Los subsidios suman $1.701.913 millones. Se destinan a energía, transporte y empresas públicas. ¿Cuánto recibe cada sector? Y cuánto llega al interior del país

Los subsidios en la Argentina, nuevamente, se han constituido en un tema de debate central en materia de sustentabilidad económica, social y fiscal.  En efecto, es un nudo que se arrastra desde la crisis económica ocurrida en el año 2001. Allí la Argentina debió comenzar un proceso de reordenamiento de las instituciones económicas que el régimen monetario de la convertibilidad del peso había dolarizado.

En el plano económico, los contratos públicos y privados debieron renegociarse en el marco de esta nueva realidad macroeconómica donde el peso pasó a ser moneda de referencia.

En este contexto, los contratos de concesión –dolarizados- de servicios públicos privatizados durante la década de los 90´ debieron traducirse a pesos locales y absorber los efectos de la inflación en costos mediante diferentes arreglos empresariales entre el Estado y las empresas concesionarias. Dichos ajustes dieron lugar a los actuales subsidios estatales. Hasta aquí la génesis del problema. No es una cuestión reciente sino que lleva sus años en la mochila fiscal del país.

El Estado nacional implementó compensaciones que iniciaron un circuito de transferencias monetarias desde el presupuesto nacional hacia diferentes empresas concesionadas de servicios públicos bajo la forma de subsidios al consumo del agua, gas y electricidad,  al transporte de personas físicas tanto en el área urbana (automotor y  ferroviario) como no urbana.

Con posterioridad a este esquema inicial el Estado avanzó con mayor presencia en la economía y trasladó algunos servicios a la órbita estatal (estatizando) a fin de evitar suspensión o grandes aumentos de precios para sostener la demanda tal como el caso de AySA (empresa de agua del AMBA). Estos últimos casos se tradujeron, con el tiempo, en transferencias de dinero para sostener déficits financieros de las “nuevas” empresas públicas.

¿De cuánto estamos hablando?

En términos fiscales, durante el presente año, el presupuesto nacional contiene  “transferencias monetarias con destino económico” –nombre técnico de los subsidios-  que incluye la suma de $1.701.913 millones. Como dato, si lo comparamos con el año 2003, el monto destinado por éste concepto era de sólo $3.591 millones: ¡¡¡¡¡474 veces menos!!!!!

La cifra global se desagrega en distintos “destinos”. En el primer lugar encontramos al sector energía, que recibirá este año $873.397 millones, en tanto que el sector transporte recibirá $272.417 millones y las empresas públicas, en cambio, recibirán para cubrir sus déficits operativos la suma de $194.410 millones.

En términos de PBI estamos en el orden del 2,8% y suman un 15% más que lo destinado en el 2021 en su conjunto.

Hasta aquí la magnitud del problema que el Presupuesto Nacional 2022 nos trae a través del Decreto 882/21.

Pero ¿qué es un subsidio?

No hay un solo significado para el éste término. Así puede encontrarse que un subsidio es la acción de un gobierno tendiente a fomentar cierta actividad específica, ó también leer que es la “prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada”.

Traducido en lenguaje llano un subsidio es una “ayuda financiera concedida a determinadas personas físicas o jurídicas con fines generales”.

En otras palabras, este “impuesto al revés” que involucra tres ingredientes:

a) la existencia de una necesidad social;

b) la búsqueda de su satisfacción y

c) la participación explícita (y activa) del estado en la búsqueda de esa satisfacción.

¿qué destino final tienen los subsidios?

Si bien el primer lugar del podio lo ocupa el sector energía, dentro del mismo, encontramos que el subsidio al consumo eléctrico residencial es muy importante, pero no todo el dinero llegan a las familias.

En efecto, de los $873.397 millones, sólo $609.198 millones se aplicarán a la generación eléctrica que llegará con beneficios en las boletas de los hogares. El resto se destinará a distintos fines como la subvención de la garrafa social, inversiones en gas no convencional, yacimientos de carbón -Río Turbio-, etcétera.

En segundo lugar encontramos al transporte. Durante el 2022 se destinarán $272.417 millones pero de ello, sólo  $138.996 millones serán dirigidos a subsidiar boletos de transporte urbanos. Y de ello, $111.996 millones irán al transporte del AMBA y los restantes $27.000 millones al transporte del interior del país. El resto del rubro, fuertemente se destinará a subsidiar los boletos de los trenes interurbanos del AMBA aplicando $114.295 millones a éste servicio público.

En último lugar, encontramos, subsidios, que tendrán como destino empresas públicas, cuyos usuarios, a través de tarifas diferenciales, tendrán el “beneficio” de percibirlos, tales los casos de AySA (agua potable del AMBA) por $ 47.772 millones, ACUMAR (Cuenca Matanza Riachuelo) por $ 4.928 millones, Correo Argentino por $ 22.730 millones y Radio y Televisión Argentina por $ 7.183 millones, entre otros.

¿Cómo se financian?

Las partidas de transferencias están incluidas en varios lugares del Presupuesto Nacional pero las más importantes: energía y transporte, están en la ventanilla del Ministerio de Economía, con lo cual es Martín Guzmán quien tiene a tiro la botonera de su ejecución.

Por el lado del financiamiento, se puede ver que las fuentes que nutren de recursos, provienen, básicamente de impuestos generales, pero también se encuentran, parte de la recaudación de los impuestos al gas oil, las naftas, y al GNC. Por ende, por cada peso recaudado por IVA ó nafta ó gas oil, una porción, termina en “subsidio”.

En conclusión estamos ante un verdadero problema de “sábana corta”. Lo que se saque de alguno, cubrirá a otro. Pero se trata de una madeja que lleva varias décadas en la agenda argentina e involucra, contratos, derechos de propiedad y obligaciones. Donde hay ganadores y perdedores que buscan defender sus intereses a la hora de discutir su existencia.

Para anécdota, vale recordar la experiencia post gobierno del Raúl Alfonsín, donde, el entonces presidente Carlos Menem para poner fin a los 989 subsidios existentes en 1989, firmó un decreto derogando a todos!!!!!. Borrón y cuenta nueva!!!!

Al día siguiente comenzaron a golpear la puerta los más poderosos.

Pero hoy, el contexto es distinto. No podrán eliminarse. Es demasiado complejo la trama de derechos involucradas. En el mejor de los casos, se podrá lograr que la velocidad baje. Poco, con consecuencias en la calidad de prestación del servicio y tal vez por un tiempo acotado, puesto que, lo que se requiere para erradicarlos, no es una audiencia pública o una declaración de los medios ni siquiera un decreto ó ley, sino una reestructuración profunda del sistema económico nacional. Y de eso, por ahora, ni hablar.

Fuente: Cristian Módolo, ex subsecretario de Hacienda de la Nación, director de la  Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos –FUNEPE para Rosario 3