíciles de remover o modificar una vez instaurados). Incrementan el gasto público y, en cierta medida, cuando se aplican indiscriminadamente a toda la población (modo Top-Down o generalizado) amplían la desigualdad. Esto se debe a que, los hogares con altos consumos muy probablemente aquellos con mayores recursos económicos o más dispendiosos- generan mayor demanda y consecuentemente se benefician más de los subsidios.

En la Figura 3, se ve la distribución del consumo de gas natural en el AMBA [5], es decir ilustra cómo se distribuye el consumo entre todos los usuarios. Si dividimos la población total en dos mitades de igual número de usuarios – la mediana es de 1080 m3/año-, el volumen total de gas que consume la mitad superior de mayor consumo es mucho mayor (72%), que aquella la mitad inferior (28%). De modo tal, que el 72% de los subsidios favorecen más a una población que tiene más ingreso y que quizás función de las condiciones térmicas o climáticas de cada sitio o región. El Déficit Grado Día DGD (o Heating Degree Day) [5] es el parámetro que indica cuan largo y frío resulta el invierno generalizados promueven el consumo y desincentivan la eficiencia o alternativas renovables.

El consumo medio que cubre las necesidades de gas un hogar de 3 ó 4 personas en una vivienda de 65m2 aproximadamente, ronda los 950m3/año, inferior, a la mediana de la distribución. Haciendo un uso eficiente de la energía -sin grandes modificaciones en la envolvente de la vivienda- el consumo bajaría a 720 m3/año [6]. Un subsidio generalizado resulta así injusto, ya que favorece más a aquellos usuarios que más consumen, avalando un uso irracional e ineficiente de la energía. Es más, los sectores de menores recursos, por lo general no tiene acceso al gas por redes, sin embargo, igual deben contribuir con sus impuestos a subsidiar a los de mayores ingresos que si cuentan con este servicio de gas.

Para el caso eléctrico se da una situación similar. La distribución de consumo también sigue una distribución log normal, similar a la Figura 3. Aquí también se presenta esta misma situación, la mitad inferior consume alrededor del 30% de la electricidad y la mitad superior cerca del 70% de la electricidad.

El consumo de gas varía significativamente con el uso de la calefacción, que cambia en en un lugar. Como se muestra en la Figura 4, el consumo anual de calefacción por m2aumenta en Argentina y en Europa con el DGD, es decir que el consumo crece con inviernos más fríos y largos. Pero interesa resaltar que para un mismo valor de DGD, es decir para un mismo escenario térmico, los consumos en Argentina se elevan al doble de los europeos, o aún más.

Particularmente las ciudades argentinas al sur del Río Colorado, que reciben subsidios al gas que superan en más del doble a los del resto del país, a igual DGD, poseen consumos de calefacción que triplican o cuadruplican los de las ciudades europeas. Es decir, los subsidios en Europa las tarifas son más altas y se promueve la eficiencia, no el consumo. Existen estudios que indican que, con modestas inversiones y cambios de prácticas, es posibl

mejorar las condiciones y formas de uso de las viviendas y así ahorrar significativamente en energía.

Necesidad de renovar el esquema de subsidios generalizados En Argentina, los subsidios energéticos para los consumidores se aplican de forma generalizada (Top-Down). Ello conlleva que la solución se vuelva injusta e insostenible, según lo muestra la evidencia nacional e internacional, más aún cuando los recursos energéticos son escasos.

Se han aplicado desde hace más de 15 años subsidios generalizados por montos que en 2021 llegaron a cerca los 11 mil millones de dólares (2,3% del PBI). Estos subsidios no están focalizados. Los usuarios de los servicios públicos pagan alrededor del 30% del costo real de sus facturas. Pero una parte importante de la factura la paga la población a través del presupuesto del Estado, que aumenta su déficit y la emisión monetaria. Esta situación, que genera inflación, afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población y genera más pobreza. Este círculo vicioso, muchas veces se cierra con más subsidios y más pobreza. De este modo, los subsidios energéticos resultan regresivos.

La forma de lograr que los subsidios lleguen a quienes lo necesitan supone focalizarlos en los sectores de menores ingresos, otorgarlos por tiempos limitados, y por cantidades de energía que no excedan los valores de un consumo racional y eficiente de la energía. Para ello se pueden utilizar diferentes mecanismos que ayuden a mejorar su eficacia. Expertos en políticas públicas siguieren varias alternativas [7]:

1. canalizar recursos a familias inscriptas en los programas Hogar y PERMER, que no poseen servicios de gas natural por red y/o de electricidad por red. 2. promover la adquisición de equipos más eficientes con descuentos especiales, de modo que las familias de bajos recursos reduzcan el costo de sus facturas consumiendo mejor la energía.

3. promover programas generalizados de educación de la población en el uso racional y eficiente de la energía.

4. promover planes canje de equipos antiguos por versiones más eficientes. 5. promover la construcción de viviendas eficientes y mejoras en las construcciones existentes e implementar el etiquetado en eficiencia de las viviendas.
Un modo más efectivo de beneficiar a las familias de bajos ingresos podría ser el empleo de subsidios Bottom-Up, es decir susidios basados en las necesidades específicas de cada familia. Imaginemos que se generase un bono energético.

El mismo sería otorgado a familias que califiquen con criterios de necesidad, por un tiempo determinado de 2 años aproximadamente y cubriría las necesidades básicas de una familia, equivalentes a 2.6 MWh/año y 950 m3(GN)/año [6]. Si el usuario beneficiario excediese esos consumos, debería pagar la tarifa plena. Por el contrario, si usase menos energía, este saldo se podría aplicar para que adquiera equipos más eficientes, materiales de construcción, capacitación energética, etc.

De este modo el subsidio además de contribuir a cubrir las necesidades energéticas de familias vulnerables tendría un importante estímulo al uso eficiente de los recursos. El goce del beneficio podría ser renovado en caso de necesidad. Esto se debe a que muchas veces las características y necesidades de las familias varían con el tiempo.
De este modo, la tarifa actuaría como un incentivo a un uso racional y eficiente de la energía y se evitaría subsidiar a usuarios que no lo necesitan o que hacen un uso inadecuado de los recursos.

Sin dejar de atender a los sectores de más bajos ingresos, sería importante optar por un alternativa sostenible, que permite satisfacer los mismos servicios energéticos, usado las menores cantidades de energía. No se trata de perder calidad de vida, por el contrario, se pretende hacer lo mismo, más o mejor, con menos energía. Se trata de hacer un esfuerzo que reduzca el gasto de las familias, las importaciones de gas y el presupuesto del Estado en energía. A la par se generan más empleos locales e y se promueve la industria nacional produciendo artefactos más eficientes. Este a su vez, liberaría la capacidad de transporte y distribución de energía para así poder llegar a más personas, a la par que se contribuye a mitigar las emisiones de gases de efecto de invernadero. La eficiencia energética es la fuente de energía más económica y accesible, y no contamina.

Eficiencia para reducir el consumo nacional e importaciones

En Argentina, los consumos en calefacción podrían ser reducidos considerablemente. Como se observa en la Figura 5, la estacionalidad de la calefacción residencial y comercial genera grandes picos de consumo de gas en invierno. Ante la falta de acceso a este recurso y frente a esos picos, se recurre a cortes de suministro a industrias y centrales eléctricas, que se ven obligados a usar combustibles líquidos, más caros y contaminantes.

Al mismo tiempo, hacen necesario importar gas natural licuado (GNL), que resulta una forma más cara de proveer de energía al país y difícil en tiempo de crisis, como sucede actualmente como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

Si el consumo de calefacción de los hogares se redujera en un 30% -situación viable con medidas de eficiencia energética conocidas [8]- la Figura 5 muestra que prácticamente se podría prescindir de las importaciones de GNL, o reducirlas en un 90%, como se ve por la línea de trazos roja.

Esta reducción podría lograse con mejoras edilicias: en la aislación térmica de las envolventes o en el equipamiento, sustituyendo, por ejemplo, estufas o calderas antiguas por nuevos modelos con regulación de temperatura [5], [6]. Esto tendría importantes implicancias económicas, además de la reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero. Es decir, mejorar los cánones constructivos, actuaría como un peak shaving.

Muchos estudios y la experiencia internacional indican que en Argentina con medidas de UREE sería posible reducir los consumos en invierno en alrededor del 30%, [5], que justamente son del orden de magnitud de las importaciones de gas.

Reducir la importación de gas en un momento de altos e inciertos precios internacionales, el UREE contribuiría a que Argentina reduzca sus emisiones de Gases de Efecto de Invernadero (GEI) y cumpla con los compromisos asumidos por el país. Recurrir a un programa intensivo y proactivo de uso racional y eficiente de la energía (UREE) sería una alternativa viable y sostenible.