El Gobierno nacional oficializó un incremento del 9% en las tarifas de electricidad y de 6% para el gas (4% para pymes).El Estado sostiene dos terceras partes del importe para mantener los precios bajos, aunque con controversias por sus implicaciones macroeconómicas

El congelamiento de los precios rige desde abril de 2019, continuó durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández y fue extendido hasta marzo de 2021. En diciembre de 2020, el presidente ordenó una renegociación de los regímenes tarifarios para los servicios de energía.

El ENRE y el Enargas dieron inicio al proceso de adecuación para establecer un Régimen Tarifario de Transición para los próximos dos años.»Se puede pensar que hay dos grandes dimensiones de los subsidios energéticos. Por un lado, una que se puede pensar como macroeconómica, que vendría a cumplir un rol de lo que se llama ‘salario indirecto’, un monto de dinero que el Estado destina a cubrir lo que los hogares tendrían que si no pagar con su propio ingreso», dijo el economista argentino Marco Kofman, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).

Con la asunción de Alberto Fernández volvieron a imponerse medidas proteccionistas como planes sociales, así como tarifas subsidiadas en el transporte público o la energía (electricidad y gas), además del control de los precios de los alimentos, de las cuotas de los servicios de comunicaciones, los combustibles o la medicina privada, que muchas estuvieron congeladas durante el primer año de pandemia para evitar el impacto en los consumidores.

Los costos de la electricidad y el gas para consumo de hogares e industria están ligados al dólar porque están directamente vinculados al precio de los hidrocarburos. Actualmente más del 40% de la población está debajo de la línea de pobreza y subir las tarifas para equipararlas a la divisa extranjera, sobre todo en momentos que ocurre una devaluación, es  imposible.

Los subsidios en energía en la última década variaron con el paso de los años, según reportó el sitio Sputnik. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en 2010, durante el Gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015), representaban el 1,4% del PBI, pero en 2014 se había duplicado a 2,8%.

Por su parte, durante la administración Macri pasó de 2,6% en 2016 a 1,1% en 2019, mientras que en la actualidad el Estado sostiene alrededor de dos terceras partes de los costos para mantener los precios bajos. Según un informe de la OPC, las erogaciones correspondientes a subsidios energéticos para el Presupuesto 2021 representan 1,7% del PBI, igual que en 2020.

Sin embargo, según la consultora Ecolatina, el peso de los subsidios a la energía estarán más cerca del 3% del PBI y para mantener este nivel las tarifas deberían aumentar 40%, algo que no sucederá, por lo que la diferencia será sostenida por el gasto público, en un contexto de necesidades de reducción del déficit fiscal.

El Presupuesto 2021 proyectó 446.000 millones de pesos en subsidios al sector eléctrico.El 98% de esos fondos son destinados a Cammesa, la empresa dedicada a la generación de electricidad que le vende la energía a las distribuidoras Edenor y Edesur, que cubren las zona norte y sur del AMBA, para afrontar los costos que no se cubren con lo que se cobra a los usuarios.